Escrito por Timoleón Jiménez - FARC-EP.CO
Resultan payasada las declaraciones de la ultraderecha según las cuales siempre se opusieron al nuevo aumento de impuestos
Como una santa inocentada, el gobierno nacional sancionó la reforma tributaria el pasado 28 de diciembre, tras una intensa polémica, dejando en el aire la sensación de que ninguno, ni siquiera el Ministerio de Hacienda que la presentó, quedó plenamente satisfecho con ella. Las críticas brotaron de uno y otro sector, aunque al final la mayoría pareció concluir que se trató de un mal necesario, al que de todas formas hay que resignarse. Otro sapo que tendrá que tragarse el país.
Lo peor es el ruin aprovechamiento político que ha querido obtenerse de ella, para volverla contra el proceso de paz en curso en general y contra las FARC-EP en particular. En ambos casos con fundamento en el falso y manoseado argumento de que existió un acuerdo tácito entre el gobierno nacional y nosotros, a objeto de conseguir la aprobación de la misma. Nada más lejano a la verdad. Las FARC jamás consentiremos el menor asalto al bolsillo del pueblo colombiano.
No es cierto que con el recaudo que se piensa derivar de la reforma tributaria aprobada se pretenda satisfacer la suma de recursos requerida para satisfacer los requerimientos fiscales surgidos de los Acuerdos de La Habana. Desde la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2017 quedó claro que el gobierno nacional carecía de la menor voluntad de destinar recursos nuevos para ello, la paz quedaba sin los fondos necesarios y el gobierno lo sabía.
La motivación real para la reforma tributaria obedeció a otras prioridades, el enorme déficit fiscal originado en el bajón del precio de las materias primas y el aumento del servicio de la deuda pública, perverso instrumento de financiación estatal instituido en nuestro país por imposición del gran capital transnacional. Los impuestos al grueso de la población aumentaron por exigencia del FMI y la OCDE, entidades multilaterales de crédito, que amenazaron incluso con bajar la calificación de la deuda colombiana en el mercado crediticio internacional.
Situación que no es nueva en la economía del país y que además no sólo victimiza a Colombia sino al conjunto de países dependientes, gobernados por una élite casada hace más de tres décadas con el modelo neoliberal de economía. De acuerdo con éste, lo menos importante en cualquier nación es el gasto social, que debe ser reducido al máximo, a objeto de garantizar la cuota de ganancia del gran capital financiero y extractivo urgido de reproducirse.
La más reciente reforma tributaria de Santos reproduce en circunstancias nuevas la misma exigencia hecha y satisfecha por las administraciones de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria, y se suma a las sucesivas e incesantes privatizaciones de entidades y servicios públicos, las repetidas desregularizaciones financiera, aduanera y laboral y los centenares de miles de despidos decretados en las últimas décadas, que apuntan a la abolición de la intervención estatal en bienestar social, condenando a la pobreza y la miseria a millones de seres humanos que tienen que rebuscarse la vida como puedan para además pagar más impuestos.
Es por eso que resultan payasada las declaraciones de la ultraderecha según las cuales siempre se opusieron al nuevo aumento de impuestos. La profundización del modelo neoliberal ha sido producto de éste y todos los gobiernos que lo precedieron, que entre otras cosas también confirieron una excesiva y creciente tajada del presupuesto nacional a la guerra, a la llamada defensa nacional, al aparato de represión cuyo único papel real ha sido la persecución, el crimen, el encarcelamiento y el terror de esa inmensa masa de la población colombiana movida a la inconformidad y la protesta contra el permanente saqueo del país y su trabajo.
Que no vengan ahora como fariseos a pretender lavarse la cara y a mostrarse como los únicos que pueden salvar a Colombia del actual desastre que ellos han tejido. Los mismos rostros de los Santos y Cárdenas, con el mismo equipo de técnicos formados en las inhumanas teorías de escuela de Chicago, se han estado sucediendo en el manejo de la economía nacional en todos los últimos gobiernos, con sumisión indecente a las entidades crediticias internacionales, que primero les imponen y luego los aplauden para volver a exigirles de nuevo.
Ni siquiera en el llamado Presupuesto para la Paz del año 2017, pese al inminente Acuerdo Final con las FARC, se contempló una mínima reducción del gasto militar, dejando a la luz pública la intención de mantener el aparato de sometimiento de la población. Antes por el contrario, con dinero pagado por impuestos de los colombianos, se piensa enviar tropas colombianas a participar en conflictos en el extranjero que sólo agravarán la situación del país. La cooperación con la OTAN hace parte del mismo paquete neoliberal suscrito por Álvaro Uribe con las siete bases gringas.
Ante semejante panorama únicamente queda una luz al pueblo colombiano, los Acuerdos de La Habana, que de implementarse y cumplirse tal como se suscribieron, permitirán y garantizarán la presencia masiva, activa y transformadora de millones de colombianos en la vida política del país. Por primera vez los colombianos nos hemos hecho a una herramienta legítima, insoslayable desde el punto de vista legal, reconocida y aplaudida por la comunidad internacional, para oponernos frontalmente a las élites y su modelo, y para abrirle paso a un nuevo país democrático y justo.
De ahí la importancia que tiene salir desde ya a defender lo acordado en La Habana, a exigir su implementación inmediata y su cumplimiento estricto. No son Santos ni sus sucesores, ni siquiera sus inspiradores en el campo internacional, los que se van a encargar de materializar lo pactado en el Acuerdo Definitivo. Es el pueblo colombiano, organizado, consciente y movilizado por los grandes cambios el que se encargará de conseguirlo. Es a eso a lo que le teme la oligarquía de nuestro país, por eso atacan y tratan de desconocer lo firmado. Por eso mienten sin pudor.
Sorprende también que desde algún sector de la izquierda se insista en señalar a las FARC como aliadas de Juan Manuel Santos en sus políticas retardatarias, neoliberales y represivas, incluso presentándonos como cómplices de la reforma tributaria santista. Al obrar de ese modo, quizás sin percibirlo, se ubican del mismo lado de la ultraderecha uribista y terminan sirviéndole a sus propósitos de deslegitimar lo acordado en La Habana para echarlo atrás en el futuro. La unidad del pueblo colombiano contra el modelo y sus personeros es una prioridad que no puede ser desconocida bajo ningún pretexto. A todos nos compete salvar a Colombia, vamos a esa.
La Habana, 4 de enero de 2017.
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