Para el profesor Darío Fajardo, la causa central del conflicto armado en Colombia es la confrontación por la tierra entre los partidarios de su concentración y los de su distribución.
Por: Gustavo Gallón * Director de la Comisión Colombiana de Juristas.
Su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) muestra cómo los primeros han predominado hasta hoy, aunque en 1926 la Corte Suprema dio un aliento a los segundos al calificar como baldías las tierras no cultivadas y reconocer el derecho a adquirirlas a quien las cultivare por cinco años. Diez años después, la Ley 200 de 1936 circunscribió sus alcances a propiedades demandadas por colonos antes de 1935.
La Ley 100 de 1944, a su turno, favoreció a los terratenientes al declarar de conveniencia pública los contratos de aparcería, abaratándoles así el trabajo campesino en sus predios. En 1961, la Ley 135 estableció una política de reforma agraria moderada, cuyos resultados en distribución de tierras fueron magros. El Acuerdo de Chicoral, plasmado en la Ley 4ª de 1973, instituyó la renta presuntiva para las tierras dentro de la frontera agrícola, con lo cual la posibilidad de distribuir parcelas quedó relegada a los baldíos en zonas de colonización. La Ley 160 de 1994 intentó dar un nuevo impulso a la reforma agraria y creó las zonas de reserva campesina (reafirmadas en el punto uno de los acuerdos de La Habana), pero simultáneamente el Gobierno actual ha impulsado la creación de las zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidres) para adjudicar baldíos a terratenientes en asociación con campesinos.
Estos y otros vaivenes del desarrollo rural del país han estado entrelazados con factores políticos y económicos nacionales e internacionales que han contribuido a alimentar el conflicto, tales como la violencia ejercida por policías y campesinos liberales al terminar la hegemonía conservadora en los años 30 del siglo pasado, que habría generado reacción en la década siguiente. También “la resonancia de la guerra civil española” liderada por Laureano Gómez y el sectarismo de algunos jerarcas católicos nutrieron una mentalidad belicosa. Capitales extranjeros, como la Tropical Oil Company o la United Fruit Company en los años 20 o inversiones mineras y cultivos de palma africana actualmente, han incidido asimismo en la confrontación. En igual sentido habrían actuado “la inamovilidad de la participación política” y “la aceptación por parte de la dirigencia colombiana de las directrices de la política norteamericana en términos económicos, políticos y militares”.
“Un factor destacado en la profundización del conflicto social y armado” ha sido el narcotráfico, para Fajardo. Su desarrollo ha sido factible por el alarmante desplazamiento de población hacia zonas de frontera debido a los altos índices de desigualdad y de pobreza generados por la resistencia a la distribución de la tierra.
Difícil de lograr, pero atinada es su propuesta de “transformar y democratizar el sistema de relaciones políticas, económicas y sociales vigente, en beneficio de quienes han sido” las víctimas de esta guerra, pues no puede pretenderse darle fin, advierte, si se reiteran “las políticas que la han generado y conducido a su profundización”. Gracias, profesor Fajardo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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