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Colombia: Falsa Democracia

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[Colombia] Nos han quitado la tierra

por  | 2017/11/01 

A diferencias del cuento de Rulfo, en Colombia sigue el despojo de tierras y con este el asesinato de sus reclamantes. El Gobierno afirma que no hay nada sistemático. Los hechos, no obstante, dicen lo contrario.
Agua y tierra han sido siempre sinónimos de comida. Si partimos del hecho de que un agricultor necesita 2.000 litros de agua para cultivar un kilo de arroz y un poco más de 300 hectáreas para producir 8 toneladas, entenderíamos por qué la tenencia de tierras ha sido el centro de una larga y sangrienta guerra en Colombia. En la Edad Media el poder estaba representado en la posesión de extensos baldíos. Cuanto más se tuvieran, más rico era el poseedor y mucha más gente tendría rendidas a sus pies. Las conquistas llevadas a cabo por los antiguos imperios europeos, y reseñadas en los libros escolares de historia, siempre tuvieron como meta el despojo. Eso lo tenía bien claro el Gran Alejandro, tres siglos antes de nuestra era, y lo reivindicaron los pueblos del Antiguo Continente cuando llegaron al nuevo.
La enorme concentración de tierras en manos europeas es inexplicable sin el uso sistemático de la fuerza. Los violentos procesos de colonización extinguieron a la gran mayoría de los pueblos originarios y los que lograron sobrevivir se encuentran reunidos en pequeñas y reducidas zonas que el Estado ha denominado resguardos, un término que tuvo su origen en la Colonia y que hoy es respaldado por la Constitución Política del país.
Nada en los mecanismos utilizados para el despojo de tierras en Colombia ha sido legal. La Ley 89 de 1890, expedida por el Congreso, garantizó el carácter “no enajenable” de las tierras de los resguardos, “la cual determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Esta ley dejó en manos de los alcaldes la potestad de dirimir los conflictos entre los indígenas (léase salvajes, propietarios de las tierras) y los blancos (léase civilizados o expropiadores) en los territorios bajo su influencia.
Lo anterior se podría entender como la legalización de la violencia, pues los indígenas jamás dejarían de ser indígenas, es decir, “salvajes”, por lo que la proliferación de títulos de propiedad de los extensos valles como el del Cauca quedó en manos de los “civilizados”, lo que permitió la gran acumulación de tierras en un número muy reducido de familias. Los indígenas que se sublevaron, que levantaron sus azadones en señal de protesta, fueron asesinados, extinguiendo de esta manera la posible llama de insurrección a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Solo así podría entenderse por qué las tierras más fértiles del país, como las del Valle del Cauca, están siendo explotadas desde la Colonia por las mismas tres familias. Por qué la Ley 89 de 1890 era de carácter “no enajenable”, lo que les prohibía a los verdaderos propietarios tener derechos sobre sus tierras.
La guerra que ha padecido Colombia a lo largo de su historia no podría entenderse sin lo anterior. La concentración de grandes extensiones de suelo cultivable sigue siendo la base sobre la cual descansa la dominación de las etnias indígenas y afro por parte de las “civilizadas”. Para ser claro, hay que recordar que la esclavitud no terminó en mayo de 1851, cuando se firmó oficialmente su abolición. Hay que recordar también que los terratenientes, amos y dueños del país, se opusieron a esa ley por la inevitable pérdida de la fuerza laboral, representada en un alto número de indígenas y negros esclavizados. Esta oposición dio origen al terraje, una forma de explotación que obligaba a las “etnias inferiores” a pagarles a los explotadores el uso del suelo. Es decir, si querían cultivar o criar ganado o aves de corral debían pagar por el uso de las tierras. En el fondo, era una vuelta feliz a un feudalismo ramplón, establecido a partir del poder que ejercían las grandes haciendas sobre la administración del Estado.
Lo anterior se hizo posible gracias a que, como hoy, los miembros del legislativo eran en su mayoría finqueros que se habían adjudicado la propiedad del suelo, lo que explica a su vez por qué el 85 por ciento de las tierras cultivables y no cultivables del país están en este momento en manos del 15 por ciento de los colombianos.
Quizá esto también pueda explicar las razones de los rotundos fracasos en los intentos por realizar una reforma agraria. Y por qué la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso en una oportunidad una consulta con tufo racista que tuviera como objetivo dividir las tierras del Cauca entre indígenas y mestizos, pero que ella disfrazó “lucidamente” con el rótulo de autonomía sin hacer mención a los terratenientes que ella representa.
Hoy, a pesar de los avances significativos en la lucha por la restitución de tierras a campesinos e indígenas, las “fuerzas ocultas” y la “mano negra” que tienen como propósito “hacer trizas ese papel mal llamado acuerdo de paz” han desatado su furia ciega sobre los reclamantes de tierras. La muerte ha avanzado en el último año como un caballo desbocado y el resultado está ahí a la vista de todos: un defensor de los derechos humanos asesinado a bala cada 48 horas y un excombatiente de las Farc cada vez que pueden. Pero aun así, para algunos funcionarios del Gobierno central, nada en este nuevo río de sangre es sistemático.
Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com

