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El Gobierno de Rajoy está ufano estos días. Aparentemente al menos, el pasado sábado materializó su enfermizo deseo de ver doblegado al legítimo Govern de Catalunya. Lo hizo vía represión, que es la herramienta que mejor sabe utilizar, aplicando el artículo 155 de una espuria Constitución erigida a calidad de intocable obra maestra.
Ha amanecido el primer día de la semana, y hemos visto en los medios reaccionarios las sonrientes caras de portavoces unionistas, presentadores de “debates” y tertulianos de plató. Estaban todos muy contentos, las aguas habían vuelto a su cauce. Eso es lo que creen.
Previamente se había conocido la querella interpuesta por la Fiscalía, que acusa a los miembros del Govern de delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos. Por si fuera poco, visualmente al menos, la resistencia por parte de los independentistas ha sido nula en las calles y en los centros de trabajo.
Pero, cercano el mediodía, ha trascendido una importante noticia que ha situado al legítimo president de la Generalitat en Bélgica. Según se dice, junto a él están otros cinco miembros del Govern.
Esta noticia, incluso, ha aumentado la intensidad de la sonrisa en las caras duras anteriormente citadas. Pero, de puertas adentro, el Gobierno difícilmente seguirá sonriendo de idéntica manera.
Algunos medios aseguran que Carles Puigdemont pedirá asilo político en el país donde al parecer se encuentra. Esto, sin duda, tendrá una repercusión mediática tan importante que, seguro, no gustará un ápice al ejecutivo de Rajoy.
Inevitablemente para el Gobierno de España, la presencia del president en Bélgica amplificará internacionalmente las decisiones judiciales y obligará a la justicia belga a posicionarse sobre la posible emisión de una euroorden de detención por parte de España. Y esto no pasará desapercibido para nadie. La imagen de la República catalana podría positivamente agrandarse; la del Gobierno español podría quedar seriamente dañada.
El diputado Lluis LLach ha calificado a Puigdemont de exiliado. A través de Twitter ha escrito: “El MHP —molt honorable president— de la república exiliado es una denuncia contra Ñ —España— ante los estamentos europeos, internacionales y en respuesta a la dignidad del 1 de octubre”.
Probablemente, Bélgica es uno de los países europeos más garantistas en la concesión de extradiciones y permite que la defensa de los acusados puedan plantear un necesario análisis sobre los elementos indiciarios de la comisión de delitos, así como una serie de limitaciones y exigencias en materia de garantías en caso de entrega.
Así están las cosas. A la recién estrenada República catalana le impiden que crezca, que se desarrolle. Pero quienes en esto se empeñan, celebran una victoria que aún no han obtenido.
