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Colombia: Falsa Democracia

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[Ministerio Defensa intenta tomarse CNMH] Decreto 502 de 2017

Por: Nicolás Rodriguez - El Espectador.
Un hipotético museo de la Verdad, con v mayúscula, habría de exponer entre sus piezas de interés general una copia del Decreto 502 de 2017 que modificó la composición del Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica para abrirle espacio al ministro de Defensa.
La ocurrencia del Gobierno no debería ser anecdótica. Con ligereza se ha asumido que la cordialidad del gesto hacia al Ejército era necesaria y una forma más de equilibrar las cargas emocionales. Se argumenta que el Ejército, de cualquier manera, tiene el mismo derecho que los demás actores a diseñar sus propias narrativas del conflicto. Todo lo cual es discutible, pero no había ninguna razón de fondo para hacerlo a la brava.
Si el subtexto de la errática decisión es el desacuerdo entre algunos sectores del Ejército y el informe general del ¡Basta ya! publicado por el Centro de Memoria Histórica, con mayor razón aún han debido abstenerse. Desde esta perspectiva el cambio en el articulito no solo parece un premio o un regalo y más bien va adaptando la pesada forma de una amenaza. Por lo demás hay que considerar que el interés del Ejército por la memoria histórica no es tan reciente y no obedece a una particularidad colombiana.
El caso peruano ofrece una buena comparación de lo que se nos viene encima. Años después de socializados los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación todavía hay debates sobre las responsabilidades asignadas en el informe final. Entre tanto, el Ejército, que tampoco figura como el principal victimario de la violencia en Perú ocasionada mayoritariamente por Sendero Luminoso, lleva una buena década reescribiendo la historia.
Tan perturbador como el Decreto 502 de la discordia es el fenómeno de la apropiación militar del lenguaje y los mecanismos utilizados por los defensores de derechos humanos para resarcir a las víctimas. El decreto firmado por el ministro de la Defensa legitima una nueva forma de camuflaje.

Las desapariciones forzadas superan los 60.000 casos en Colombia

LaRepública.es.
Más de 60 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada en Colombia de 1970 a 2015, aseguró el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en un informe difundido hoy por noticiarios locales.
Según el CNMH, una de las dificultades para determinar la magnitud de ese crimen es el subregistro existente pues muchos de los ciudadanos que fueron blancos de ese flagelo son incluidos en la contabilidad oficial de secuestro o asesinato; además los perpetradores intentan borrar todo rastro en busca de impunidad, reseñó el portal digital El Espectador
Los victimarios se encargaron de eliminar las huellas (…), convirtieron los ríos y mares en cementerios y llenaron el país de fosas clandestinas con cuerpos sin identificar, precisó la investigación.
Dentro de los sectores más perjudicados por ese delito el dictamen menciona a la población campesina y obrera, sindicalistas y su familia, estudiantes, así como militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
De 1970 a 1981 -reveló el texto- los agentes de seguridad del Estado y los nacientes grupos paramilitares usaron la desaparición forzada como herramienta de contraofensiva frente al surgimiento de agrupaciones insurgentes; posteriormente hasta 2005 ese crimen creció con la consolidación del paramilitarismo.
Entre 2006 y 2015 las llamadas bandas criminales fueron las principales culpables de tales hechos, agregó el CNMH que responsabiliza también a otros actores armados como las guerrillas con esas acciones, añadió el estudio publicado por El Espectador.
La invisibilidad de ese crimen en Colombia llegó a tal punto que se ha vuelto una conducta natural, junto con la soledad con que los familiares encaran el proceso de búsqueda de un ser querido, amplió el reporte dado a conocer por el sitio web.
Única en el continente, la guerra interna ha dejado unos 300 mil muertos y casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen, cifras a las que se suman los millares de ciudadanos cuyo paradero es desconocido hasta hoy.
PL

