Circular
del CPN FARC
Noviembre
18 de 2017
El
fallo de la Corte Constitucional el pasado 14 de noviembre, que lleva por
nombre sentencia C-17 de 2017, declaró exequible, es decir constitucional, el
Acto Legislativo número 1 de 2017 mediante el cual se había incorporado a la
Constitución el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
repetición aprobado en el Acuerdo Final de Paz.
Tal
fallo es sobremanera importante para nosotros, pues aunque se difundió
especialmente lo relacionado con la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, en
realidad la sentencia declaró ajustado a la Constitución todo el sistema
integral, el cual comprende, además de la JEP, la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas, las políticas estatales en
materia de derechos humanos y las medidas de reparación a cargo del Estado.
En su
conjunto esto es un paso adelante en la aplicación del Acuerdo Final, y como
tal merece nuestro aplauso. Lo que sucede es que al fallar la exequibilidad del
Acto Legislativo, la Corte consideró que eran contrarios a la Constitución
algunos artículos relacionados específicamente con la Jurisdicción Especial
para la Paz o JEP, procediendo a reemplazarlos con criterios que riñen con lo
pactado en los Acuerdos de La Habana.
Dichas
criterios ponen en riesgo la seguridad jurídica de los excombatientes y por eso
lo denunciamos abiertamente. Trataremos de explicarlo en términos sencillos,
sin negar que algunos tienen cierta complejidad jurídica:
El
fallo de la Corte acabó definitivamente con la autonomía o independencia de la
JEP con relación a la jurisdicción existente en Colombia. Lo hizo porque
estableció que las tutelas contra las sentencias de la JEP las definirá la
Corte Constitucional, que en todos los casos de conflicto de competencias entre
la jurisdicción ordinaria y las especiales y la JEP, quien decidirá será la
justicia ordinaria y no la JEP, y porque estableció que el régimen
disciplinario de los magistrados de la JEP estará sujeto a la justicia
ordinaria y no a la propia JEP. Con ello modificó los Acuerdos de La Habana.
La
JEP fue prevista en La Habana como un sistema de investigación, juzgamiento y
sanción de los más graves delitos cometidos por todas las personas involucradas
en el conflicto. Se concibió como un sistema autónomo de la justicia ordinaria,
porque si algo ha demostrado la historia colombiana es que esta justicia
siempre fue parte del conflicto, que persiguió con saña a las FARC todo el
tiempo, no haciéndolo así con otros actores gravemente implicados como el
paramilitarismo y los agentes del Estado militares o civiles y los terceros
partícipes de graves crímenes.
Así
las cosas, los fallos de la JEP, su competencia judicial y la conducta de sus
magistrados quedan sujetos en todos los casos a los criterios de esa justicia
ordinaria, lo cual riñe absolutamente con lo que se quiso al crearla en la Mesa
de La Habana. La imparcialidad de la JEP queda así asaltada, sus decisiones
pueden ser revisadas y modificadas por la justicia ordinaria. La independencia
absoluta de la JEP era una condición esencial nacida del supremo interés por la
paz.
Por
otra parte, el fallo de la Corte establece que los agentes civiles del Estado y
los terceros implicados en el conflicto no están obligados a comparecer ante la
JEP, que sus conductas delictivas, por más graves que sean, son competencia de
los jueces ordinarios, a menos que ellos mismos voluntariamente quieran
comparecer a la JEP.
Algunas
implicaciones de esto son que en primer término la JEP termina siendo una
jurisdicción especial creada para juzgar a las FARC y no a todos los actores
del conflicto, lo cual desbarata por completo el sentido que se le dio en el
Acuerdo. Por otra parte, al excluir de la JEP a los agentes civiles del Estado
y los terceros, simplemente se abre la puerta total a la impunidad a su favor,
en la medida en que la justicia ordinaria no ha actuado contra ellos en todos
los años de la confrontación, y seguramente tampoco va a actuar, como lo
demuestran todas las estadísticas.
Las
víctimas de esos crímenes serán burladas con la exclusión que garantiza el
fallo de la Corte a esos agentes. La impunidad para ellos contradice
abiertamente otro de los grandes objetivos que se tuvo al fundar la JEP, que
era precisamente crear una justicia que aboliera la impunidad reinante para los
más graves crímenes cometidos por todas las personas vinculadas al conflicto.
