En los últimos dos años, cada tres días en promedio, un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado. En 2015, CERAC contabilizó 105 asesinatos. En 2016 la cifra pudo ser más alta; algunos medios hablaron de 116 muertes. Y sólo desde la aprobación por el Congreso del acuerdo de paz han sido asesinados 17 líderes sociales.
Estas cifras son dolorosas pues detrás de cada muerte hay un drama humano profundo. Y son cifras preocupantes pues podríamos estar repitiendo un patrón, que puede ser resumido así: los esfuerzos por lograr la paz con las guerrillas o por realizar reformas democráticas, cuando son significativos, como sin lugar a dudas lo son el acuerdo con las Farc y las conversaciones con el Eln, se han acompañado de un incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales, en general de izquierda.
Muchos estudios han evidenciado este patrón antidemocrático de la democracia colombiana, conforme al cual, las aperturas democráticas y los avances de nuevas fuerzas políticas, en general de izquierda, son violentamente cerrados por un aumento de la violencia contra los líderes sociales desplegada usualmente por grupos paramilitares. El ejemplo más dramático es sin lugar a dudas el genocidio contra la UP. Pero infortunadamente no es el único.
No es posible referenciar todos estos estudios, por lo cual cito solamente el trabajo más reciente de calidad que he leído sobre el tema: el análisis econométrico de Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (La verdadera maldición del ganador) de los Andes, quienes con una rigurosa prueba estadística muestran que, entre 1997 y 2014, la elección de nuevas fuerzas de izquierda a nivel local produjo un incremento significativo de los ataques violentos paramilitares en esas zonas. Los autores concluyen que esto expresa “una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de jure de los grupos tradicionalmente marginados”.
Esta trágica historia no puede repetirse. Estos crímenes tienen que ser evitados no sólo por el dolor humano que provocan sino porque están en juego la suerte de la paz y la democracia. No podemos permitir que los avances de la paz y las reformas democráticas que deberían surgir de estos procesos sean bloqueados por el incremento de la violencia contra los líderes sociales. Obviamente corresponde al Estado la principal responsabilidad para prevenir y sancionar esos crímenes. Y por ello son inaceptables ciertas declaraciones de altos funcionarios estatales, como el ministro de Defensa o el fiscal general, que niegan la extensión y gravedad de estos crímenes. Pero este desafío nos interpela también a todos como ciudadanos. Debemos rechazar masiva y enfáticamente la violencia contra los líderes sociales, independientemente de si sus sensibilidades políticas son o no las mismas que las nuestras. Debemos construir un frente político y social vigoroso contra esos crímenes que, por usar el título del informe del grupo de memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano, diga: ¡Basta Ya!
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny
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