El acuerdo de paz significa no sólo la cesación de la guerra entre el Gobierno y las Farc, sino la posibilidad de que toda la población colombiana mejore en materia de igualdad, justicia, participación y seguridad.
Por: Gustavo Gallón*
El punto uno del acuerdo fortalecerá la economía campesina mediante obras de infraestructura, programas de educación, salud, alimentación y asistencia técnica, restitución de tierras y distribución de predios con base en la legislación existente. Lejos de desconocer el derecho de propiedad, busca garantizarlo para reducir la desigualdad social.
El punto dos garantizará la actividad política y la participación de las organizaciones sociales, y de ciudadanos, en el manejo de los asuntos públicos. Se creará un “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política” y un “Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia”. También habrá un Tribunal Nacional Electoral y tribunales seccionales contra el fraude. Una Misión Especial recomendará, en seis meses, ajustes a las reglas electorales.
El punto tres regula la dejación total de armas en 180 días, previa concentración supervisada por Naciones Unidas. Los desmovilizados serán subsidiados hasta por dos años, como en anteriores procesos de paz. El nuevo movimiento político recibirá para su funcionamiento el 10 % del presupuesto previsto para todos los partidos hasta julio de 2026, y un 5 % adicional para divulgación hasta julio de 2022. Las Farc tendrán tres voceros sin voto en cada cámara, para participar en las reformas normativas que desarrollen los acuerdos, hasta 2018. Se les asegurarán cinco curules en cada cámara hasta 2026, si no las obtienen por sus propios votos. Se promoverá un Pacto Político Nacional para que todos los grupos se comprometan a hacer política sin armas ni violencia. Varios mecanismos gubernamentales harán cumplir ese propósito, incluida una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente.
El punto cuatro sienta las bases para la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que fomente la sustitución voluntaria mediante alternativas económicas y socioambientales. Las Farc dejarán de ser parte del problema y pasarán a ser parte de la solución, en actividades como el desminado. Se intensificará la lucha contra el crimen organizado involucrado en narcotráfico.
El punto cinco permitirá juzgar en un tribunal especial los delitos graves del conflicto para garantizar verdad, reparación, no repetición, declaración de responsabilidad y sanción, superando así su impunidad actual. Quienes colaboren con la justicia desde el principio serán sancionados con trabajos serios de reparación hasta por ocho años, aprobados y supervisados por el juez, en vez de cárcel. Los que no colaboren purgarán hasta 20 años de prisión. Habrá una Comisión de la Verdad y también una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y un robusto plan nacional de derechos humanos.
El punto seis crea un conjunto de mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, empezando por una comisión integrada por el Gobierno, las Farc y los cuatro gobiernos que acompañaron las negociaciones de La Habana.
¿Por qué creen los partidarios del No que lograrían un acuerdo mejor?
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
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