La
parcialidad de la justicia ordinaria está comprobada con los más de quince mil
expedientes por paramilitarismo que reposan en la Fiscalía sin que se adelanten
acciones judiciales, y como si fuera poco con la negativa de los jueces de la
República a conceder las amnistías decretadas a favor de los excombatientes de
las FARC presos en las cárceles del país.
Por
otro lado, la Corte Constitucional dio vía libre a la participación de las FARC
en política, la cual quería ser sometida a toda clase de limitaciones por parte
del Congreso. Acerca de sus inhabilidades o incompatibilidades quien deberá
pronunciarse es la JEP según lo pactado en La Habana. Esto resulta altamente
positivo para nosotros.
El
problema está en que a su vez la Corte ideó una serie de condiciones para tal
ejercicio, que en caso de que llegaren a ser incumplidas acarrearían serias
consecuencias para los nuestros. En primer lugar hay que decir que las
condicionalidades fueron previstas solo para las FARC, con lo que se demuestra
que la JEP se convirtió en una justicia exclusiva para juzgar a estas, pero
además hay que agregar que dentro de las consecuencias que acarrearía una
eventual incumplimiento de las condiciones, puede estar contemplada la
extradición a otros países, cuando esta prohibición fue prohibida en los
Acuerdos y reafirmada por una sentencia de la propia Corte Constitucional.
Vistas
así las cosas de modo general, es fácil concluir que con esta sentencia de la
Corte Constitucional se vulneraron directamente aspectos esenciales del Acuerdo
Final. Obsérvese que el Estado colombiano suscribió un Acuerdo Final de Paz con
las FARC, el que fue refrendado por el Congreso de la República según lo
dispuesto por la Corte Constitucional. Por eso es un acuerdo del Estado y no
del gobierno. La propia Corte Constitucional sentenció recientemente que todas
las autoridades del Estado estaban obligadas a cumplir con los Acuerdos de La
Habana.
Si la
Corte llegase a descubrir que algún aspecto de los Acuerdos reñía con la
Constitución Nacional, por tratarse de un acuerdo del Estado, lo
correspondiente no era pasar a declarar la inconstitucional de esa parte del
Acuerdo, y por tanto abolirla, sino que el Estado procediera a ajustar la
Constitución al Acuerdo firmado, para que este entrase en aplicación sin
problemas.
La
otra cuestión que vino a complicar más las cosas es que la noche del 15 de
noviembre, el Senado de la República, en un acto que fue calificado como una
vergüenza nacional, decidió incluir en la ley estatutaria de la JEP un régimen
de inhabilidades e incompatibilidades
para los magistrados de la misma, que en la práctica impide la posesión de la
mayoría de los ya nombrados, y que impide que quienes hayan sido defensores de
derechos humanos en el país, puedan ser magistrados.
Queda
en evidencia que el Senado ha querido que sólo los defensores del Estado puedan
ser magistrados de la JEP, es decir que los jueces de la JEP sean personas con
una clara posición a favor de la impunidad que ha significado la justicia
ordinaria en Colombia. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los
Acuerdos para tales magistrados no eran otras que las mismas de sus pares en
las altas cortes del país. Al crear otras nuevas se violan los Acuerdos de La
Habana con una intención perversa, defender la impunidad.
Es de
anotar que aún falta el debate en la Cámara para que salga el texto definitivo
de la ley estatutaria, y que luego deberá venir el fallo sobre su exequibilidad
por parte de la Corte Constitucional. Pero creemos que hay razones suficientes para temer que una y
otra instancia no son suficiente garantía para el respeto de lo acordado en La
Habana entre el gobierno y nosotros.
Frente
a todo lo anterior cabe decir que resulta necesario que tanto nuestro partido,
como todo el movimiento popular y democrático en Colombia, encendamos nuestras
alarmas. A casi un año de la firma del Acuerdo Final, tenemos suficiente
conocimiento de los incumplimientos y pretextos del Estado colombiano en la
cabal implementación de lo acordado.
Ahora
se avista en el horizonte un incumplimiento mayor, que apunta a hacer más
gravosas las condiciones para los ex combatientes de las FARC, al tiempo que
las alivia para los demás actores del conflicto. Pero sobre todo, que se dirige
a fortalecer la impunidad reinante en Colombia durante los años del conflicto,
a favor de los terceros y agentes civiles del Estado.
