Pareciera que el gobierno quiere con la
supervaloración del triunfo del No imponer
lo que no logró en la Mesa de La Habana y mucho menos en el campo de batalla.
Definitivamente que con la supervaloración del triunfo del
No por 50 mil votos se llegó a la Renegociación del Acuerdo Final
alcanzado en la Mesa de La Habana. Hay varías conclusiones que extraer de la ”nueva”
situación.
Primero, se valora el triunfo del No como si no hubiera un
empate técnico entre el No y el Sí y se pretende trasladar ese ”triunfo” a la ”nueva”
Mesa de La Habana tratando de imponer a las FARC-EP las locas propuestas de un
sector del No. De allí la férrea posición de las FARC-EP en algunas de las
propuestas, las cuales son el meollo de lo alcanzado en la Mesa de La Habana.
Resaltamos la enorme disposición de los delegados de las
FARC-EP y del Gobierno para ajustar el Acuerdo Final. No es que sea imprescindible
alcanzar un ”Nuevo Acuerdo Final”, si no que es necesario reajustar el Acuerdo
Final alcanzado y rubricado por las dos partes, de donde se deduce que es
imposible cambiar cuestiones de fondo en los puntos más sensibles y ajustar los
puntos posibles como en el campo de la Reforma Rural Integral (RRI), que avanza más rápidamente porque allí la
cuestión es de precisión de algunos puntos, al igual que en el de Enfoque de
Género.
En los otros puntos, el de Participación Política, la cuestión
es clarificar que la participación política de las FARC-EP y sus miembros no
depende de dávidas entregados por el gobierno, sino que han sido ganadas a
punta de fusil en el accionar militar de la guerrilla en los 52 años que ha
durado la Confrontación o guerra interna.
La JEP será la que defina lo relativo a los delitos y su
calificación como de Lesa Humanidad, bajo nuevos parámetros para alcanzar la
Paz y no por la rigidez de normas producidas por regímenes capitalistas, neoliberales,
que quizás ellos mismos deberían aplicarse las normas que ellos legislan, y por
ello no se puede aplicar la legislación del estado colombiano ya que es una
legislación de guerra de una de las partes y requiere entonces una nueva visión
legal, una visión de Paz a fin de alcanzar precisamente el objetivo de la Paz.
El punto de la Jurisdicción Especial
de Paz
que, como su nombre lo indica, es Especial ya que el estado colombiano al
decretar la Guerra interna en 1964 excluyó del ordenamiento jurídico a las FARC
en lo relativo a sus derechos, mas sin embargo persistía en aplicarle su
legislación de guerra, adecuada a lo largo de éstos 52 años de guerra. Sería
entonces esa JEP la encargada de administrar justicia a los guerrilleros de las
FARC-EP y le daría mayor confianza a la guerrilla dado su natural reticencia
ante la jurisdicción de guerra estatal.
Desde luego, el punto de la JEP es nodal ya que es un
contrasentido llegar a un Acuerdo Final para alcanzar la paz estable y duradera,
después de casi 5 años debatiendo, para ir a dar con los huesos a la cárcel, ya
que todos sabemos las artimañas legales que sacan del sombrero los encargados
de la justicia –una rama del Estado- cuando de aplicar justicia a ”los de ruana”
se trata, mucho más cuando de guerrilleros se trata como le ejemplifica el
actual estado de 10.000 prisioneros políticos en el país.
Sobre el punto del Narcotráfico no puede estar más
claro. Las
FARC-EP no son, ni han sido, narcotraficentes. Ellas cobraban un impuesto de gramaje, igual a cobrado
por el propio estado a las transacciones adelantadas por los narcotraficantes
en las ciudades y campos al adquirir mansiones y grandes extensiones de tierra.
Es más, se dice que el más grande beneficiado del narcotráfico ha sido el
sector financier colombiano, el cual le importa un “bledo” la procedencia de
los dineros que entran a sus arcas.
Es importante entonces
ubicarse en la realidad. Esa realidad nos muestra un Acuerdo Final alcanzado y
rubricado por los dos partes, Gobierno y FARC-EP, que está en fase de Renegociación,
cediendo en lo que es posible ceder y reafirmando cuestiones de principios, mas
todavía –por ahora- no se ha iniciado la fase de Implementación y hay una
guerrillerada –todavía con sus fusiles en las manos y no vencida militarmente- a
la espera del Acuerdo Final y Definitivo que conduzca a empezar a construir la
paz enColombia.
Esa espera está
condimentada con las movilizaciones populares, los campamentos de la Paz, y
otras manifestaciones populares, que muestran que las FARC-EP no están solas en
su lucha y, además, muestran la enorme aceptación que tienen las propuestas de
los guerrilleros, plasmados en el Acuerdo de La Habana, con logros tan
importantes que fueron negados por la élite en el poder durante más de 52 años
e hizo necesario llegar a una negociación, impulsada desde la parte estatal por
la imposibilidad de vencer militarmente a las FARC-EP, ni siquiera con Plan
Colombia y gringos involucrados en el Conflicto colombiano, y por parte de las
FARC-EP en su política de Paz.
Por todo lo anterior,
estamos seguros las delegaciones alcanzarán los mejores acuerdos posibles para
el bien del pueblo colombiano –víctima de una excluyente guerra injusta- y por
el bien de todo el país.
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