Por Carlos Hernán Montoya Suárez - IPC.
El 28 de marzo, en un evento del Parlamento Europeo sobre el seguimiento a la implementación en Colombia de los Acuerdos de La Habana, el asesor jurídico de la FARC, Enrique Santiago, alertó sobre la falta de voluntad del Congreso de la República para sacar adelante las leyes que se requieren para implementar los acuerdos, ya que a la fecha solo han legislado el 10% de ellas.
En ese espacio, integrantes de Marcha Patriótica, la plataforma de los Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO-, representantes del sindicato de la USO y líderes de Voces de Paz, en cabeza de Imelda Daza, expusieron la falta de garantía para la vida de los defensores de derechos humanos, el aumento del accionar paramilitar y la manera como algunos congresistas colombianos legislaron para beneficiar a particulares que se favorecieron de la guerra.
El Instituto Popular de Capacitación –IPC- también fue uno de los invitados en el evento y, siguiendo las alertas frente la falta de voluntad del Congreso para legislar, denunció como algunas empresas y políticos de los sectores mineros y bananeros, que tienen procesos judiciales por haberse beneficiado de la guerra, al parecer incidieron para no responder ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Además la organización anotó que algunas de esas compañías tienen relaciones comerciales con países de la Unión Europea, y expuso casos de dirigentes empresariales señalados de haber financiado no solo paramilitares sino también tienen procesos de restitución de tierra y casos de corrupción.
La incidencia de algunas empresas y políticos que se beneficiaron con la guerra y buscan no aportar a la justicia y la verdad, también la había alertado el representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien afirmó que “el Congreso hizo una reducción de una realidad dolorosa en Colombia, donde hubo empresarios que aprovecharon el conflicto armado para beneficiarse. Pagaron paramilitares para despojar tierra de campesinos y luego ampliaron sus negocios. Aunque entidades del Estado han avanzado en el diagnóstico del tema, lamentablemente ha habido muy pocas sentencias. De manera que pienso que el Acuerdo de Paz complementa el esfuerzo que se ha venido haciendo para esclarecer esta parte de la historia. Pero el Congreso redujo las posibilidades de que la JEP adelante casos de financiación por parte de terceros…”[1]
La visita al parlamento estuvo igualmente acompañada de reuniones privadas con varios eurodiputados quienes se comprometieron hacer seguimiento a las empresas y a los recursos que destinará la Unión Europea.
Adicionalmente se sostuvieron diálogos con varias parlamentarias y miembros del gobierno Belga quienes se comprometieron a tomar medidas en relación a los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia, e igualmente acordaron hacer seguimiento a los recursos destinados por su gobierno para el apoyo al proceso de paz.
Con las organizaciones que integran OIDHACO se articularon también acciones para visibilizar a las empresas que han vulnerado los derechos humanos, la denuncia sobre la muerte de defensores y al tiempo hacer seguimiento la implementación del acuerdo de paz.
Las conclusiones que emergieron de la visita es la realización de una carta firmada por varios eurodiputados para respaldar la continuidad del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el seguimiento a la implementación de los acuerdos de La Habana y la consolidación de una agenda política para mantener el diálogo institucional.
[1] Algunos congresistas actuaron en función de sus intereses: ToddHowland. Diario El Espectador. Marzo 18 de 2017
