Revista Semana.
Se trata de José Húber Yatacué, un curtido jefe de milicias con 18 años dentro de esa guerrilla. Lo mataron en Toribío, Cauca. ¿Qué está pasando?
En menos de diez días dos guerrilleros de las FARC fueron asesinados mientras se incorporaban a la vida civil junto a sus familias.
Si bien ambos guerrilleros eran milicianos amnistiados, en el momento que se cometieron sus crímenes ellos no estaban dentro de las zonas veredales, sino que gozaban del beneficio de la libertad.
Ese es el caso específico de lo que ocurrió con Álvaro Ortiz Cabezas y José Húber Yatacué. Ortiz fue acribillado el pasado 16 de abril en una discoteca de la zona rural de Tumaco (Nariño); mientras que el crimen de Yatacué ocurrió este martes 25 de abril en Toribío (Cauca).
Irónicamente el crimen de Ortiz Cabezas fue resuelto por la Fiscalía el mismo día que era asesinado el miliciano Yatacué, en Cauca. Fue el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien confirmó la noticia del segundo crimen contra amnistiados de las FARC.
En una rueda de prensa, el fiscal aseguró que gracias a una investigación relámpago y la ayuda de las comunidades en Tumaco, lograron capturar y judicializar al presunto asesino del miliciano Ortiz.
“Ese crimen quedó absolutamente esclarecido. Se trata de Hernán Pai Pascal, alias Renol quien además es responsable de otros homicidios, entre ellos el del policía Byron Fernando Recalde que murió durante el paro cocalero del pasado 31 de marzo”, explicó el fiscal Martínez Neira.
Del nuevo homicidio no proporcionó muchos detalles- Sin embargo, se sabe que el guerrillero amnistiado José Huber Yatacué, era un curtido jefe de milicias de las FARC que llevaba 18 años dentro de la organización y había decidido terminar su proceso de reincorporación junto a su familia.
Una vez recupero su libertad estuvo en la zona veredal de agrupamiento conocida como Monterredondo, ubicada en el municipio de Miranda, al norte del Cauca. Junto a él habían 250 miembros más de las FARC.
El curtido miliciano pasó de la zona veredal en Miranda a vivir junto a su familia en Toribío. De su casa salió el pasado martes 25 de abril a las 8:20 p.m. a atender el requerimiento de una llamada que había recibido en su celular.
Al parecer, su interlocutor era un hombre al que fuentes no oficiales identifican con el nombre de ‘Jhon Ramírez‘, un hombre al que señalan de ser integrante de los nuevos grupos armados ilegales que llegaron las zonas abandonadas por la guerrilla.
Versión de personas cercanas a Yatacué e integrantes de organizaciones sociales de la región manifestaron que ese hombre (Jhon Ramírez) fue quien llamó al miliciano y lo mató justo al frente del hospital de Toribío. “Lo citó a las afueras del municipio para que le llevara un espejo”, dicen las fuentes.
¿Crímenes sistemáticos?
Más allá de las especulaciones que surgen alrededor de esos dos homicidios contra guerrilleros de las FARC, ambos casos coinciden en varios puntos que llaman la atención.
Lo primero que se debe advertir es que tanto Ortiz como Yatacué gozaban de la misma figura dentro de la organización subversiva: no eran guerrilleros rasos, sino milicianos, es decir que su trabajo era más urbano que rural.
El segundo punto en el que coinciden ambas victimas, es que se entraban ya con sus familias cuando se cometieron los crímenes. De ahí que Ortiz fue asesinado dentro de una discoteca en Tumaco y Yatacué al frente del hospital de Toribío. Ninguno murió dentro de las zonas veredales.
Todo apunta -en ambos casos- a que los sesinatos fueron perpetrados por integrantes de nuevos grupos armados ilegales que cooptaron los territorios que abandonó las FARC.
En el caso del miliciano asesinado en Tumaco, la Fiscalía confirmó que el responsable, alias Renol, lideraba una de las bandas que se rearmaron con disidentes de las FARC que no se desmovilizaron, reductos del ELN y nuevas Bacrim. “Son todos esos grupos criminales los que vienen cometiendo homicidios y extorsiones”, explicó Luis González, director nacional de fiscalías.
En el homicidio de Yatacué, cometido en Toribío (Cauca), las primeras versiones apuntan a que ese crimen también fue ejecutado por un integrante de la nueva banda que intenta hacerse al control territorial en el norte de ese departamento.
Se trata de una agrupación criminal conocida como Patria Grande Ejército del Pueblo, que desde hace varios meses delinque en la región e intenta reclutar más gente.
De hecho, esta semana el senador de La U, Armando Benedetti, hizo un llamado de alerta frente al fenómeno de rearme y denunció que en Buenos Aires, Cauca, le están ofreciendo hasta diez millones de pesos a los jefes de frentes de las FARC, para que se reincorporen a esos nuevos grupos.
Pero quien le puso la cereza al postre de las alertas por las amenazas que corren los amnistiados de las FARC, fue el propio fiscal general al asegurar que ante los dos homicidios recientes, es evidente “la imperiosa necesidad, para asegurar jurídica y físicamente a los antigüos milicianos, que haya decisiones en el proceso de paz”.
El llamado del fiscal hace referencia a la conveniencia de que los milicianos también se incorporen a las zonas veredales y de esa manera garantizarles su seguridad y así evitar que los sigan matando.
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