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Aún no se conoce el número de muertos ni los responsables del hecho sangriento ocurrido en Tumaco, que empaña el proceso de paz y cuestiona la estrategia del Gobierno para erradicar los cultivos de coca.
Policías acordonan una subestación eléctrica donde un agente de policía fue asesinado y su cuerpo atrapado en el norte de Bogotá, el 29 de diciembre de 2016.
Guillermo Legaria / AFP
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El Gobierno colombiano asegura que hubo cinco muertos, pero los campesinos elevan la cifra a 15. Lo cierto es que en Tumaco no hay paz.
La localidad, ubicada en la costa pacífica del suroeste de Colombia, figura como una de las zonas con mayores cultivos de coca. El plan del Gobierno pasa por sustituir esos sembradíos, pero no todos los campesinos están de acuerdo porque, entre otras cosas, no les garantizan las condiciones mínimas para que el cambio de rubro les provea de recursos para subsistir.
El pasado jueves un grupo de campesino mostró su rechazo contra la erradicación forzada de cultivo y formó una cadena humana para evitar que los policías y militares arrancaran las matas de sus tierras. ¿El resultado? Varios muertos y decenas de heridos, mientras afloran versiones dispares sobre lo ocurrido.
Cruce de acusaciones
Según el Gobierno, el grupo de campesinos fue forzado a realizar la manifestación por un disidente de las FARC, alias 'Guacho', que, supuestamente, disparó contra la Policía y los manifestantes, causando las muertes.
Los campesinos, por su parte, alegan que asistieron de manera voluntaria a la manifestación y que la Policía fue la que arremetió contra ellos. La "evidencia" de ello es —según esgrimen— que en la lista de muertos y heridos no figura un solo agente de la fuerza pública.
"La esquizofrenia que se da es que el Ministerio de Defensa llega a erradicar cultivos industriales y por ahí derecho los de pequeños productores, y es donde siempre se presentan los choques. Este año hemos tenido tres bloqueos en la Vía al Mar producto de la erradicación. Es el enfoque y la manera como se desarrolla la erradicación lo que provoca estos hechos tan lamentables que han pasado en la región", comenta Harold Ruíz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño, al portal Verdad Abierta.
¿Y ahora?
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió este viernes a los hechos y acusó a alias 'Guacho', así como a alias 'David' de estar involucrados en la masacre, por lo que ofreció una recompensa de 150 millones de pesos, equivalentes a unos 50.000 dólares, "por datos que lleven a capturas".
El Gobierno insiste en que hay en marcha una política de sustitución de cultivo. Según cifras ofrecidas por Santos, al menos 23.000 familias cocaleras se han inscrito en un programa para cambiar de rubro. El problema es que, según campesinos entrevistados por Semana, aún no se ha configurado una política de seguridad que permita la salida de otros productos agrícolas a buen precio.
"Por eso es que muchas personas se ven obligadas a trabajar en cultivos ilícitos, porque no hay algo que le garantice a la persona que si saca yuca, la persona puede vender esa yuca a buen precio", cuenta uno de los habitantes de la zona donde se produce al menos 20% de toda la coca en Colombia.
¿Por qué tanta prisa?
Santos, que adelantó la visita a Tumaco de su vicepresidente Ejecutivo, Germán Vargas Lleras, ratificó que su objetivo es erradicar unas 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos al cierre de 2017. Hasta ahora, más de 36.000 hectáreas han sido arrancadas.
Según EE.UU., que mantiene un estrecho programa de "cooperación" con Colombia en materia antidrogas, el país sudamericano aumentó en un 60% sus cultivos ilícitos de coca. Esta cifra llevó al presidente norteamericano, Donald Trump, a amenazar a Santos con descertificar la nación si no mostraba "progresos significativos" en la erradicación de las plantaciones.
Lo cierto es que la presión a Santos es doble: por un lado, la necesidad de avanzar en los acuerdos de paz con las FARC sin 'máculas', como la muerte de campesinos; y, por otro, la mirada de EE.UU., que desde el principio rechaza que ese proceso de erradicación de cultivos se haga de la mano de las FARC y exige que sea de manera forzada con el ejército.
A finales de septiembre, el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, ratificó en una entrevista a El Tiempo que la presencia de la extinta guerrilla no es bien vista por Washington. "Ni yo ni esta embajada de los Estados Unidos nos podemos involucrar con las FARC, porque son una organización de terrorismo internacional, así llamada por mi Gobierno [...]. Yo he estado en Tumaco, en Antioquia, en Meta, en varios lugares simplemente hablando con la gente y sabemos lo que las FARC están haciendo. Hay varios elementos. ¿Las FARC no están sembrando ni incentivando la siembra de hoja de coca? Sí, yo creo que sí", dijo.
Con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la urgencia de Santos por mostrar resultados "contundentes" no es menor, teniendo en cuenta que si EE.UU. lo "descertifica" las consecuencias serían significativas para el país: Colombia dejaría de recibir unos jugosos 251,4 millones de dólares de Washington en 2018, cifra que, si bien supone un 35% menos que los 391 millones percibidos este año, no es nada desdeñable.
Nazareth Balbás
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