José María Carbonell,
Cambio Total.
La retrotraída al pasado
Constitución del 91 establece en su Artículo 22 de
la Constitución que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”. Es por tanto obligación del presidente de la República
garantizar este derecho, al igual que todos los funcionarios estatales, sin
excepción, tienen la obligación de garantizar el libre albedrío de éste
derecho.
Si la Constitución fuera un Tratado
de Paz no veríamos los ataques al Proceso de Paz de La Habana y todos los
funcionarios entrarían de lleno a defender éste propósito nacional. Mas la
Contitución del 91 no es ningún Tratado de Paz y el Bloque de Poder Dominante
se ha escindido en dos bandos de acuerdo con sus intereses particulares e ideológicos.
El presidente Santos lidera un bloque
que adelanta conversaciones en la Mesa de La Habana –de acuerdo con su posición
de buscar la Paz porque el Estado no tiene capacidad para vencer a las FARC-EP-
para lograr una salida negociada dialogada a la guerra oligárquica que ya lleva
más de 52 años y ello ha generado
resistencias en el otro sector liderado por el procurador Alejandro Ordóñez y
el narco-paramilitar No 82 ex-presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, los
cuales han sido llamados los “enemigos de la Paz”.
Si el presidente está cumpliendo su
obligación constitucional no se entiende por qué tiene que estarle rindiendo
pleitesía a los “enemigos de la Paz”. El procurador Ordóñez está en contravía
de sus obligaciones constitucionales y debería ser destituído por las
autoridades judiciales que deben juzgar el proceder anti-constitucional del
procurador. Mas vemos una enorme paquidermia estatal ante los desafueros del
procurador, igual actitud adoptada ante todos los delitos cometidos por el
narco-paramilitar No 82 ex-presidente Uribe Vélez antes, durante y después de
ser presidente.
A menos, claro está, que todo sea una
estrategia del “bueno y el malo” para mostrarle a las FARC-EP la dificultad que
tiene “torear” al sector de los “enemigos de la Paz” y ablandarlas en la Mesa
de La Habana. No olvidemos la capacidad de jugador de poker del actual presidente.
La trapisonda ha
sido siempre la manera de proceder de las élites en el poder.
Para
corroborar ésta hipótesis vemos que en una inaudita manifestación del sector
troglodita, retardatario y confesional se unen procuraduría, sectores
políticamente atrasados e Iglesia, la cual de igual forma como durante ”La
Violencia” de los años 48-58 del siglo pasado utiliza los púlpitos para
exacerbar el odio entre los colombianos. Incluso el Nuncio –un diplomático de la Santa Sede- participó de esa
marcha.
Si Santos no se pellizca y procede a
defender con todo el Proceso de Paz éste tomará un rumbo inesperado y concluirá
en el más estruendoso fracaso, más grande que el fracaso de Pastrana, el cual
con la re-ingeniería de las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales no
pudo vencer a las FARC-EP con el Plan Colombia y a lo que condujo fue a la Mesa
de La Habana al tener el Estado la certidumbre que a las FARC-EP no las podían
vencer como vencieron al Capo del narco-paramilitar No 82, “don” Pablo Escobar
Gaviria, porque las FARC-EP son un ejército con sólidas bases populares.
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