En los últimos 25 años el país se embarcó en un programa de privatizaciones en todos los niveles, sobre la base de que el sector privado es más eficiente que el público, que la liberación de recursos permite realizar actividades más urgentes y que la competencia convierte los esfuerzos por el lucro individual en beneficios para toda la sociedad, en particular para los menos favorecidos. Tras dos décadas, la información acumulada en los últimos días sobre educación, pensiones y telefonía es valiosa para confrontar la validez de estas concepciones con la realidad.
En la información reportada sobre los exámenes de Saber - Pro de 2016 se observa un retroceso de las universidades públicas con respecto a las privadas. El resultado revela los esfuerzos oficiales para elevar el desempeño de las universidades privadas por diversos medios. Así, el programa Ser Pilo Paga les significa un cuantioso subsidio a las universidades privadas de alta reputación, que reciben sumas muy superiores a los costos de formación. Así, los estudiantes de altos ingresos y mayor capacidad cognoscitiva se concentran en universidades privadas, que a su turno disponen de mejores medios para prestarles el servicio. Como estos estudiantes por razones históricas obtienen mayores puntajes, el desempeño de las universidades privadas sube en relación con el promedio. La mayor eficiencia se consigue a cambio de inequidad.
El país operó durante décadas con un sistema público en que las pensiones se cubrirán con las cotizaciones de los afiliados y representan el 75 % del salario. Como la pensión era de 8 % del salario y la relación afiliado-pensionado 9 a 1, el sistema se autosostenía. Sin embargo, con el argumento de que el sistema estaba al borde de la insolvencia y que las administraciones privadas son más eficientes, se estableció la modalidad privada. Sus autores predecían que generaría mesadas iguales o mayores que las del público de prima media y evitaba el colapso. Luego de 25 años se vio que todo era ficción.
Los AFP reconocen mesadas del orden de 25 % del salario y la erogación presupuestal para cubrir la diferencia entre las pensiones y las cotizaciones del sistema público asciende a $38 billones anuales. En una columna anterior denuncié que se había configurado una pirámide en que los activos en forma de préstamos al sistema financiero superan a los pasivos pensionales y, como ocurre en este tipo de organizaciones, los dueños obtienen ganancias desproporcionadas y en algún momento el andamiaje se desploma causando serias lesiones a los más débiles.
La otra perla es Telecom. Luego de varios años de desprestigio y bloqueo, en 2006 la mitad de la empresa se vendió en US$350 millones a Telefónica de España con la condición de que cubriera el pasivo pensional. Como Telefónica no cumplió el compromiso, el Gobierno tuvo que hacer una cuantiosa capitalización para mantener la participación en la sociedad. Ahora resulta que otra vez el pasivo pensional no se cubrió y que el Estado tiene que realizar una nueva capitalización por $1,2 billones. Al final, al país le tocó pagar para que le recibieran la mitad de la empresa y por la restante le dieron una participación minoritaria.
Los resultados anteriores constituyen una clara evidencia en contra de las concepciones teóricas que justificaron las privatizaciones. La administración privada no siempre es más eficiente que la privada, las operaciones le han restado recursos al sector público y, en general, significan grandes transferencias del trabajo al capital. Si los recursos dilapidados en los programas descritos se hubieran canalizado hacia el 50 % más pobre, el país no tendría los coeficientes de Gini que lo colocan entre las diez naciones más desiguales del planeta.
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