Por Joaquín Robles Zabala, revista Semana.
Asegurar que la universidad pública es un foco de “guerrilleros” es como creer que las privadas sólo producen ladrones de “cuello blanco”.
La desactivación de la máquina de guerra de las FARC ha servido para mirar más allá de la cortina con la que se ha buscado justificar el atraso en el que vive Colombia. Los medios de comunicación, por supuesto, contribuyeron en la construcción del mito. Y las universidades públicas fueron señaladas de ser focos guerrilleros. La Universidad Nacional de Colombia ha cargado desde entonces con el lastre de que muchos de sus comandantes se formaron profesionalmente en sus aulas. Alfonso Cano, uno de los líderes históricos de las FARC, pasó por el programa de antropología, y Jaime Alberto Parra Rodríguez, más conocido como Mauricio Jaramillo, estudió varios semestres de medicina en la misma universidad.
Pero ni Cano ni Parra, ni mucho menos Santrich (quien estudió en la Universidad del Atlántico) han ocupado cargos públicos ni han contratado con el Estado. Para robarse los dineros del presupuesto hay que estar muy cerca del poder, ser un alto funcionario del Gobierno o mantener los puentes tendidos a través de las relaciones públicas y las contrataciones. Y hoy sabemos que el 95 % de las contrataciones en Colombia se entregan a dedo o con un solo oferente.
Ni Miguel Nule ni Andrés Felipe Árias son egresados de la universidad pública. Sus manchadas hojas de vida los ubican en la Universidad de Los Andes. Guido, hermano de Miguel, terminó administración de empresas en la Javeriana y Samuel Moreno se graduó de economista en la del Rosario. Asegurar que la universidad pública es un foco de “guerrilleros” es como creer que las privadas sólo producen ladrones de “cuello blanco”, o expertos en el arte de apropiarse de los recursos del Estado con tramoyas.
Ahora cuando las FARC dejaron de disparar y llevan a cabo su última marcha como grupo subversivo, el espejo en donde nos miramos nos devuelve el verdadero rostro de un país sumido en la pobreza, el atraso y la corrupción. El foco nos muestra que la guerrilla era sólo una parte minúscula de un problema mucho más amplio que hunde sus raíces en el corazón de una clase política profundamente podrida que, como la mítica Ave Fénix, es capaz de revivir de sus cenizas una y otra vez. “Las regiones están llenas de grupos Nule”, expresó el fin de semana Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de Comercio, en una entrevista para el diario El Tiempo.
En Córdoba, las mafias presididas por Emilio Tapias, Otto Bula, Alejandro Lyons y Ana Karina Elías le han sustraído al departamento más de 150.000 millones de pesos en las últimas administraciones, una suma con la que se podría alimentar gratuitamente a todos los habitantes de Montería durante seis años y aun así sobraría dinero.
En La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, el más grande mafioso que ha tenido la península, fue condenado recientemente a 55 años de cárcel por los asesinatos de tres miembros de una familia, pero no por los más de 200.000 millones de pesos del desfalco a las arcas del departamento durante las administraciones de su grupo político. Oneida Pinto, también exgobernadora, no sólo era una ficha clave del nefasto clan que presidía Gómez, sino que estuvo casada con Pablo Parra, alias el Negro, a quien la Fiscalía General de la Nación vinculó al crimen de Jorge Eliécer Aragón en el 2002, un candidato a la Alcaldía de Albania, La Guajira, a la que Pinto también aspiraba y la cual, curiosamente, alcanzó después del asesinato de Aragón.
Pero las tramoyas de la exgobernadora y sus vínculos mafiosos no se limitan a rodearse de figuras políticamente incorrectas, sino también a defender esos espacios de poder de las administraciones municipales de sus cercanos. Según una nota reciente del diario El Tiempo, “a Pinto se le investiga por irregularidades en un contrato de 16.000 millones de pesos para reducir la mortalidad infantil en su pueblo, Albania. Las anomalías se registraron cuando ella ocupó la alcaldía de ese municipio, que luego pasó a manos de su exescolta y exmarido, Pablo Parra”. Igualmente, la Fiscalía la vinculó a las investigaciones por un plan que buscaba atentar contra la vida de Jorge Enrique Vélez, el exgobernador encargado que puso al descubierto las múltiples irregularidades de la administración de Pinto.
Por esto, resulta poco creíble que la señora no supiera del “tumbe de los dineros” para el Programa de Alimentación Escolar que estaba realizando su amigo Fabio Velásquez, el actual alcalde de Riohacha, recientemente capturado por firmar un contrato de 5.700 millones de pesos de los cuales se desconoce el rumbo, pues más de la mitad se embolató al pasar de una oficina a otra. Pero el asunto se hace mucho más grave si se piensa que de los 43.400 estudiantes a los que el programa iba dirigidos sólo existían 16.000, pues los otros eran nombres en el papel.
Por esto, resulta poco creíble que la señora no supiera del “tumbe de los dineros” para el Programa de Alimentación Escolar que estaba realizando su amigo Fabio Velásquez, el actual alcalde de Riohacha, recientemente capturado por firmar un contrato de 5.700 millones de pesos de los cuales se desconoce el rumbo, pues más de la mitad se embolató al pasar de una oficina a otra. Pero el asunto se hace mucho más grave si se piensa que de los 43.400 estudiantes a los que el programa iba dirigidos sólo existían 16.000, pues los otros eran nombres en el papel.
Aun así no falta quien crea que el verdadero problema del país son las FARC, que es posible hacerse multimillonario vendiendo manillas con los colores de la patria, que detrás de las “casitas gratis” de Germán Vargas está sólo el interés social del funcionario, que las universidades públicas son verdaderos focos subversivos y que los pobres son pobres porque quieren.
Hay que tener claro que a lo largo de la historia política de Colombia no hemos tenido un solo gobierno de izquierda y que aunque la subversión desaparezca del territorio nacional, las estructuras criminales que desfalcan al Estado continuarán intactas y la pobreza seguirá siendo la mítica Ave Fénix. El aval a un mafioso como Kiko Gómez y a una tramoyera como Oneida Pinto no se lo dio la guerrilla; ni los multimillonarios contratos con los Nule los firmó Petro. El país seguirá jodido mientras existan presidenciables con oportunidades de llegar a la Casa de Nariño como Germán Vargas y partidos como Cambio Radical, que les prestan su apoyo a los numerosos Kiko Gómez que abundan en Colombia. Pero, sobre todo, mientras existan ciudadanos que vendan su voto por una botella de ron y 30.000 pesos.
Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario.
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