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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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Proyectos subversivos contra el gobierno cubano (I): Minorías y grupos raciales como pretexto

La CIA y sus diferentes fachadas como NED y USAID utilizan diferentes grupos en la sociedad cubana para abrir el camino a la contrarevolución. Colombia es una de las bases en esa actividad. Con Trump en la Casa Blanca se intesifica la intervención estadounidense a Cuba Socialista.



Nuevas evidencias, en manos de la redacción de este semanario, dan cuenta de la estrecha relación entre agencias de inteligencia norteamericanas y la dirigencia de grupos afrodescendientes y LGBTI, en la confección de planes contrarrevolucionarios para desestabilizar al gobierno cubano

Por Alberto Acevedo, semanario VOZ, Colombia

El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, DRL, una organización de mampara del Departamento de Estado de los Estados Unidos, DOS,  y otras agencias asociadas, como el IRI, la NED y la USAID, financian la ejecución de proyectos subversivos contra Cuba Socialista, haciendo énfasis en la formación de líderes dentro de la contrarrevolución cubana, particularmente de un grupo de activistas vinculados a organizaciones que se asocian con sectores afrodescendientes y a la comunidad LGTI.

Este nexo se desprende de la lectura de un dossier de documentos a los que tuvo acceso la redacción de VOZ y que confirman denuncias hechas anteriormente este año, que muestran a Colombia como uno de los escenarios preferidos del plan de operaciones contrarrevolucionarias contra la isla caribeña.

En el caso de Colombia, se han utilizado como sedes, las ciudades de Cartagena, Cali y Bogotá, en el marco de ‘encuentros de trabajo’ con ‘anfitriones’ colombianos, que se han reunido en los hoteles Tequendama y Regatta, entre otros.

Pero también se ha extendido el escenario de estas actividades desestabilizadoras a países como Costa Rica y Trinidad y Tobago. La intención es desacreditar a Cuba ante la comunidad internacional, particularmente  en escenarios de organismos multilaterales en los que con frecuencia Cuba presenta regularmente informes de gestión gubernamental, utilizando para ello supuestas “investigaciones”, realizadas por contrarrevolucionarios cubanos, para dañar la imagen de la isla como país respetuoso de los derechos humanos, de las libertades ciudadanas y de la más amplia democracia.


De derecha a izquierda, Juan Antonio Madrazo, Edgar Armando Plata Chacón y Alexánder Pérez, miembros de Caribe Afirmativo, en reunión celebrada en La Habana, en la casa de Madrazo, sede del CIR.




Hablan de pluralidad

Asegurado este paso, vendría una nueva etapa, consistente en la formación de “partidos políticos” diversos, vale decir, la intentona por darle una base social a la contrarrevolución, y argumentar ante el mundo, que se violan los derechos humanos, que no se permite la actividad de otros partidos políticos, que no hay democracia en Cuba, que crece el número de ‘presos políticos’, es decir, todo un cuadro de ausencia de derechos que justificaría derrocar al gobierno, es decir, retrotraer el proyecto socialista en construcción y devolverle los antiguos privilegios a una burguesía parasitaria que, como ya no tiene casi voceros supérstites, entregaría la nación a los representantes de la burguesía internacional, interesada en apropiarse de sus recursos naturales, del turismo e implantar el modelo neoliberal que tanto anhelan las fuerzas de derecha en el ámbito internacional.

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Un paso inicial en esta trama diabólica, es la conformación de cursos de ‘capacitación’ en diversos países de América Latina, con especial incidencia en Colombia, dirigidos a la formación de los líderes que intervendrían en el eventual cambio de ‘régimen’ en Cuba.

Para garantizar esto, el Departamento de Estado dispone de generosos recursos que entrega a organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas organismos de fachada de la contrarrevolución, otras, como en el caso de Colombia, que tienen alguna vinculación real, ya sea con comunidades afrodescendientes o de diversidad sexual, que tienen un trabajo interesante, algunas veces vinculado a organismos de derechos humanos, pero cuyos dirigentes -o los más representativos- fueron cooptados por el Departamento de Estado, a través de jugosa financiación.

Beneficiario principal de esta ayuda, y ejecutor del plan conspirativo que busca el cambio de ‘régimen’ en Cuba, es la organización contrarrevolucionaria Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, que dirige el cubano Juan Antonio Madrazo Luna. Esta organización ha realizado ya cuatro capacitaciones a miembros del CIR, curiosamente todas en Colombia, a través de su ‘contratista’, Caribe Afirmativo, que dirige Wilson Castañeda Castro y de Alfredo Bula, de su dirección ejecutiva.

