Cuando lo que ahora escribo se publique, los oficiales que fueron invitados a una mesa técnica sobre el tercer punto de la agenda de negociación con las Farc en La Habana ya estarán en su casa.
Por: Alfredo Molano Bravo
Y la opinión pública habrá comprendido la función que cumplieron. En todos los temas de la agenda ha habido mesas técnicas: en tierras, participación política, coca, víctimas. El problema del último punto no es nada fácil y requiere un intercambio de interpretaciones porque se trata de un asunto de armas y, por tanto, de poder. Los anteriores intentos de negociación con las Farc naufragaron en este punto: la masacre de la Unión Patriótica, con Betancur; la delimitación de zonas de concentración de la guerrilla, con Gaviria; el asedio paramilitar de la zona desmilitarizada, con Pastrana. El actual proceso —se puede decir— pasó su Ecuador: está acordado más de la mitad de lo pactado. El costo de regresar a cero es altísimo y difícilmente las partes están dispuestas a pagarlo.
El encuentro entre puros militares en La Habana tiene, por otra parte, un transcendental significado para la paz porque Uribe ha movido todas las palancas que puede —y tiene muchas— para poner en contra de la negociación a los militares. Y lo ha logrado con un sector, pero se ha estrellado con el otro, lo que, traducido a buen lenguaje, equivale a apostarle a la división de las FF.AA., un delito que se conoce como traición a la patria, esa de la que tanto habla. Juega con candela porque de lograr su objetivo, podría transformar una guerra irregular de guerrillas a punto de terminarse en una guerra civil en toda la regla. No lo logrará, claro está, y la muestra es que los generales (r) Mora y Naranjo han estado sentados en la mesa todo el tiempo y ahora el general Javier Flórez, quien comandó, ni más ni menos, la Fuerza Omega —30% del Ejército— está a la cabeza de la comisión del Gobierno para discutir temas estrictamente militares en La Habana. Puede ser la ocasión, digo yo, de acercarse a evaluar la conveniencia de una franja desmilitarizada entre las dos partes, vigilada por fuerzas internacionales para iniciar un proceso —que no será un mero acto— para volver inútiles las armas.
El general Bedoya, un general deliberante que amenazó con espada en mano al gobierno de Samper y fue derrotado en el Guaviare, viene ahora como títere de otro títere a posar de defensor de una Constitución que no sabe si es la del 86 o la del 92 (sic) —o todas las del mundo— que impiden a los militares participar en política. Acusar a la delegación que va a Cuba de ignorar la ley y de rebelarse contra ella, ¿no es simplemente una estratagema para que el sector afecto a Uribe se levante contra el Gobierno en defensa de la Constitución? ¿No será que ahora, el procurador —punta de lanza del uribismo— acusará a los oficiales de desafuero y delitos conexos?
Que los militares de ambos mandos se miren a los ojos —por donde mira el alma— como seres humanos y no a través de la mirilla de los fusiles es un acto de valor de ambas partes y de sinceridad y nobleza por parte del Gobierno. Un reconocimiento a que antes que militares —institucionales o insurreccionales— son ciudadanos de una misma nación que quieren, como lo mostraron las víctimas, reconciliarse para siempre.
Punto aparte. Voy a cancelar mi cuenta con Comcel por dos motivos: uno, porque tres de cuatro llamadas se caen y sin embargo son cobradas, y dos, porque la Superintendencia del ramo está bajo la égida de Carlos Slim y de nada sirve para evitar abusos denunciados por sus usuarios.
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