Agencia de Noticias UN.
Entre 2005 y 2016 no ha habido un solo trimestre en el que estos líderes sociales no hayan estado expuestos a ataques letales.
BOGOTÁ D. C.
Según un reporte del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, se trata de una problemática que no cede, y que por el contrario ha aumentado en los últimos años. El Observatorio está integrado por las universidades Nacional de Colombia (U.N.), del Norte, Sergio Arboleda, del Rosario y del Sinú.
Después de estudiar 500 casos entre 2005 y 2015, el equipo de investigadores alertó sobre la necesidad de implementar una política pública con el fin de mitigar este fenómeno. El equipo está integrado por Francisco Gutiérrez Sanín, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la U.N., Margarita Marín Jaramillo, estudiante del Doctorado en Estadística de la Institución, y Francy Carranza, del Observatorio de Tierras.
En dicho contexto, el documento generado por los expertos enfatiza en que la presencia de grupos herederos del paramilitarismo, la desigualdad rural, las economías políticas legales e ilegales, las necesidades básicas insatisfechas y el acumulado de secuestros y masacres en determinados municipios son las principales variables asociadas con el asesinato de líderes rurales.
Dicha problemática también se caracterizó cuantitativamente. Por ejemplo, el documento revela que con respecto a los victimarios, en el 58 % de los casos no están identificados, mientras que el 14 % está relacionado con grupos herederos del paramilitarismo, el 10 % con paramilitares, el 9 % con las Farc, el 5 % con el Ejército y el 1 % con el ELN.
Departamentos más afectados
Los investigadores encontraron que Antioquia, con 87 casos, ha sido el departamento más afectado, seguido por Cauca con 83, Valle del Cauca con 38, Córdoba con 36 y Nariño con 35.
En cuanto a municipios, Apartadó (Antioquia) es el que más ha sufrido la problemática, con 18 casos; le siguen Caloto, Cauca y Tierralta (todos en Córdoba), con 15 casos; Buenaventura (Valle del Cauca), con 13 y Tumaco (Nariño), con 11.
Según el documento de los investigadores se trata de un fenómeno con cierta concentración territorial: “los cinco departamentos con mayor número de casos concentran el 55 % de los reportes y los 10 departamentos con mayor número de casos concentran el 77 %”.
De las personas asesinadas en dicho periodo (88 % hombres) 256 pertenecieron a asociaciones rurales campesinas, 90 eran indígenas y 49 reclamantes de tierras, que corresponden a los tres tipos de líderes más afectados.
Según el investigador Gutiérrez es posible construir una política pública con el fin de hacerle frente a este fenómeno: “el primer paso fundamental es reconocer la sistematicidad del hecho; después se debe hacer un conteo de los líderes asesinados e involucrar a las autoridades públicas nacionales y locales para intervenir los departamentos y municipios afectados”.
(Por: fin/JFMM/MLA/LOF)
Publicar un comentario