Informe CNMH - Tierras: la columna vertebral de la guerra

El CNMH encontró una relación entre el desplazamiento forzado, el abandono de tierras y la compraventa de terrenos de origen baldío. / EFE
Enfrentar viejos conflictos por la tierra y prevenir otros nuevos: ese es el mayor reto del Estado colombiano, advierte el CNMH, si es que en serio quiere alcanzar el posconflicto.
Por: Diana Carolina Durán Núñez - El Espectador. 
En Twitter: @dicaduran
Entre 1994 y 2013, la mayor cantidad de tierras del país que fueron abandonadas, lo fueron durante la presidencia de Andrés Pastrana y en los dos mandatos de Álvaro Uribe. Esa conclusión se puede deducir en el informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzará este miércoles 2 de noviembre, el cual indica que los años en los que más se presentó ese fenómeno –durante el periodo mencionado– fueron entre 2000 y 2002 (Pastrana) y entre 2005 y 2008 (Uribe).
En el informe, titulado “Tierras y conflictos rurales”, el CNMH hace un análisis extenso de temas como las adjudicaciones de terrenos baldíos desde principios de siglo XX, las reformas agrarias que se vienen implementando desde finales de los años cincuenta, viejas prácticas de apropiación de tierras, anomalías en los registros o las entregas de predios rurales o de entrega y, entendido además como un tema crucial para comprender el conflicto colombiano, el abandono y despojo de tierras. (Vea: Así se ve la tierra y su despojo en Colombia)
A la hora de estimar cuántas hectáreas han sido abandonadas o despojadas, el CNMH recurrió a varias fuentes y la cifra más alta la arrojó el Movimiento Nacional de Víctimas, con base en un catastro alternativo que no es claro en fechas analizadas: 10 millones de hectáreas. Los números oficiales son menores, pero igual de escandalosos: en 2010 el programa gubernamental Acción Social calculó el despojo en 6,5 millones de hectáreas, mientras la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado lo estimó en 6,6 millones.
El departamento donde más se han registrado predios abandonados es Antioquia, una región duramente golpeada tanto por la violencia guerrillera como paramilitar. Le siguen Bolívar, Putumayo y Caquetá, donde también los grupos de extrema izquierda y extrema derecha han operado. En “intensidad de abandono”, en el puesto número uno se ubica otro departamento gravemente afectado por la guerra: Chocó. De todo su territorio, el 37,5% de los predios de uso agropecuario han sido declarados en abandono. Le siguen Caldas, de nuevo Putumayo, y Meta.
Entre 2000 y 2002, identificó el CNMH, varios factores agudizaron el abandono de tierras especialmente en el sur del país, en Caquetá y Putumayo: los combates entre guerrillas y paramilitares, el fortalecimiento de estos últimos con el Bloque Sur Putumayo, y “la presencia del Plan Colombia con su componente militar y de fumigación de cultivos”, política bandera de la presidencia de Pastrana. “La llegada del Plan Colombia en 2000 coincide con un incremento de las cifras de violencia”; estar en un territorio en conflicto era a todas luces riesgoso.
En Meta, encontró el CNMH, cuatro de los cinco municipios que hicieron parte de la zona de distensión –un área de 42.000 kilómetros cuadrados que el entonces presidente Pastrana despejó de Fuerza Pública para dialogar con las Farc- mostró altos niveles de abandono de tierras de 2005 a 2007 (gobierno Uribe). Se trata de Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y la Uribe, como efecto directo o indirecto de la retoma militar de la zona tras el fin de la zona de distensión y por cuenta también del Plan Patriota.
“Como lo han señalado diversos estudios, esto puede estar relacionado con fuertes procesos de estigmatización de la población campesina por parte del Ejército”, indicó el Centro Nacional de Memoria, el cual explicó también el abandono de tierras por “la alianza entre Ejército y paramilitares luego del fin de la zona de despeje” y el control del Ejército sobre los cultivos de uso ilícito en el Meta, el cual, según el último informe de la ONU en esta materia, es el séptimo departamento de Colombia con más plantaciones de este tipo.
Hace menos de dos semanas, los baldíos volvieron a ser objeto de discusión luego de que el Centro Democrático radicara un proyecto de ley que pretende dejar sin efectos las acciones del Incoder dirigidas a recuperar baldíos. El director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que una ley así sería “la legalización del mayor despojo cometido contra las tierras de todos los colombianos”, pues quedarían sin piso los procesos que el Incoder ha adelantado para recuperar terrenos de la Nación que han sido ocupados o adjudicados indebidamente.
Los baldíos son un tema tan vigente como importante y de ellos también se ocupó este informe, el cual encontró que en ciertas zonas donde la guerra ha sido más atroz, como los Montes de María, “se observan incrementos anormales en la compraventa de predios adjudicados como baldíos y/o de parcelas de reforma agraria”. Los cultivos de coca también podrían estar relacionados: en Putumayo, por ejemplo, los picos de compraventa de tierras de origen baldío se registraron entre 1990 y 1993, años en que se consolidaron los cultivos de uso ilícito.
Y no solo eso. En 2013, recuerda el CNMH, el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo denunció que se habían otorgado grandes extensiones de origen baldío “a individuos y empresas (nacionales y transnacionales) que se valieron de sofisticadas fórmulas jurídicas y contactos en las altas esferas gubernamentales para evadir las restricciones legales”. En general, lo que el Centro señala es que “en Colombia, la apropiación ilegal de tierras públicas y privadas es una práctica tan antigua como el origen mismo de la propiedad privada”.
Otro punto en el que el informe pone el dedo en la herida es la concentración de tierras. La ausencia de registros catastrales y de levantamientos topográficos por voluntad de los propietarios y la debilidad del Estado, entre otras razones, hacen pensar que “que la concentración de la propiedad rural es mayor de lo que muestran las imperfectas estadísticas disponibles”. Desde 1970, el Incora alertaba que en el país existían —y aún existen— “grandes concentraciones de tierra sobre las cuales debe recaer la acción igualadora de la reforma agraria”. El problema, sin embargo, continúa vigente.
Este informe del CNMH coincide con la divulgación de una investigación de tres años de la Universidad Nacional, titulada “Aproximaciones al mercado de tierras en Colombia”, la cual reitera que este es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo. Aquí fácilmente se encuentran terrenos de 2.000 hectáreas, improductivas, en manos de un solo propietario; así como lotes destinados solo para ganadería extensiva. No en vano la problemática agraria fue el primero punto que abordaron en la mesa de negociaciones con las Farc en La Habana: para acabar con el conflicto, hay que abordar el tema de las tierras.

