El exsecretario de Integracion Social del alcalde Petro, Jorge Rojas, analiza el manejo “equivocado de Peñalosa”
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Se rompió la confianza entre el Distrito y los habitantes de calle. Tras el desalojo del Bronx (que era necesario e inminente) se priorizó la acción policial hasta el punto de convertir este drama social en un asunto de orden público y seguridad con serias implicaciones humanitarias y de derechos humanos. El resultado: desaparecieron los Centros de Atención Médica a personas drogodependientes (CAMAD) y se resquebrajó la política de prevención, protección y atención en los centros de Integración Social. Así mismo, se provocó una profunda desconfianza entre ciudadanos habitantes de calle y las autoridades. La respuesta del Gobierno Distrital es quejarse ante la Corte Constitucional porque no puede obligarlos a ingresar a los centros de atención en virtud de una sentencia del alto tribunal.
Pretenden modificar el espíritu garantista de la Constitución para justificar un fracaso. Y si ese exabrupto fuera posible, es evidente que no hay lugares ni presupuesto para recluir por la fuerza a unos doce mil habitantes de calle que deambulan por la ciudad, a veces como zombis, a veces como vándalos. El problema central es el control de los habitantes de calle por parte de grupos de mafias dedicadas al tráfico de drogas en la capital. Queda claro, después del desmantelamiento del Bronx, que el control de los narcos no es solo territorial, es también social y los habitantes de calle, que llegan a esa situación por adicción, discriminación, pobreza extrema o voluntad propia, son el primer y más débil eslabón de esa cadena criminal. Hoy ese control social se afianza, mientras se multiplican los lugares de expendio ilegal de drogas por toda la ciudad. Los narcos, a través de sus lugartenientes, controlan la voluntad de las personas adictas mediante el suministro de bazuco, una sustancia que, además de adicción, afecta las funciones cognitivas, deteriora la salud física y causa comportamientos violentos en circunstancias de abstinencia.
El negocio lo regula el delito, es decir, robos, asaltos, atracos y demás crímenes que cometen las personas adictas para tener acceso a dinero que les permita comprar droga y así satisfacer su afán y necesidad de consumo. Los habitantes de calle también son utilizados para ganar nuevos consumidores entre niños, niñas y adolescentes en parques y en inmediaciones de instituciones educativas. En recompensa reciben “vichas” (bazuco) para calmar su ansiedad y necesidad de drogarse y, de esta forma, también los traficantes controlan la voluntad del habitante de calle y aseguran la expansión y “sostenibilidad” de su negocio criminal. Así, todo el dinero termina en manos de grandes narcotraficantes cuya prosperidad, por supuesto, esta asociada a la ilegalidad y a la corrupción. ¿Cómo romper este círculo vicioso? En la Bogotá Humana propusimos crear centros regulados de consumo y le pedimos al gobierno nacional expedir una norma para permitir que, bajo control medico, el Estado permita, regule y, en casos necesarios, suministre drogas para controlar la ansiedad que provoca el síndrome de abstinencia.
Es decir, asumir la drogadicción como un asunto de salud pública que contribuya a reducir el daño, a romper el vínculo de estas personas con las mafias y el delito, a la rehabilitación con inclusión social y programas de terapia ocupacional. Esta vía, ha sido probada en ciudades como Vancouver en Canadá que concentró los esfuerzos de la policía en atacar a las mafias en vez de perseguir a los habitantes de calle. El presidente Santos estuvo de acuerdo pero la norma nunca se expidió y la nueva administración en Bogotá desechó la iniciativa. El paso posterior ya se conoce, se intervino el Bronx para mostrar contundencia en “seguridad”, “limpieza” y “orden” y, al mismo tiempo, para dar paso a una propuesta inmobiliaria de renovación urbana, tal y como ocurrió años atrás con la demolición del Cartucho. No obstante las advertencias, el gobierno de Bogotá desestimó los efectos de esta intervención en términos sociales y de derechos humanos y el problema de desbordó en varias localidades de Bogotá. Peñalosa también desechó el proyecto “Ciudadela Humanidad” una propuesta orientada a prevenir, proteger y atender la drogodependencia cuya construcción se proyectó en el mismo “infierno” del Bronx al que llegaron los habitantes de calle por situaciones de discriminación, pobreza y adicción (intervención en el Bronx sin expulsar a los habitantes de calle, con inclusión y rehabilitación).
Hoy la realidad es otra. Hay una declaratoria de guerra a los habitantes de calle mientras los narcotraficantes mantienen, sin muchas preocupaciones, su negocio criminal. El miedo ronda la ciudad, retorna la idea de “limpieza social” y se siente en el ambiente que desapareció el enfoque de derechos que guió la política de Bogotá Humana. En pleno proceso de paz se habla en la capital del país de desplazamiento forzado, violación de DD.HH y crisis humanitaria, como en los tiempos de mayor recrudecimiento del conflicto armado en el país. Es hora de actuar con sentido y criterio de ciudad para hacer frente a esta emergencia social. Se necesita una estrategia multidimensional, concertada en términos de política pública, articulada en el nivel distrital y coordinada con el gobierno nacional para superar esta crisis que tiene el tic tac de una bomba de tiempo.
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