Tres profesionales del derecho están en la mira de la justicia, porque con sus actuaciones se convirtieron en gestores de “demandas infundadas” y de un “cuestionado” fallo judicial con perjuicios para el Estado que superan los $45 billones de pesos. Si un billón son un millón de millones de pesos, convertidos en dólares daría 1 billón 499. 850 mil dólares (US$ 1´.499.850.000 dólares). Pero como el papel aguanta con todo, esa sería la astronómica suma que tres abogados colombianos, en diferentes regiones del país, infringirían a los fondos del Estado colombiano. Esa es la presentación que hace La Agencia de la Defensa Jurídica Nacional del Estado (ADJE), entidad pública creada por Decreto 4081 de 2011; cuyo director es Luís Guillermo Vélez Cabrera. Entre sus funciones burocráticas está la de acordar los protocolos de defensa en favor de los intereses del Estado y la Nación colombiana; sin tener la capacidad de representación como parte procesal, si no, digamos, como soporte logístico al séquito de abogados, que, por servicios profesionales exclusivos, en casos de resonancia nacional, ostentan la representación legal. Sabido es, que existen al servicio de los municipios colombianos, 4.700 abogados de planta. Que, en el DC, de Bogotá, existe una Oficina Jurídica de Defensa del Distrito. En principio deberían estar supeditados a esa Agencia Nacional; pero, la realidad, es que así no sucede.
ANTECEDENTES. - Durante el primer periodo del gobierno de Uribe Vélez, se conformó la Corporación Verdad y Justicia, con fondos del desaparecido DAS, cuyo objetivo “es crear una organización no gubernamental que defienda los interés del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington, por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley.”.
También aparecía entre sus planes la creación del Colectivo de Abogados Simón Bolívar, con manejo de imagen en una página web, con el objetivo de crear una ONG que defendiera los interese del Estado colombiano contra las demandas que se tramitaban en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. “Estas dos organizaciones también funcionaron como fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas "ONGs."”. Citas tomadas de Caracol Radio, En el folio 176 de la carpeta 53 de 2004,y en la que “aparece una carta abierta firmada por la Corporación Verdad y Justicia en la que se rechaza el compromiso del gobierno para pedir perdón a las víctimas por la masacre de la Rochela...”.
En esa Carpeta, contentivas de los documentos del DAS, se indica que esa corporación y ese colectivo lo financiarían colombianos en el exterior, siendo, a principios de 2004, el núcleo de apoyo, Rafael Nieto Loaiza, quien dejaba el cargo de ministro del interior y justicia, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y también José Miguel Narváez, subdirector del DAS, durante la titulación de Jorge Noguera. Posteriormente se descubriría todo el llamado escándalo de las chuzadas a los teléfonos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a sus llamadas nacionales e internacionales, en desarrollos de sus intercambios judiciales. Las repercusiones de la llamada “operación internet” contra refugiados políticos y exiliados en Europa, fue otro de los pasajes contra la estigmatización de defensores de derechos humanos en el exterior, materializado en el Informe Berrocal, en Costa Rica, en el que el ministro del interior costarricense, centró un debate, abortado, en la Asamblea Nacional, contra refugiados y exiliados políticos colombianos, en imaginario contubernio con los dirigentes del partido político de izquierda, Frente Amplio; como también de la dirigencia sindical costarricense, haciéndoles aparecer dizque como miembros de células internacionales de las Farc-ep. Ello le valió la destitución fulminante al ministro Berrocal, por parte del presidente Arias.
Continuación de un comportamiento paraestatal.
