Terminado el fast track el balance es bastante regular. Más de la mitad de lo requerido para implementar los acuerdos de paz no fue tramitado.
El Centro Democrático fue firme en sus apuestas al fracaso, los partidos de la Unidad Nacional huyeron cuando más se les necesitaba y los congresistas de Cambio Radical y el Partido Conservador lo dejaron todo en la cancha a la hora de pedir dádivas a cambio de apoyos.
Ante la falta de cuotas y puestos burocráticos, los representantes no volvieron a trabajar. O lo hicieron a medias. O trabajaron impidiendo que los demás lo hicieran (romper un quorum también es un oficio).
En la Navidad que viene personas como Rodrigo Lara, una joven promesa de la política (el encargado de la renovación para que todo siga como va), pueden celebrar por lo alto. Desde la Presidencia de la Cámara se aseguró de entorpecer la reforma política y puso lo suyo, que tampoco es mucho, para evitar la posibilidad de una Colombia incluyente.
Su jefe político natural, entre tanto, ofrece cambios como el de la reducción de la edad para los inimputables de 14 a 12 años, a tono con aquello de que los jóvenes son el futuro del país.
Son muchos los temas agrarios que entre todos lograron esquivar. Si esa era en buena parte la espina dorsal del acuerdo, lo que sigue, con Uribe y Vargas Lleras a la espera, es aún más incierto. No hubo discusiones sobre la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural, ni se habló correctamente de los créditos para el trabajo agrario. La ley de tierras pasó de agache.
La ley que pretendía darle un tratamiento especial a los cultivadores de coca que se acogieran a la sustitución de cultivos tampoco tuvo doliente. Salvo por el fiscal, que se mostró interesado en tumbarla. Y ya se sabe que su candidato presidencial pidió lluvia de glifosato y cárcel para todo el mundo.
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