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Según la red conformada por 275 organizaciones sociales de derechos humanos, el Estado colombiano habría fracasado en su propósito de hacer realidad los acuerdos con las Farc.
“Lo que se ha implementado es muy distinto a lo que se acordó por parte del Congreso por la vía fast track, y dista mucho de la necesidad de privilegiar los derechos de las víctimas y los derechos humanos”, aseguró Alberto Yepes, director de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
Durante su intervención en el foro “Encrucijadas de la paz, perspectivas a un año del Acuerdo Final”, convocado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el experto cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el sistema integral de verdad pudieran contribuir a la reconciliación, por la forma en que fueron aprobados.
Para el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, los múltiples fallos emitidos por la Corte Constitucional terminaron desatando un proceso de continua renegociación de los acuerdos en el que los derechos de las víctimas se debilitaron, con particular énfasis en la asignación de responsabilidades por crímenes de Estado.
Según el experto, la obligación de responder por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado quedó reducida a aquellos miembros de la guerrilla responsables de delitos atroces, junto con aquellos agentes del Estado que ya hubieran sido condenados –soldados de baja graduación–, que terminó por eximir de castigo a los altos mandos, salvo los que ya han sido condenados, pese a los graves pronunciamientos de la fiscal de la Corte Penal Internacional.
“La Corte Constitucional motivó un descarrilamiento de los acuerdos en el Congreso, y pese a la esperanza que teníamos los ciudadanos, ahora reina una sensación de escepticismo del alto tribunal para corregir lo que ha sucedido en el Congreso”, puntualizó Yepes. Para el directivo, la aprobación del articulado estuvo condicionada en buena medida a las gabelas otorgadas por el Ejecutivo, de tal manera que una vez agotada la “mermelada” el Congreso dejó de aprobar la implementación de lo acordado.
Además explicó que el alto tribunal es responsable de la actual situación al haberle retirado al presidente la posibilidad de implementar el proceso de manera integral. En tal sentido, insistió en que la Corte Constitucional había tomado partido por los empresarios que estuvieron involucrados en el paramilitarismo, con el fin de evitar que rindan cuentas por sus acciones.
Tal escenario hace imposible que la JEP se convierta en el tribunal de cierre a los hechos cometidos durante el conflicto que se tenía previsto en sus inicios, puesto que ha quedado subordinado a la justicia ordinaria, subrayó.
Para el director Yepes, a la imposibilidad de juzgar a los altos mandos militares responsables de delitos atroces se suma la de llevar ante los tribunales a empresarios que financiaron y resultaron favorecidos por acciones de grupos paramilitares, ordenaron asesinatos de sindicalistas y terminaron apropiándose de tierras en forma ilegal.
“En el proceso de Justicia y Paz, aunque 15.700 empresarios, políticos, ganaderos y mineros fueron señalados como promotores o auspiciadores del paramilitarismo, jamás fueron investigados o llamados a rendir cuentas a la espera de una solución global en el marco de las negociaciones”, precisó el director de la CCEEU.
Resultado de esta dinámica es que estas personas alegaran que la justicia ordinaria no puede investigarlos, a la par de poner toda serie de reparos frente la posibilidad de someterse ante la JEP, institución ante la que sin embargo se tiene previsto que deberán presentarse 3.500 guerrilleros que están condenados, para que puedan acceder a beneficios.
“A estas 15.700 personas y 4.300 militares investigados por crímenes en el conflicto no les va a pasar nada porque la justicia en este país ha sido parcializada”, precisó Yepes, quien llamó la atención sobre el hecho de que hasta el momento no hubiera un solo general condenado por hechos relacionados con los denominados “falsos positivos”.
(Por: Fin/JCMG/MLA/LOF)N.° 920
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