La nueva matazón

Por Antonio Caballero

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas “fuerzas oscuras” que no han dejado de actuar pese a sus cambios sucesivos de nombre.

Desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo, hace 90 días, no ha habido más que un incidente armado entre el Ejército y las Farc. Pero han sido asesinados uno a uno 20 líderes campesinos, según la investigación de La Silla Vacía, de los cuales seis eran militantes del partido Marcha Patriótica.

“Nos están repitiendo la dosis”, dice con humor macabro su presidenta, Aída Avella, superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica de hace 30 años.

La matanza arreció a partir del 2 de octubre, con el triunfo del No en el plebiscito. Pero venía de atrás: desde que se iniciaron las conversaciones de paz con las Farc. A cada avance de los acuerdos en La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia: dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de desplazados: 105 el año pasado. Y muchos miembros del Partido Comunista o de la Marcha Patriótica: 124 en los últimos cuatro años.

¿Quién los mata? No se sabe. Sicarios de moto. Pero en la Colombia rural de hoy todo el mundo anda en moto, tanto los asesinos como los asesinados; y aspirantes a sicarios hay de sobra en una población desmoralizada por 50 años de guerra sucia.

¿Quién los manda matar? “Fuerzas oscuras”, decía hace 30 años, impávido, el presidente Virgilio Barco, que no se preocupó por aclararlas. Y por eso crecieron. Su ministro de Gobierno de entonces, el futuro presidente César Gaviria, hizo la cuenta de más de 50 organizaciones “oscuras”, a las que se empezó a dar el nombre de “narcoparamilitares”: narcos, porque eran socios de los narcos, y paramilitares porque actuaban en acuerdo y mutuo auxilio con los militares. Solo muchos años más tarde empezaron a conocerse nombres propios de jefes de pandilla: los Castaño, Mancuso, Báez, Tovar Pupo… Algunos fueron extraditados a los Estados Unidos por el gobierno de Álvaro Uribe para que fueran juzgados allá por contrabando de drogas y no aquí por masacres de campesinos. Otros más pagaron cárcel aquí, y revelaron algunos nombres de sus socios en las Fuerzas Armadas, de los cuales el más notorio ha sido el del general Rito Alejo del Río, y algunos de sus amigos en el Congreso, en las asambleas, en las gobernaciones, en las alcaldías: los parapolíticos, de los cuales unos cuantos también fueron a dar a la cárcel, no sin haber votado previamente, tal como se lo pidió Uribe, los proyectos del gobierno.

Ahora la historia se repite. Probablemente detrás de la ola de crímenes están otra vez las mismas “fuerzas oscuras” que no han dejado de obrar del mismo modo pese a sus cambios sucesivos de nombre. Ya no se llaman “narcoparamilitares” sino “bacrim”, bandas criminales: Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, o “Ejército antirrestitución de tierras”; pero siguen siendo las mismas estructuras criminales de entonces. Y, tal como entonces, las financian los mismos viejos terratenientes de hace 30 años o los nuevos que en estos 30 años se han enriquecido con las tierras despojadas a muchos cientos de miles de familias campesinas. Esos que los partidarios del No en el plebiscito (el expresidente Uribe y sus huevitos, los ganaderos de Fedegán, el exprocurador y precandidato presidencial Ordóñez, etcétera.) llaman cínicamente “poseedores de buena fe”. Porque aunque ya no pueden negar que hubo despojados (simples “migrantes internos”, los llamaba el asesor de Uribe José Obdulio Gaviria), sí se empeñan en negar que haya habido despojadores. Que no quieren devolver por las buenas lo que consiguieron por las malas.

Si el gobierno de Juan Manuel Santos, que tras muchos trabajos acaba de firmar por tercera vez la paz con la guerrilla de las Farc, no toma firmemente la situación en mano; si no investiga seriamente cuáles son esta vez los cabecillas de la nueva matanza; si no averigua si ahora también cuentan, como la vez pasada, con la complicidad de jefes militares, dirigentes políticos, notarios, autoridades locales; y si no los persigue en consecuencia, la paz tres veces firmada solo habrá durado el tiempo de un discurso.