Por María Jimena Duzán, revista semana.
Al leer todas las propuestas hechas por los grupos que lideraron el No queda claro quiénes son los que están renegociando con el ánimo de construir sobre lo ya acordado y quiénes lo están haciendo con la intención de sabotear.
Las propuestas hechas por el expresidente Andrés Pastrana y por la exministra Marta Lucía Ramírez se podrían ubicar en ese primer grupo porque están planteadas desde la orilla de la sensatez, así muchas de sus preocupaciones en el tema agrario me parezcan exageradas. (Para el expresidente el hecho de que este acuerdo hable de impulsar la economía comunitaria o campesina sí cambia el modelo agrario del país, porque le pone linderos inadmisibles a la iniciativa privada).
En donde hay más consensos es alrededor de la justicia transicional, la nuez de lo acordado en La Habana. Ambos avalan la arquitectura sobre la cual se construyó ese sistema especial. Así cada uno tenga reparos que cuestionan la forma más no el fondo, ambos están de acuerdo en que esta justicia especial debe ser no solo para las Farc, sino para los militares y los civiles que hayan participado en la conformación de grupos al margen de la ley. Es decir: la buena noticia en medio de tanta incertidumbre es que tanto el expresidente Pastrana como Marta Lucía Ramírez están de acuerdo con la nuez del proceso y con ese piso en común, es probable que muchos de sus cuestionamientos a la manera como debe dársele forma a este sistema especial puedan ser consensuados. Por ejemplo, la propuesta de Pastrana de establecer un plazo de dos años para presentarse ante la jurisdicción de paz me parece que le pone un término lógico a una justicia transicional que no está concebida para ser permanente.
Las propuestas hechas por el expresidente Uribe son de otro tenor. Es evidente que el uribismo quiere renegociar pero no para mejorar el acuerdo, sino para hacer uno nuevo. Sus propuestas dejan en claro que el uribismo no está de acuerdo con nada de lo pactado en La Habana, salvo la amnistía para la guerrillerada, un ofrecimiento que el expresidente ha hecho desde la noche que el No ganó el plebiscito.
Uribe, el dueño de fincas y el amansador de caballos, no está de acuerdo con las mínimas reformas al agro que se pactaron en La Habana. Por pequeñas que sean, el uribismo cree que atentan contra los intereses de los propietarios que compraron tierras de buena fe. Tampoco le da mayor seguridad la propuesta de hacer una reforma rural integral sobre la base de la actualización del catastro nacional. Para el uribismo, este nuevo ordenamiento de la propiedad que impulsaría un nuevo catastro pone en riesgo al productor, ya que a los propietarios de tierras se les aumentaría el impuesto predial que, de acuerdo con el uribismo, es hoy muy alto. Un nuevo catastro obligaría a los propietarios de tierras a declarar las posesiones informales que hoy se mantienen ocultas y les impediría seguir con la cuestionada práctica de correr poco a poco las cercas sobre los baldíos para terminar adueñándose de ellos. En el documento que le enviaron al presidente Santos queda claro que el uribismo no quiere una reforma rural integral, ni la actualización del catastro, sino la implementación del modelo Carimagua.
Pero tampoco quieren ninguna apertura política: se oponen a que los movimientos sociales tengan representación en la Cámara, porque les parece que es una competencia desleal con los partidos tradicionales; no les gusta que los alcaldes tengan a la comunidad como veedores porque afecta su autonomía, y no quieren la apertura que se da en el acuerdo a los nuevos movimientos políticos que permite el acceso a la política de nuevos liderazgos.
Tampoco están de acuerdo con la nuez del acuerdo, que es la justicia transicional. Uribe quiere acabar con la Justicia Especial para la Paz y propone, en cambio, un tribunal para juzgar exclusivamente a las Farc. La responsabilidad en el conflicto que tienen los militares y los civiles como su primo hermano Mario Uribe –su hermano Santiago está preso, presuntamente por haber ayudado a conformar un grupo paramilitar– o como los parapolíticos que formaron parte del pacto de Ralito, para Uribe es inexistente.
Tampoco quiere la verdad. A los civiles los pretende exonerar de toda culpa –solo deben ser requeridos en ese tribunal si ellos voluntariamente se presentan–, y a los militares les ofrece una amnistía disfrazada, que ellos ya le rechazaron.
En materia del reconocimiento de los derechos de las víctimas, el uribismo hoy –por lo menos– se ha convertido en el vocero de las víctimas de las Farc que votaron por el No. Lástima que a las víctimas que votaron por el Sí, que son la mayoría, ni las considere. Hasta en eso el uribismo ha sido mezquino.
La posibilidad de lograr un acuerdo con sectores del No es no solo factible, sino inevitable. Pero este no se puede lograr a costa de los derechos ya adquiridos como pretende el exprocurador Alejandro Ordóñez al pedir que se sustraiga de todo nuestro ordenamiento el enfoque de género, o presentando un nuevo acuerdo, que rompa con todo lo acordado en La Habana, como lo propone hoy Álvaro Uribe. Uribe tiene una encrucijada en el alma: quedar como el saboteador de la paz como lo dijo The New York Times o como el expresidente que le abrió la puerta a la reconciliación.
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