Vista del barrio La Chinita, en Apartadó, donde las FARC pidieron perdón el pasado viernes por una masacre. MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA EFE
Bogotá
Desde que se anunció el acuerdo, el pasado 24 de agosto, todas las encuestas apuntan a una victoria del ‘si’ con un margen de entre 10 y 20 puntos. Sin embargo, el optimismo es comedido. Las mediciones nunca abarcan todo el territorio y el porcentaje de indecisos aún es alto, aunque no tanto como el de la abstención. Una baja participación podría llegar a poner incluso en entredicho alcanzar el umbral necesario para la aprobación: 4,5 millones de votos a favor.
La principal consecuencia de una victoria del ‘sí’ es muy sencilla: se acaba una guerra de 52 años entre el Estado colombiano y las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. Un conflicto que ha dejado ocho millones de víctimas, siete millones de desplazados, más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos… Ese, y no otro, era el propósito último de las negociaciones, lo que no se logró hasta ahora pero intentaron desde los años ochenta todos los Gobiernos, incluido el presidido por el más crítico con lo pactado, Álvaro Uribe. El acuerdo siente las bases para que los 7.000 guerrilleros –y otros tantos milicianos- de las FARC inicien un proceso de desmovilización y entreguen su arsenal en los próximos seis meses. Una misión de Naciones Unidas, aprobada con el voto unánime del Consejo de Seguridad, será la encargada de verificar el cese al fuego y la dejación de las armas.
A cambio, las FARC han logrado una serie de privilegios que facilitarán tanto su incorporación a la vida civil como a la política. Hasta las próximas elecciones, en 2018, el movimiento político que resulte después de su desmovilización y entrega de armas, tendrá garantizados representantes en el Congreso con voz, pero sin voto. Durante los das dos próximas legislaturas, hasta 2026, tendrán garantizados al menos cinco escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Estado se ha comprometido a garantizar la seguridad de los miembros de las FARC y evitar un genocidio similar al que sufrió la Unión Patriótica (UP), el partido político que integraba a miembros de las FARC, entre los años ochenta y noventa.
El gran logro para la guerrilla, y el punto más conflictivo del acuerdo, tiene que ver con la justicia. Ningún miembro de las FARC, ni siquiera los líderes condenados por crímenes de lesa humanidad o narcotráfico, pagarán un solo día de cárcel entre rejas, siempre y cuando rindan cuentas ante un tribunal especial de paz que se ha decidido crear y por el que pasarán todos los actores implicados en el conflicto. Quienes confiesen sus crímenes y aporten información sobre cómo ocurrieron las masacres, serán condenados a entre 5 y 8 años de penas alternativas a la cárcel, como contribuir en el desminado del país, la elaboración de carreteras, etc. Los acusados que no comparezcan ante este tribunal sí podrán ser condenados a una cárcel tradicional, con penas hasta 20 años. La mayor parte de los guerrilleros –una cifra aún por cuantificar- serán amnistiados.
En el último año, una vez que se aseguraron de que evitarían la cárcel, las FARC han intensificado una transformación en su discurso que habrá que ver si es real o pura retórica. En las últimas semanas incluso han realizado más actos de perdón con las víctimas de sus masacres que en toda su historia criminal.
El hecho de que ningún guerrillero vaya a pagar cárcel ha sido el motivo de las críticas tan virulentas que aún tiene el acuerdo de paz en Colombia. Los partidarios de votar por el ‘no’ en el plebiscito, muchos adoradores más que simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, lo consideran una claudicación del Estado. A partir de ello, Uribe, antecesor y valedor de Santos en su primera elección, ha liderado una campaña en la que ha tratado de hacer calar un mensaje tramposo: votar ‘no’ es decir ‘sí’ a una paz justa. En las últimas semanas ha intensificado el mensaje de que él no está en contra de la paz, sino que pretende renegociar los acuerdos.
La mera hipótesis resulta quimérica. Una victoria del ‘no’ sumiría a Colombia en una incertidumbre absoluta. Nadie es capaz de responder con exactitud qué ocurrirá al día siguiente si se rechazan los acuerdos. A las FARC no les quedaría otra opción que volver a las montañas y la misión de la ONU quedaría paralizada. La idea de que los guerrilleros vayan a volver a sentarse a hablar de inmediato para, esta vez sí, aceptar pagar cárcel o no concurrir en la vida política es absurda.
A todo ello, se sumaría el desprestigio internacional. El Gobierno de Santos, que ha insistido en que no se trata de un acuerdo perfecto sino el mejor posible, logró aunar en estos cuatro años el respaldo incondicional de Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos que tanto le ayudó en la lucha contra el narcotráfico o la Unión Europea. En definitiva, un mundo repleto de desmanes aguarda si Colombia opta por seguir en la guerra o construir la paz.
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