Este amanecer febrerino nos topamos con una nueva investigación de la
Revista Semana que da cuenta de la existencia de una oficina clandestina
a través de la cual, inteligencia militar realizaba labores ilegales
contra los negociadores del gobierno en las conversaciones de la Habana,
contra dirigentes de oposición, contra ONG y contra “los mismos de
siempre” como lo relata uno de sus protagonistas.
Muchos cándidos pensaron que luego de la experiencia
con el DAS, la persecución contra organizaciones y personas basada en
motivos políticos e ideológicos eran “cosa del pasado”. Cuan
equivocados, las labores de inteligencia ilegales no nacieron con el
caso DAS, ni terminaron con el cierre de esa nefasta institución. De
hecho, basta recordar que al cierre del DAS le precedió la clausura de
la Brigada XX para impedir la acción de la justica y el descubrimiento
de la verdad sobre la responsabilidad de esa Brigada de inteligencia en
graves violaciones a los derechos humanos.
Desafortunadamente para la paz, la democracia y la transparencia
institucional, la historia del país está llena de gravísimas violaciones
a los derechos humanos a partir de acciones ilegales de inteligencia.
El genocidio contra la Unión Patriótica, los asesinatos de activistas
sociales, sindicalistas, periodistas, opositores políticos y defensores
de derechos humanos dan cuenta del uso ilegal y criminal que se le ha
dado a los aparatos de inteligencia. Decisiones de la justicia nacional e
internacional confirman lo aquí expresado.
Durante los 8 largos años del gobierno de Álvaro Uribe, se puso a
todas las agencias de inteligencia en la tarea “restringir y neutralizar
las actividades” de personas y organizaciones opositoras del gobierno, o
criticas del mismo, o que denunciaban las graves violaciones a los
derechos humanos patrocinadas desde el gobierno. Esas labores no se
circunscribieron a las interceptaciones de comunicaciones, sino que
tuvieron ocurrencia homicidios, torturas, sabotajes, amenazas,
propaganda de desprestigio, entre muchos otros delitos. De hecho, Jorge
Noguera, entonces director del DAS, purga una condena de 25 años de
prisión por su compromiso con el paramilitarismo y por el homicidio del
profesor Alfredo Correa de Andreis.
Llegado el presidente Santos a la casa de Nariño, no cesaron las
acciones ilegales de inteligencia contra “los mismos de siempre”. El
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” ha denunciado hechos
concretos que demuestran fehacientemente que las agencias de
inteligencia siguen realizando labores ilegales en su contra, así como
en contra de otras personas y organizaciones. Acciones que tampoco se
han limitado a las intervenciones de las comunicaciones.
Este nuevo descubrimiento de lo que se sabía, pone en evidencia que
hay serios enemigos del proceso que se adelanta en la Habana, así como
revela la continuidad de la persecución ilegal contra opositores
políticos, activistas de la paz, dirigentes sociales, periodistas,
sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Esta situación también puede explicar que el presidente Uribe haya
conocido las “famosas coordenadas”; o que se haya hecho público -con
mezquina intención- el viaje de voceros del CAJAR a la Habana con fin de
dar a conocer su propuesta sobre un tribunal especial de justicia para
la paz. Cabe recordar que este viaje contó con autorización del
gobierno colombiano y con el apoyo del gobierno noruego, país
facilitador de este proceso.
Queda confirmado que lo primero que hay que cambiar en las agencias
de inteligencia son sus manuales de formación fundados en preceptos de
la doctrina de seguridad nacional que ha provocado –como se sabe- la
comisión de crímenes de lesa humanidad. Mientras esto no ocurra no será
posible la paz ni cesarán las violaciones a los derechos humanos, aunque
el proceso en la Habana termine exitosamente.
Para consolidar una democracia se requiere que el Estado en su
conjunto, incluidas sus agencias de inteligencia, se comprometan a
respetar y garantizar los derechos humanos, empezando por el derecho a
opinar, a organizarse y a participar; sin que estas actividades sean
objeto de persecución y estigmatización alguna.
Este nuevo escándalo que ojalá sea investigado a fondo por la
Fiscalía General de la Nación, debe prender las alarmas de los sectores
democráticos que repudian esa vieja práctica de instrumentalizar los
aparatos de inteligencia para violar los derechos humanos.
No sobra decir que el presidente Santos debe dar un claro mensaje a
la sociedad colombiana y a la comunidad internacional separando de forma
inmediata de sus cargos a quienes dirigen los organismos de
inteligencia y al propio Ministro de Defensa, quien no precisamente se
ha distinguido por respetar y garantizar los derechos de los opositores
políticos, de las organizaciones sociales y de derechos humanos, a las
cuales ha estigmatizado en sus discursos de forma repetida. No puede ser
que todo pase sin que nada pase.
Al cierre de esta nota editorial, hemos recibido un correo
electrónico firmado por Comandos Urbanos de las Aguilas Negras en el
que amenazan de muerte a las personas que integramos al Colectivo de
Abogados “José Alvear Restrepo”, al MOVICE, a Aida Avella, al alcalde
Gustavo Petro y a los candidatos al congreso Alirio Uribe Muñoz e Iván
Cepeda Castro.
Pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que investigue esta
nueva amenaza y determine quiénes son los que realmente están detrás de
la misma.
ADJUNTAMOS EL TEXTO DE LA AMENAZA ENVIADA E IMAGEN DEL CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO
