El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.
En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.
La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.
Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.
Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisis sobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales. Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito de las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.
Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicas, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.
Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incomoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002. El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.
Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.
Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del ‘crimen organizado’, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.
En conclusión, unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.
En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.
La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.
Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.
Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisis sobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales. Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito de las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.
Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicas, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.
Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incomoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002. El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.
Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.
Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del ‘crimen organizado’, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.
En conclusión, unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.
