13 excombatientes asesinados en 10 meses
Alfredo Molano Jimeno / @AlfredoMolanoJi - El Espectador.
Sin escándalos y polémicas, finalmente las Farc llegaron al Congreso. Aún no como legisladores, pero sí como dirigentes de un movimiento político que en pleno Capitolio denunció que casi un año después de la firma del Acuerdo de Paz, los avances de cumplimiento son definitivamente insuficientes. Fue lo que afirmaron Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Victoria Sandino, quienes compartieron mesa con el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el director de la Agencia Nacional de Reintegración, Joshua Mitroti, y el jefe de la Misión Especial de ONU, Jean Arnault. Fue en una audiencia pública citada por el senador Iván Cepeda y los representantes Alirio Uribe y Ángela María Robledo, con el objetivo de hacer un balance de los avances y retos de la implementación de la paz.
“Transcurridos los primeros diez meses desde la firma del Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc, el balance es precario (…) la implementación alcanza un 18 %”, señala el cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP). Preocupante panorama que no sólo angustia a las Farc, sino también a la ONU, que a través de Arnault hizo un llamado para que se aceleren aspectos decisivos en el proceso: “No existe acuerdo en el mundo que no se haya chocado con la implementación, es decir, con pasar de lo teórico a la realidad. Por lo que es necesario pasar por un trabajo de ajuste”, explicó. Eso sí, el diplomático francés calificó como un acierto el diseño del Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitoreo, así como también lo fue, a su juicio, la manera como se concibió el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo.
“Hay fundamentalmente dos desaciertos: uno estructural, que parte de la negociación, ya que nunca se llegó a una relación entre la dejación de arma y una ruta de cumplimiento de acuerdos básico por parte del Gobierno. Eso llevó a que permanentemente el proceso de dejación de armas se vio envuelto en un esfuerzo permanente por parte de las partes (..) eso lo hizo más difícil y controversial. El segundo desacierto fue que la base logística, financiera y organizativa del proceso de dejación de armas ha sido deficiente”, agregó Arnault.
Y, en este sentido, señaló que en el informe final se reconoce que solo seis de 26 campamentos fueron terminados. “Lo menciono porque si bien el proceso de cese al fuego fue globalmente positivo, hoy estamos ante una situación donde el carácter controversial del proceso por falta de hoja de ruta y las debilidades organizativas han llevado a una situación en la que hay un número muy alto de combatientes que cumplieron con la dejación de armas y hoy están decepcionados. Esto ha promovido los fenómenos de disidencia y de deserción que empañan el éxito del proceso de dejación de armas. Consideramos hoy que no hay desafió más urgente que hacer del proceso de reincorporación de los miembros de las Farc la prioridad en la construcción de la paz. Y para que esto se dé, las bases organizativas, logísticas y financieras tienen que ponerse en marcha cuanto antes”, concluyó.
No menos duro, aunque si menos diplomático, fue el balance que hicieron los representantes de las Farc. Para Iván Márquez, el incumplimiento del Gobierno en aspectos como el normativo, la reincorporación o las garantías de seguridad, constituyen una violación de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, ya que el Acuerdo de Paz fue elevado al rango de Acuerdo Especial en los términos del Derecho Internacional Humanitario, y anunció que harán una consulta a la Secretaría Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para que informe sobre las implicaciones. También le lanzó duras críticas al fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de no permitir el despegue de la Unidad Especial de Lucha contra el Paramilitarismo.
“Esa unidad es subsidiaria, sólo actúa si no lo hace la Fiscalía y ésta tiene en su poder durmiendo el sueño de justos 15 mil compulsas de copia contra el paramilitarismo. No queremos que terceros involucrados en el conflicto sigan eternamente resguardados bajo el manto de la impunidad. Ellos también están obligados a aportar verdad. La reforma constitucional para lograr la cabal materialización de esta unidad es un compromiso que el Gobierno no pude dejar de lado”, expresó Márquez.
De otro lado, Pastor Alape se refirió al tema de la reincorporación. Dio cuenta de los principales avances y fue tajante en que dichos avances se deben a la convicción y compromiso de los exguerrilleros, que se han sobrepuesto a los incumplimientos en la aplicación de la Ley de Amnistía, cedulación, afiliación al sistema de salud, pero sobre todo, expresó su preocupación por la negación del Estado a la entrega de tierras para poner en marcha los proyectos productivos.
Finalmente, Pablo Catatumbo dio un parte de los avances y retos en materia de seguridad. Inició su intervención con un recuento de los listados de armas, hombres y bienes entregados por la guerrilla y continuó haciendo una relación detallada de la grave situación de seguridad de los miembros de las Farc y de los habitantes de los territorios dejados por ellos. Explicó, por ejemplo, que desde la firma del Acuerdo hasta hoy, han sido asesinados 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización.
De igual forma señaló que en las inmediaciones de las 26 zonas de capacitación y reintegración tienen presencia grupos armados sucesores del paramilitarismo, y concluyó que una de las más flagrantes violaciones al Acuerdo es precisamente la negativa a cumplir con la creación de la Unidad Especial para el desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y el sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
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