Por Gonzalo Guillén
El procurador actual, Fernando Carrillo, fue condenado de por vida por la Procuraduría a la imposibilidad de ser procurador general. Fue el castigo a su participación en la fuga de Pablo Escobar ¿Qué pasó?
Un grupo brillante y valeroso de investigadores de la Procuraduría General de Colombia que pudo sobrevivir a la época en que imperaron las doctrinas, las persecuciones, la podredumbre y las actitudes irracionales y retrógradas de Alejandro Ordóñez Maldonado (2009-2016) consiguió dilucidar en su totalidad los secretos de la era del narcoterrorismo que, entre otros acontecimientos atroces, acabó con la vida del líder liberal Luis Carlos Galán. Logró, en consecuencia, la reciente condena, por unanimidad e inapelable, de uno de los grandes artífices de ese magnicidio: el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fue jefe de la tenebrosa policía política DAS.
Los investigadores, además, pusieron en la mira a un puñado de oficiales de la Policía Nacional de la época, entre los que sobresale el oscuro general en retiro Oscar Peláez Carmona, quien desde el pasado 30 de enero es sometido a indagatoria penal ante la corte Suprema de Justicia, con tan mala suerte que la administración del nuevo procurador, Fernando Carrillo Flórez, anunció que sacará de la institución a esos eficientes peritos. Reconocidos funcionarios van a ser despedidos y sus posiciones se usarán para pagarles favores a quienes ayudaron a Carrillo a llegar al cargo que tiene hoy.
Carrillo se hizo célebre porque el 23 de julio de 1992, siendo ministro de Justicia, contribuyó a proteger la fuga de Pablo Escobar de la cárcel en la que estuvo y esto le valió una condena que, específicamente, le impedía de por vida la posibilidad de desempeñar el cargo de procurador general de la Nación, con base en el artículo 5 de la Ley 201 de 1995, citado en la sentencia condenatoria. La misma Procuraduría que él dirige hoy le impuso el castigo. ¿Cómo hizo para saltar sobre esa inhabilitación y quedar impune?
Se las arregló para que el actual contralor general, Edgardo Maya Villazón, le retirara la sanción cuando este último fue procurador y, así, Carrillo consiguió limpiar su hoja de vida para convertirse en director de la Agencia de Defensa del Estado, empleo estatal que hoy ocupa la esposa de Maya Villazón: Adriana Guillén. Ellos tres, aparte del fiscal general, son los encargados de combatir la corrupción estatal en Colombia. Es una endogamia de la corrupción realmente desalentadora que vive de fiesta este país olvidadizo.
La participación del entonces ministro de Justicia, Carrillo Flórez, en la fuga de Pablo Escobar está relatada en mis libros Guerra es war (Intermedio Editores, Bogotá, 1993) y Crónicas de la guerra sucia (Editorial Planeta, Bogotá 1997), jamás desvirtuados.
Por su parte, los vínculos de Maya Villazón con la corrupción y los grupos paramilitares de Cesar, su tierra natal, se encuentran pormenorizados en una serie de crónicas que publiqué en The Miami Herald y El Nuevo Herald, cuando fui su corresponsal en Colombia, así como en mi libro La caída del imperio Maya (Editorial Hombre Nuevo, Medellín 2008). Entregué las pruebas de mi investigación a la Fiscalía General y sirvieron para condenar penalmente a dos de tres hermanos de Maya Villazón y a muchos de sus secuaces. En esos procesos fui, también, testigo de cargo ante la Corte Suprema de Justicia, llamado por la Fiscalía General.
Al general Peláez Carmona, que mencioné arriba, se le acusa de haber desviado la investigación del magnicidio de Galán montando falsos testigos contra un pobre hombre inocente, Hubiz Hazbum, y atribuyéndole el uso homicida de una ametralladora que jamás usó ni poseyó. Para la época, Peláez era coronel y comandaba la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN). Quien acató sus órdenes criminales para consolidar el montaje que él ideó fue el teniente Carlos Alberto Rodríguez, hoy general de la Policía Nacional. La patraña de Peláez mantuvo durante 30 años en la impunidad a su amigo, colega y cómplice Maza Márquez y a muchos de los compinches de este.
Otros personajes, como Flavio Trujillo (mano derecha de Maza en el DAS y hoy jubilado), también están implicados judicialmente en magnicidios de los años 1980, como los de los líderes políticos de izquierda Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Manuel Cepeda y Jaime Pardo Leal. Así lo determinó el grupo de brillantes investigadores de la Procuraduría que Carrillo va a sacar ya, con lo cual se frustrará un gran esfuerzo de décadas, así como la verdad y la justicia respecto de una de las eras más sangrientas de Colombia, causada por policías, políticos y la organización narcotraficante que dirigió Pablo Escobar.
Respecto de Peláez, los investigadores han podido documentar su rumorada participación en catastróficos atentados terroristas que siempre le fueron atribuidos a la mafia para desviar la atención.
Teniendo en cuenta los nexos probados por la Procuraduría que Carrillo tuvo con la fuga de Pablo Escobar, lo menos que podría hacer es renunciar al cargo de procurador o declararse impedido y no tocar a los investigadores que, como pocos, le han dado al país grandes victorias judiciales. Durante el juicio a Maza Márquez, por ejemplo, asombraron al presentar a un testigo protegido que, desde Canadá, donde tiene asilo, aseguró que el bus-bomba que devastó el edificio del DAS en Bogotá el 6 de diciembre de 1989 y mató a más de 60 personas, fue virtualmente obra de Maza Márquez y su círculo de confianza.
¿Los lectores me entienden por qué van a botar a los investigadores y por qué lo hará precisamente el flamante procurador Carrillo?
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