Al imaginario nacional colombiano del “mal necesario” de los abogados, le agregan, que existen carteles de contratación y de litigantes, dedicados en demandas contra el Estado. Luís Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ADJE), los sindica de industria de abogados, dedicados a esquilmar al Estado, calificándolos de perversos abogados; asimilándolos con la figura de intermediarios, conocidos en la jerga popular como “tinterillos”; que se benefician de trámites jurídicos; desinformando a sus clientes para que los sigan, inventándose requisitos y que viven de eso. De manera que ante el paradigma de “mal” de los abogados; el paquidermo funcionario burocrático, profiere una sentencia breve, contra la sagrada profesión del abogado, como “bien necesario” de la sociedad. Su función la dedica de tiempo completo, a proferir acusaciones disciplinarias contra abogados litigantes, ante la siempre cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en miras a obtener la exclusión de abogados del ejercicio profesional y “con fallos ejemplarizantes” la destitución de jueces por proferir sentencias contra la Nación. Asume el director de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, las funciones de organismo de control en la supervisión de entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Se erige en Contralor, puesto que las demandas contra el Estado, al ser incorporados, por norma fiscal, como potenciales pasivos o acreencias del Estado a futuro, afectan las notas que las calificadoras de riesgo le otorgan al país y en lo genérico, de pérdidas para la acción social. Erige, toda una cruzada justiciera de batalla jurídica contra abogados y jueces en el asunto de demandas y fallos millonarios contra el Estado; jactándose de la destitución de 19 jueces y 1200 abogados sancionados. Pero, en neto, oculta con esa “rambonadas”, otra de las grandes venas rotas de la corrupción estatal: la ineficiente defensa jurídica al Estado; las impunes actuaciones de los defensores de la integridad de la Nación en recientes fallos adversos contra la soberanía nacional en Tribunales Internacionales; el contubernio Estado- empresas, en la danza de la galopante corrupción. Llama perversos a los abogados litigantes por las 500 mil demandas existentes contra el Estado, por las causales de responsabilidad jurídica contractual y extracontractual, en la violación de los principios universales del derecho laboral, en cuanto a lo prestacional y pensional y al fin primordial de la salud, hoy detentado por las mafias blancas del capital privado expoliador. Califica de inescrupulosos a los abogados litigantes que colocan el dedo en la llaga por la constante del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), rampante y permanente, que merece el repudio de toda la sociedad. Pero calla, cuál sepulturero sudoroso y silencioso, ante la emergencia humanitaria por el estado de la población desplazada interna. Callan y no actúan, en acciones de lesividad para el Estado, en el escandaloso monto del robo a las entidades públicas; por solo mencionar algunas:
1. Reficar: 8 billones de pesos, cuando en 2006, el gobierno oscuro de Uribe Vélez abrió la licitación para buscar un socio estratégico que le permitiera a Ecopetrol ampliar la Refinería de Cartagena.
2. Foncolpuertos: 2,3 billones de pesos. Durante el gobierno de Gaviria se premedita, con ayuda del sindicato blanco, creado e impulsado por la patronal estatal, para armar toda clase de demandas contra el Estado; de doloroso reconocimiento por lo que ello significó para la lucha del sindicalismo revolucionario colombiano y que benefició, por obviar citar a algunos de los orangutanes, con saco leva, de la clase politiquera colombiana: congresistas, ex contralores, ex ministros de Hacienda, ex magistrados, ex gerentes liquidadores de Foncolpuertos; así como a la campaña política de Horacio Serpa.
3. El escándalo de la Represa del Guavio: 2 billones de pesos. Por el retraso en su terminación y la inclusión de enormes sobrecostos. Y saber que ni un día de cárcel pago Fabio Puyo Vasco, de la oligarquía militarista en el poder, por el caso del Guavio.
4. Los 40 ladrones de Ali Baba, quedan cortos, ante los delincuentes de los desfalcos de Caprecom: 559.2 millones. Saludcoop: 1.7 billones. Coomeva: 140 mil millones. Entidades de salud creadas por la Ley 100 de 1993, que privatizó y comercializó la salud en Colombia, gracias al Mesías: Álvaro Uribe Vélez. En menos de 15 años, Carlos Palacino, creo un emporio de salud, que mueve 2.5 billones al año y supedita y subyuga a más de 4 millones de usuarios. Terminó en el banquillo de los acusados… y nada que pasa de las denuncias por irregularidades en la concesión de contratos, desvió de recursos de salud, etc. El gran jefe Pluma Blanca, como ex mandatario, quien conserva información sobre todos los asuntos del Estado y los pone al servicio de la extrema derecha militarista, en contravía a la Paz y los Acuerdos de La Habana, en Colombia, lógicamente que sabrá entre cuales congresistas fue repartido y sigue repartiéndose, el botín de la saqueada EPS estatal y el manejo privado de los medicamentos.