Colombia. Un 1 % de propietarios ocupa el 80 % de las tierras del país

Por Contagio Radio.
La organización internacional OXFAM reveló un dramático informe denominado “Radiografía de la Desigualdad: lo que dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia”, en que se confirma que el 1% de las explotaciones más grandes acaparan más del 80% de las tierras rurales, mientras que el 99% restante de los cultivos […]
La organización internacional OXFAM reveló un dramático informe denominado “Radiografía de la Desigualdad: lo que dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia”, en que se confirma que el 1% de las explotaciones más grandes acaparan más del 80% de las tierras rurales, mientras que el 99% restante de los cultivos que hay tan solo ocupan el 19%.
Otro de los datos que arrojó este estudio es que los predios de más de 500 hectáreas ocupaban en 1970 solo 5 millones de hectáreas mientras que en el año 2014 pasaron a ocupar 47 millones. Es decir que su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Hecho que para OXFAM demuestra cómo los intentos pasados en Colombia por generar una reforma agraria, solo terminaron provocando que aumentara la concentración.
Otra de las preocupaciones que evidencia esta radiografía es que “las grandes fincas contienen extensos territorios improductivos u ocupados por la ganadería extensiva, con un área insignificante dedicada a cultivos agrícolas y casi siempre dedicadas a la agroexportación”.
De igual forma el informe señala que estas grandes concentraciones de tierra son el resultado de décadas de violencia y políticas públicas sesgadas que “han favorecido a latifundio especulador y rentista”.
En cuanto a cuál ha sido la población que menos acceso ha tenido a la tierra, el estudio sice que son las mujeres en donde tan solo 26% de las unidades productivas están a cargo de ellas y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las menores a 5 hectáreas, con más dificultades para acceder a maquinaria, crédito y asistencia técnica.
Frente a la titulación de la tierra, las cifras también son alarmantes. De acuerdo con el último censo agropecuario realizado, en el 43% de las unidades productivas de más de 2.000 hectáreas no se conoce cuál es la forma de tenencia, razón por la cual se recomienda realizar un censo con un catastro completo y actualizado que ayude a proteger los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

www.contagioradio.com/el-1-de-propietarios-ocupa-mas-del-80-de-tierras-en-colombia-articulo-43189/

Uribe Vélez defensor del statu quo. Verdades incontrovertibles.

José María Carbonell, Cambio Total. Twitter. Facebook.

Ya está claro a qué le apuesta el narco-paramilitar  No 82 ex-presidente y ahora senador, Uribe Vélez, con su propuesta. Quiere mantener el campo colombiano en la miseria –el statu quo-  como lo mantuvo durante sus 8 años en la “Casa de Nari”, llamada así por los narcotraficantes que eran atendidos en Palacio por la puerta de atrás.

Veamos este artículo de Salomón Kalmanowitz del 6 de octubre 2013 en El Espectador  titulado “La expansión del Ubérrimo”:

La expansión del Ubérrimo


En junio de 2007 escribí una columna sobre las finanzas de Montería, en la que observaba que contaba con una excelente infraestructura de vías y que el entonces presidente Uribe había inaugurado un puente sobre el río Sinú, pagado por la Nación.

Por: Salomón Kalmanovitz – El Espectador.

Las finanzas de la ciudad, sin embargo, eran exiguas: el impuesto predial que se cobraba era bajo y casi inexistente para las fértiles haciendas que rodean la ciudad. Insinué que el nuevo puente debió valorizar, entre otros, al Ubérrimo, propiedad del presidente y su familia, pues quedaba cerca del mismo.
El presidente me llamó a mi celular y me dijo que todo lo escrito era falso, colocando una presión indebida sobre este columnista. Le dije que si me mandaba la información que demostraba mis errores, haría la corrección del caso. Me hizo enviar entonces información catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirmaban que el impuesto predial rural que se pagaba al municipio de Montería era muy pequeño.
 Le dije que si me mandaba la información que demostraba mis errores, haría la corrección del caso. Me hizo enviar entonces información catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirmaban que el impuesto predial rural que se pagaba al municipio de Montería era muy pequeño.
Traigo a cuenta lo anterior para señalar la gran preocupación de Uribe Vélez por la imagen pulcra que quería mantener ya durante su segundo mandato. Sin embargo, esa preocupación desapareció en sus actuaciones subsiguientes, como veremos.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) señala que el presidente y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y a cargo de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (sociedad por acciones simplificada), que a la fecha suman 1.479 hectáreas. Según el representante Iván Cepeda, la familia Uribe Moreno adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con cuatro terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria, sin esperar el plazo que prohíbe su enajenación.

La función del Incoder no era la de emprender inversiones en distritos de riego y drenaje, por lo cual su cambio de misión en la Ley de Desarrollo Rural fue declarado inexequible. Corpoica, por su parte, tiene como función la investigación y asistencia técnica y era ilegal que interviniera como contratante de obra en los distritos de riego. Sin embargo, el decreto 732 de 2008 privilegió a Mocarí para recibir inversiones públicas de Corpoica que beneficiaron el patrimonio familiar de los Uribe Moreno, sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un debate sobre el problema agrario que organizó Semana por esa época, el exministro Arias me acusó de mentiroso, pateando el tablero del debate.
Las inversiones públicas en Mocarí fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad. Hay que recordar que las S.A.S. fueron creadas por ley de diciembre 2008, no requieren de revisor fiscal y pueden declarar todos los costos que quieran con facturas simples, de tal modo que la mayor parte de ellas terminan exentas del impuesto a la renta. El actual director de la DIAN manifestó la inconveniencia de las S.A.S., pues se convirtieron en vehículo de evasión y elusión de impuestos.

De esta manera, el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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