Hemos
hecho frente a tales incumplimientos de manera franca y directa, y es así como
debemos seguir haciéndolo ahora. Es cierto que las clases dominantes, que el
Estado y sus instituciones, tienen el propósito de burlar lo conquistado tras
tantos años de lucha por nosotros. Pero no hay que olvidar que ellos no están
solos en el escenario, que nosotros y el movimiento social y popular también
hacemos presencia, y que por tanto las cosas no serán como ellos las quieren.
Nuestra respuesta y nuestra lucha también cuentan. Y la idea es hacerlas valer.
Existe
en nuestro país un acumulado social y popular en favor de la paz y por tanto
debemos ponerlo a jugar en defensa de lo pactado y conquistado en los Acuerdos
de La Habana. Contamos también con un acumulado internacional que está del lado
de la solución política. Debemos por tanto ponerlo a trabajar en función de que
el grandioso anhelo por la paz en nuestro país se convierta en una realidad. No
vamos a echar atrás, el Estado colombiano o cumple o cumple.
Nuestros
pronunciamientos de denuncia a escala nacional e internacional deben crecer
aceleradamente con el propósito de desenmascarar la real voluntad de burlarnos
por parte del Estado. Insistiremos en una reunión de urgencia con el Presidente
Juan Manuel Santos, para poner de presente nuestro enérgico rechazo a lo
sucedido, a la vez que para presionar la debida atención a nuestros
requerimientos y exigencias en cuanto al cumplimiento de la palabra
comprometida.
Los
garantes y observadores internacionales de la implementación de los Acuerdos
deben ser informados y movidos a pronunciarse. José Mujica y Felipe González
deberán ser convocados a una reunión de urgencia. Activaremos todas las
instancias nacionales e internacionales de acompañamiento. Las embajadas en
Colombia de todos los países deben ser informadas sobre la gravedad del momento
que vivimos en nuestro país.
Implementaremos
las acciones jurídicas de cumplimiento que consagra la legislación colombiana,
para lo cual impulsaremos la acción de nuestro equipo jurídico.
Nos
corresponde propiciar citas y encuentros con distintos movimientos políticos y
sociales, con las iglesias, la juventud, las centrales obreras, las
organizaciones campesinas, afros e indígenas, con los movimientos femeninos y
de género y en general con todo el movimiento popular en busca de su
pronunciamiento y movilización a favor de la paz y el cumplimiento de los
Acuerdos, en la idea de ir articulando una gran protesta nacional contra lo que
pretenden el Estado y los enemigos de la paz.
Promover
el próximo 24 de noviembre, fecha de aniversario del acuerdo, un gran acto de
conmemoración y defensa de lo pactado, dejando constancia de los
incumplimientos del gobierno y las otras instituciones del Estado.
Elaborar
y presentar a la opinión nacional e internacional un memorial de agravios que
recoja nuestro sentir y el del movimiento popular con relación a los temas de
la paz y los Acuerdos.
Nuestro
propósito debe ser consolidar los espacios alcanzados hasta hoy,
profundizándolos y poniéndolos al servicio de la causa de la implementación
total de lo acordado. Debemos llevar un mensaje de lucha a nuestros militantes,
nuestras masas y el pueblo en general. Aquí nadie está rendido ni vencido,
entre todos podremos conquistar definitivamente nuestro sueño.
Debemos
tener presente que si el adversario de clase y su Estado se muestran audaces en
su obsesión por incumplirnos, es porque ven debilidad en nosotros. Nuestra
fuerza reside en las masas, en el pueblo en las calles, movilizado por sus
derechos. Eso implica un enorme esfuerzo de parte nuestra, un proceso que
estamos en mora de emprender. A eso debemos dirigir, organizadamente, la mayor
parte de nuestra actividad.
Sin
olvidar ni por un momento que el pesimismo, el derrotismo y los
llamados al fracaso, que tanto daño nos hacen porque desmoralizan y
desmovilizan nuestra gente y nuestro pueblo, únicamente son útiles a las
intenciones de las clases en el poder. La situación es difícil, cuándo no lo es
para los revolucionarios. Pero debemos afrontarla con la moral en alto, solo
así venceremos.
Con
un abrazo para todos y un beso para ellas,
CONSEJO
POLITICO NACIONAL DE LOS COMUNES
FARC
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