5. Las estafas en Transmilenio: 26.250 millones. Si una tarjeta clonada en $30.000 pesos, la vendían en $15.000 pesos.
6. El desfalco en el tercer carril de cuarta generación (4G) de la vía Bogotá-Girardot, asciende a 170 mil millones; ¡en la que Vargas Lleras, centra la investigación, en los procesos de licitación y no en las responsabilidades políticas y penales de sus conmilones, glotones insaciables, de barajas clientelistas!
7. Agro Ingreso Seguro (AIS): 12 mil millones. Como programa bandera de la horrible noche Uribeña, dizque para entregar subsidios a agricultores colombianos, concluyendo en la condena al prófugo Arias, ministro estrella de la inseguridad democrática; sin asomo de reintegro de peso alguno por acción de lesividad a favor del Estado. Peor aún, esa flamante Oficina Jurídica de Defensa del Estado, no avizora el elefante blanco que irrumpe con la constitución de las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural) que unió a Santos y a Uribe, en intereses a favor de los terratenientes y capital de invasión de “inversionistas” extranjeros y en contra de la implementación de los Acuerdos de La Habana, para el cumplimiento de la Reforma Agraria Integral (RAI). Implica el manejo clientelista de siete millones de hectáreas de baldíos, en desmedro de tierras útiles para el campesinado. Puesto que, a una oficina para la defensa de los intereses del Estado, le incumbe la previsión de actos y hechos de la Administración, bajo la lupa de las acciones de lesividad para la defensa poblacional de ese Estado. A manera de corolario: como si el problema de defensa de los intereses del Estado fuera el auxilio de un salario, inferior al mínimo legal a los gloriosos ex combatientes de las Farc-ep y que, por ser hoy desarmados, pesa en la conciencia de la sociedad civil la defensa e integridad personales y el ejercicio de sus vidas.
Al igual que se penaliza la protesta social
En el entorno de violación de los derechos humanos; la perenne actuación de grupos paramilitares, en campos y ciudades, incluido el Distrito Capital; sumado al estado de cosas inconstitucional (eci) de afortunado abordaje por parte de la Corte Constitucional (CCC), corresponde resaltar el cuadro de situación humanitaria de la población desplazada interna (PDI). Tampoco hubo campanas al vuelo por el significado histórico y político de la entrega de armas el pasado 27 de junio de 2017. Mezquinamente la dictadura mediática imperante en Colombia difunde versiones mentirosas sobre el arsenal de las desmovilizadas farc. Engañan a la opinión popular sobre la verdad de Perogrullo: es más difícil acabar una guerra, que iniciar otra, cuando las condiciones objetivas que la hicieron surgir no cambian. 16 campesinos en Marquetalia, con fusiles de la Guerra Civil de los Mil Días, le arrebataron al ejército colombiano, buena parte del arsenal entregado a la ONU.
La guerra civil en espiral en Colombia será una constante en la medida que no se solucione políticamente el conflicto armado interno con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los reductos del Ejército Popular de Liberación (EPL), que no solo opera en el Catatumbo y Sur del Cesar, sino que registra acciones en el occidente colombiano. En esa medida crece la población desplazada interna y la necesidad que por ellos aboguen disciplinados profesionales del derecho. Hoy el cuadro humanitario de abandono a la reparación de las víctimas se centra en los estrados judiciales. El Jurista argentino, Ernesto Moreau, señala preocupación por la imposibilidad de las victimas a constituirse como parte civil querellante- contra el Estado colombiano- en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
De inconmensurable califico el trabajo de los litigantes colombianos en la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Colombia. Por ello la penalización que implementa la Oficina Jurídica del Estado, colocando en la picota pública a abogados litigantes y al escarnio las sentencias condenatorias contra el Estado, genera una lamentable prevención en la administración de justicia: lo conocido en la jurisprudencia argentina como la pusilanimidad judicial, consistente en que pese a que el juez, o auxiliar de la justicia, cuenta con todos los elementos para fallar, tarda, o no lo hace conforme a derecho.
Tan preocupante la persecución a los abogados litigantes en Colombia, que traigo a colación cita del CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina:
"El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física". Referente a la judicialización de la protesta social. (p. 24).
Por respeto a los lectores, en próximas entregas abordaré temas como: Comentarios a la Sentencia de la Corte T- 025 de noviembre de 2004. Lo de Litigio Estructural. De Los Juicios de Exclusión. El peligro del Activismo Judicial.
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