Alfredo Molano Jimeno / @AlfredoMolanoJi
A pocos días de que el Comité Seleccionador inicie el proceso de nombramiento de quienes integrarán el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, un informe de la corporación holandesa Pax y Dejusticia revela la manera como se ha tratado la responsabilidad de empresarios en el desarrollo de los conflictos armados en los distintos procesos de justicia transicional en el mundo.
El informe recoge un estudio de la Universidad de Oxford en el que se estudiaron 114 procesos de justicia transicional. De estos, sólo en 16 se introdujeron mecanismos judiciales y extrajudiciales que convocaban al sector empresarial para que asumiera sus responsabilidades en crímenes ocurridos en un contexto de guerra o dictaduras. A la vez se revisaron 38 informes finales de las comisiones de la verdad.
El resultado demuestra que, aunque es un tema que ha estado sobre la mesa desde que se concibió el concepto de justicia transicional, son muy pocos los casos en los que se ha imputado responsabilidad jurídica. Según los datos del informe, de las 39 comisiones de la verdad, en 22 se nombran empresas o personas pertenecientes a ellas. De éstas resultaron identificadas 321 entidades, pero apenas 22 han respondido legal o económicamente por sus actos.
Alemania
Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la comunidad internacional empezó a dar pasos para la formulación de una justicia especial. El Tribunal de Núremberg fue, de alguna manera, el primer intento. Y a él llegaron los casos de empresarios que apoyaron el régimen nazi. El resultado de su trabajo fue el juzgamiento de 42 representantes de empresas alemanas, procesos que se surtieron en los tribunales militares de Estados Unidos entre 1946 y 1949. De esas 42 personas acusadas, 26 fueron halladas culpables “por esclavización e imposición de trabajo en condiciones de esclavitud”.
En cuanto a las reparaciones económicas, los procesos tardaron varias décadas, hasta que en 1999 el gobierno alemán y 12 grandes empresas (entre ellas BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, Deutsche Bank y Siemens) crearon una fundación para pagar a los trabajadores forzados.
Argentina
Entre 1976 y 1983, Argentina vivió bajo el gobierno de la Junta Militar, presidida por Jorge Videla. Terminada la dictadura se creó una comisión de la verdad, de la cual hizo parte el célebre escritor Ernesto Sábato y cuyo objetivo fue esclarecer lo ocurrido durante esos años. El documento final mencionaba 11 empresas que tuvieron relación con crímenes como secuestro, desaparición, detención arbitraria, asesinato y tortura o que prestaron sus sedes como centros de detención.
En 2015, luego de un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se impulsaron los casos jurídicos que mencionó la comisión. Se señaló a 18 empresas nacionales y multinacionales, las cuales fueron investigadas en 14 juicios penales y cuatro civiles. Este resultado hizo de Argentina el país que mayor experiencia tiene en el procesamiento de empresas en casos de justicia transicional.
Colombia
El único proceso de justicia transicional en el país fue el suscrito entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia. Para atender la información de los desmovilizados y los reclamos de las víctimas, se tramitó la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005). Doce años después, con la mayoría de los paramilitares en las calles, las salas de Justicia y Paz recogieron un vasto material sobre la participación de civiles en el desarrollo del conflicto. La Fiscalía recibió la compulsa de 15.291 copias que involucran a terceros. Hasta hoy sólo se ha avanzado en tres casos: las Empresas de Palma de Urabá, el Fondo Ganadero de Córdoba y el caso de Chiquita Brands, que fue resuelto en tribunales de EE. UU.
Brasil
Las dictaduras militares que gobernaron Brasil entre 1964 y 1985 dejaron un país sumergido en el caos y con profundas heridas. Por eso, entre 1995 y 2007 se creó una Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos, y en 2011, la Comisión Nacional de la Verdad.
En 2014 se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, en el cual se reveló el papel activo que tuvieron diversas empresas en delitos contra dirigentes que se oponían a la dictadura.
Uno de los hallazgos, por ejemplo, fue que hubo empresas que entregaban información sobre líderes sindicales a miembros de la Junta Militar. Las llamadas “listas negras” incluyeron los nombres y direcciones de cerca de 460 trabajadores de 63 empresas, como Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford y Toyota. Al final fueron nombradas 123 empresas, pero sólo un caso llego a los tribunales, y como caso civil.
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