informe "La maldita tierra" - CNMH

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La maldita tierra, la nueva publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyos relatores son César Molinares y Nathan Jaccard, es una minuciosa investigación periodística sobre los años terribles, entre mediados de los 80 y 2000, que padeció el departamento del Cesar por la confrontación armado y, en especial, los seis municipios de la llamada zona minera donde están instaladas grandes empresas carboníferas. Los habitantes de esta región, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra
El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo —o quizás el peor— de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país.
El informe habla en detalle de las causas del auge guerrillero a partir de los años ochenta y la llegada de los paramilitares a la región a mediados de los noventa. También analiza el “sistema industrial de saqueo” de recursos públicos que impusieron estos últimos, la oleada de asesinatos de políticos, sindicalistas y líderes sociales que desataron, y explora a profundidad el papel de las empresas multinacionales y nacionales en todo lo ocurrido.
En los últimos 30 años el conflicto armado ha dejado a su paso por Cesar 72 mil víctimas, entre ellas 6.000 personas asesinadas, 66 mil desplazadas, 1.200 desaparecidas y 2.524 secuestradas, además de huérfanos, viudas y campesinos que abandonaron y malvendieron miles de hectáreas. (Red Nacional de Información, 2016).
En el medio, sectores del Estado, que deberían velar por los derechos de la sociedad en su conjunto, privilegiaron los intereses de unas élites políticas y económicas, que han bloqueado la solución al conflicto armado y agrario, lo que terminó siendo uno de los principales combustibles de la violencia.
Además, las grandes empresas mineras que fueron llegando a la región, y se instalaron como la gran esperanza de desarrollo, a pesar de generar empleos y dejar miles de millones de pesos en regalías, también multiplicaron los conflictos.
Entre 1996 y 2006 en La Jagua, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná, que tenían unos 140.000 habitantes, fueron desplazadas casi 58.000 personas y otras 6.000 fueron asesinadas. Hoy en día los campesinos desplazados intentan que les devuelvan sus tierras, pero se encuentran con que éstas están en manos de socios y cómplices de los paramilitares, terratenientes, ganaderos y compañías mineras.
La maldita tierra muestra los momentos clave para entender la violencia en el departamento de Cesar y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad y a la memoria sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana. Esto cobra mayor relevancia en momentos en que el país empieza a hacer el tránsito a un escenario de posconflicto y en el que se hace sustancial esclarecer esas zonas grises.
El cuadro que dibuja este texto tiene aún muchas preguntas sin respuesta, relevantes para el proceso de esclarecimiento que se abre con la firma de un acuerdo de paz. Entre ellas, una que ha sido objeto de escasa investigación: ¿hasta dónde las grandes empresas jugaron un papel en los procesos de violencia y despojo de tierras que caracterizan la década terrible del Cesar?
 

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