Los contrarrevolucionarios cubanos, indicados en la otra foto de esta página, en reunión con Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y relatora para los derechos de las personas LGBTI



Los enlaces de la trama

Lo irónico del caso, es que algunos representantes de las Naciones Unidas se han prestado a este juego contrarrevolucionario. Tal es el caso de Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al lado de estos ‘cuadros’, trabajan personas como Angie Cruickshank Lamber, de la Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses; Carlos Augusto Viáfara López, investigador de la Universidad del Valle, en Cali; Alexánder Pérez Álvarez, miembro deCaribe Afirmativo, y Pedro Cortés, representante del IREDH en Colombia.

Como enlace del Departamento de Estado en Cuba y en otros países del continente, figura Aimel Ríos Wong, director de la oficina en Cuba de la NED, quien mantiene una estrecha relación con Carlos Quesada. Este personaje a su vez, goza de un amplio círculo de relaciones dentro del Sistema de Naciones Unidas, particularmente con funcionarios de los órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

Gracias a estos contactos se propició, por parte de las Naciones Unidas, un encuentro privado entre Carlos Quesada y María Fernández García, directora de Programas para América Latina y el Caribe del IRI, y otros contrarrevolucionarios cubanos, con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Protección al Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye.

Próxima semana: Los papeles de Departamento de Estado y las andanzas de Wilson Castañeda. Vea otros detalles de este informe en nuestra página web.

Voces de paz

Carlos Lozano Guillén

Los congresistas no son voceros de la guerrilla ni la representan, son inter- mediarios para que funcione la estructura definida en el Acuerdo Final.
 7:50 p.m. | 19 de diciembre de 2016

Ante el Consejo Nacional Electoral fue presentado el movimiento político Voces de Paz y Reconciliación, definido por sus promotores como “una agrupación política que reúne a personas del común, todos aquellos que se sientan comprometidos con la construcción de una paz estable y duradera”. No es un partido de la guerrilla, pero ayudará a la transición de las Farc a la política cuando estén dadas las condiciones jurídicas y legales para que estas tengan su propio movimiento o partido político, según lo han explicado sus dirigentes.

Voces por la Paz se soporta en el Acuerdo Final de La Habana (ver 3.2.1.2, pág., 71), y en consecuencia tendrá presencia parlamentaria porque, según lo establecido, “a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las Farc-EP a la vida política legal designará tres voceros/as en cada una de las cámaras (Senado y Cámara de Representantes), quienes deberán ser ciudadanos/as en ejercicio, exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (...)”.

Así, este movimiento, que se define como vocero de la ciudadanía e integrado por gente del común, ejercerá la veeduría para la implementación del Acuerdo de La Habana y velará para que las partes, incluyendo el Congreso de la República, cumplan el compromiso de lograr el bien supremo de la paz en Colombia. Los congresistas, entonces, no son voceros de la guerrilla ni la representan, son intermediarios para que funcione la estructura definida en el Acuerdo Final.

Los actos legislativos y las leyes deben corresponder a lo acordado, contemplado en el documento firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante ‘Timoleón Jiménez’ en el teatro Colón de Bogotá. Sobresalen el nivel y el compromiso de los congresistas designados: Pablo Cruz, Jairo Estrada y Judith Maldonado en el Senado; y Jairo Rivera, Imelda Daza y Francisco Toloza en la Cámara. Son profesionales, académicos e intelectuales destacados, dos mujeres comprometidas con la lucha social y popular en las regiones y un joven que proviene de las luchas estudiantiles recientes.

Me agrada la definición que se hace de ser un movimiento de ciudadanos, porque debe entenderse en el buen sentido filosófico y político del concepto de ciudadano (citoyen, en francés), que en este caso va más allá de su definición etimológica o gramatical. Es el ciudadano portador de derechos y obligaciones, sujeto fundamental para el funcionamiento del Estado y de la toma de decisiones. El ciudadano no solo como elector, sino parte activa y decisoria de las transformaciones políticas, económicas y sociales. El Acuerdo de La Habana tiene el mérito no solo de ponerle fin al conflicto armado, sino que abre la puerta para cambios de fondo en la vida nacional.

Cobra enorme dimensión, por supuesto, la propuesta de un “gobierno de transición”, que no debe entenderse en la forma vulgar como la asumen algunos en todas las orillas, de un acuerdo con Santos y la Unidad Nacional para defender la paz, sino como la necesaria convergencia democrática que se requiere para apoyar el Acuerdo de La Habana, los diálogos con el Eln y promover cambios de fondo en el país que modifiquen el statu quo bipartidista, el modelo económico de injusticia social y la dependencia del exterior.

Carlos Lozano Guillén
* Director de ‘Voz’
 

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