El plan empezó en Briceño, en el departamento Antioquia, como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la insurgencia.
El Gobierno colombiano y las FARC iniciaron este domingo un proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), uno de los puntos acordados en las negociaciones de paz.
El plan de sustitución constituye el inicio de la implementación de los acuerdos que se están logrando en La Habana y que en este caso llegan a las zonas rurales, los territorios donde más afecta el conflicto.
El plan de sustitución constituye el inicio de la implementación de los acuerdos que se están logrando en La Habana y que en este caso llegan a las zonas rurales, los territorios donde más afecta el conflicto.
Ante más de 500 habitantes del municipio Briceño, en el departamento de Antioquia, el Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, y el miembro de Secretariado de las FARC y negociador de ese grupo guerrillero en el proceso de paz, Pastor Alape, anunciaron el inicio de un piloto para sustituir cultivos de coca en 10 veredas de esta zona del país.
Las comunidades se comprometieron con la sustitución de cultivos ilegales y la no resiembra de los mismos, así como a no estar involucradas en labores asociadas a los cultivos ilícitos ni a su comercialización.
Por su parte, el miembro del Secretariado de las FARC y negociador de ese grupo guerrillero en el proceso de paz, Pastor Alape, dijo que la instalación de esta mesa significa un paso muy grande con el que se empieza a materializar lo acordado en La Habana.
“La edificación de la paz, con la participación del pueblo, ha empezado a andar. La esperanza de una nueva nación empieza a ser una realidad. Así emprendemos un camino contra la desigualdad y a favor de la inclusión social. El programa de sustitución voluntaria es la oportunidad para ayudar a la paz”, sostuvo.
En contexto
Las comunidades tienen participación en la elaboración y ejecución de este proceso, como actores en la verificación de los mecanismos, atendiendo al problema de la tierra, la formalización de su tenencia y la preservación del medio ambiente.
El Gobierno de Colombia se comprometió a garantizar los recursos de manera oportuna para la puesta en marcha del proyecto, así como de las medidas logísticas y de seguridad necesarias para la participación de los delegados de las FARC-EP.
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