Oidhaco.
Un reciente informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad señala que en 2016 aumentaron las denuncias de violencia por razón de género en Colombia.
Colombia
25. En noviembre de 2016, cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) culminaron en un acuerdo de paz definitivo. Se puso fin así a cinco decenios de conflicto en que, como afirmó la Corte Constitucional de Colombia en 2008, la violencia sexual fue generalizada y sistemática. Los diálogos de paz oficiosos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el segundo mayor grupo guerrillero en Colombia, también continuaron durante el período sobre el que se informa.
26. En una visita conjunta a la mesa de conversaciones de La Habana que efectuaron en julio mi Representante Especial y la Directora Ejecutiva de ONUMujeres, el Gobierno y las FARC-EP se comprometieron públicamente a hacer justicia y prestar apoyo a los supervivientes de la violencia sexual. En lo que respecta a la justicia de transición, en el acuerdo de paz definitivo se prevé el establecimiento de una comisión de la verdad y una jurisdicción especial para la paz, que califica la violencia sexual de violación grave que no puede ser objeto de amnistía. El acuerdo contiene compromisos firmes sobre cuestiones de género y la solicitud a mi Representante Especial, ONU-Mujeres, el Gobierno de Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres de que apoyen su cumplimiento. El 25 de enero el Consejo de Seguridad estableció una misión política especial de observadores internacionales desarmados para vigilar y verificar el alto el fuego, la cesación de las hostilidades y el proceso de desarme (véase la resolución 2261 (2016) del Consejo). El subgrupo sobre la violencia por razón de género apoyó la capacitación previa al despliegue de los observadores en materia de violencia sexual relacionada con los conflictos.
27. Colombia ha formulado un marco jurídico ejemplar para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos, en que cabe mencionar la Ley 1719 sobre el acceso de las víctimas a la justicia y diversas órdenes de la Corte Constitucional en que se insta a las autoridades a que ejerzan la debida diligencia frente a esos delitos. En respuesta a ello, la Fiscalía General de la Nación ha adoptado un protocolo de investigación de la violencia sexual y ha desplegado equipos legales a 17 provincias afectadas. No obstante, hasta la fecha solo el 2% de los 634 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos documentados por la Corte Constitucional han concluido con condenas.
28. Aunque persisten lagunas en los datos, principalmente debido a la escasez de denuncias, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indicó que el riesgo de violencia sexual siguió siendo elevado en al menos 12 departamentos a lo largo de 2016. La Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género registró en el período comprendido entre enero y octubre 2.914 incidentes de violencia por razón de género, de los cuales 466 eran casos de violencia sexual relacionada con los conflictos. Esas cifras representan un aumento de las denuncias de violencia por razón de género en general, pero una menor proporción de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en comparación con años anteriores. La Defensoría del Pueblo advirtió del aumento del riesgo de ese tipo de violencia a medida que los excombatientes regresaban a sus comunidades. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró entre enero y noviembre 85 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, en el 31% de los cuales las víctimas fueron mujeres afrocolombianas.
29. Las Naciones Unidas documentaron 79 casos de violencia sexual ocurridos en 2016 en operaciones esporádicas de grupos armados, entre ellos casos de prostitución forzada, tortura sexual, esclavitud sexual y acoso a manos de fuerzas y grupos armados. En aproximadamente el 90% de los casos, los autores eran tres o más y las víctimas habían sufrido actos de violencia sexual relacionada con los conflictos con anterioridad, habiendo tenido lugar la primera agresión por lo general en la infancia. Los asociados de las Naciones Unidas también están siguiendo de cerca la respuesta a una serie de incidentes de violencia sexual emblemáticos que forman parte del legado del conflicto. Por ejemplo, se documentó un cuadro de violencia sexual contra niñas en edad escolar por grupos posdesmovilización en la provincia de Santander, donde una exrectora de colegio y una exinspectora de la policía estaban en espera de juicio por haber facilitado la esclavitud sexual y el reclutamiento forzado. Desde 2015 el ACNUDH ha seguido de cerca el caso de 10 niñas que fueron objeto de abusos sexuales por parte de miembros del grupo posdesmovilización Clan del Golfo en la provincia de Antioquia. Hasta la fecha, solo una persona ha sido llevada ante la justicia por los delitos. En la provincia de Putumayo, el ACNUR documentó el caso de una niña desplazada de 12 años de edad que fue objeto de explotación sexual durante dos años, presuntamente por miembros de las FARC-EP. La maestra que había denunciado el incidente fue obligada a huir de la zona al ser objeto de amenazas e intimidación.
30. En respuesta a repetidos casos de acoso sexual contra mujeres activistas, entre ellas las que defendieron la justicia de género durante el proceso de paz, el Gobierno llevó a cabo evaluaciones de los riesgos para la seguridad en relación con 1.164 mujeres dirigentes, con la conclusión de que 675 enfrentaban un elevado riesgo de violencia por parte de los grupos armados. Si bien las autoridades han puesto en marcha medidas de mitigación del riesgo, la Defensoría del Pueblo señala que la protección debe estar mejor adaptada a las necesidades y los contextos específicos. Todavía hay escasez de servicios de apoyo psicosocial y un número insuficiente de refugios para las supervivientes, especialmente en las zonas apartadas.
Recomendación
31. Encomio al Gobierno de Colombia y a las FARC-EP por su logro histórico de situar la justicia de género en el centro del proceso de paz de Colombia, y los insto a garantizar que esa justicia siga siendo fundamental durante la ejecución del proceso. Este precedente debería ser determinante para los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Hago un llamamiento para que los mecanismos de justicia de transición presten atención específica a la situación y los derechos de las mujeres, las niñas y todos los supervivientes de la violencia sexual; para que la verificación del alto el fuego incluya la vigilancia de la violencia sexual; y para que se incorporen medidas de reducción de los riesgos en el proceso de deposición de las armas.
(Extraído de las páginas 10 y 11 del informe adjunto)
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