El punto uno del Acuerdo: reforma rural integral

El Acuerdo de paz no limita la propiedad privada, como lo pregonan partidarios del No al plebiscito.

Por: Gustavo Gallón.

Por el contrario, aspira a regularizarla mediante la formalización de siete millones de hectáreas para garantizar los derechos de pequeños y medianos propietarios y poseedores de tierras, frente al riesgo de despojo. Además, prevé la distribución gratuita de tres millones de hectáreas para hombres y mujeres trabajadores agrarios sin tierra o con tierra insuficiente. Estas últimas provendrán de predios ilegalmente adquiridos, cuyo dominio se haya extinguido judicialmente, o de baldíos recuperados por la Nación, o de bienes sustraídos a zonas de reserva forestal, así como de tierras donadas y también de fincas inexplotadas o expropiadas con previa indemnización, conforme a la legislación existente. No hay en esta materia ninguna innovación extraña a lo establecido institucionalmente.

Lo que sí hay es el compromiso de adelantar una “reforma rural integral”, basada en el reconocimiento de la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria, “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agropecuaria”. Dicho compromiso se orienta a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de derechos básicos en el campo. Estos objetivos son válidos y valiosos en sí mismos, pero, además, deben beneficiar al conjunto de la población colombiana al generar más alimentos y el desarrollo y al prevenir la violencia ligada a la concentración de tierras.

Una meta central es lograr, en diez años, “la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural en un 50 %, así como la disminución de la desigualdad” y “la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo”. Para el efecto, el Gobierno se comprometió a diseñar y poner en práctica 12 planes en cuatro áreas: infraestructura (vías terciarias, riego y drenaje para la economía campesina, electrificación y conectividad rural); desarrollo social (salud rural, educación rural, vivienda y agua potable); estímulos a la producción (fomento a la economía solidaria rural, asistencia técnica y a la investigación, generación de ingresos campesinos, promoción de la comercialización de la producción, garantía de derechos de los trabajadores rurales) y alimentación (garantía progresiva de este derecho para la población rural).

El mecanismo de ejecución de estos planes está en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Tales programas se priorizarán en las zonas donde haya mayores niveles de pobreza, de afectación por el conflicto armado, de debilidad institucional y de presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. En todas las acciones primará el enfoque de género, se respetarán y se promoverán los derechos de las comunidades étnicas y se apoyarán las zonas de reserva campesina (ZRC) y demás formas de asociación solidaria.

Habrá una instancia de alto nivel para formular lineamientos generales sobre uso de la tierra, mecanismos de resolución ágil de conflictos, una jurisdicción agraria y, en siete años, la actualización del catastro rural.

Dan ganas de vivir en Colombia si todo lo anterior se cumple. ¿O usted prefiere votar No?

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)