La controversia entre el señor Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, y el representante de los grandes ganaderos, señor Lafaurie, ha entrado en un territorio minado.
Por: Alfredo Molano Bravo, El Espectador
La ONU, con sólidos fundamentos, ha invitado al gerente de Fedegán al campo a comprobar que los reclamantes de tierra son campesinos legítimos y no testaferros de la guerrilla. La invitación no deja de ser sarcástica ya que uno debe suponer que Lafaurie conoce el campo (yo creo que sí lo conoce, pero en avioneta y de hacienda en hacienda). En el centro del asunto está la restitución y más adentro, el despojo de tierras. A estas alturas, ¿quién puede dudar que el paramilitarismo fue también una empresa en la que tenían acciones no sólo los narcotraficantes sino también los terratenientes –y esa especie nacida de su matrimonio, los narcolatifundistas–, cuyo propósito era ampliar sus haciendas, negociar tierras, lavar plata?
Los testimonios son aplastantes. En general, quienes manejaron las motosierras no fueron los beneficiarios directos de los operativos de terror, eran sus jefes, los 00, 01, 02, sus financiadores y protectores, a través de testaferros a quienes compraban “de buena fe”. Más aún, en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar, los peones de las haciendas eran unidades del paramilitarismo que le hacían la vuelta al patrón y el testaferro, un amigo del patrón que le hacía el catorce. La estructura se completaba con gamonales, casi siempre los mismos terratenientes, que controlaban notarías y oficinas de registro para dejar en firme la operación. El país ha conocido la primera parte de la historia, pero desconoce la segunda: el papel de notarios y registradores. La propuesta de la ONU podría ser una pista para ir a mirar no en el campo sino en esas oficinas la historia que se ignora, la pieza del rompecabezas que falta.
El señor Lafaurie argumenta la buena fe de los compradores de las tierras arrebatadas por el terror, en un laberinto en el que todo intento de reforma agraria se ha perdido. Hay maneras de probar que toda compra hecha después del paso de la motosierra es susceptible de ser dolosa, lo que anularía la tal buena fe de los compradores. Es la tarea que debe acometer el Gobierno con todo rigor. En los archivos de inteligencia del Estado deben existir datos muy aproximados sobre modo, tiempo y lugar de las victorias paramilitares.
El Gobierno ha logrado poco en materia de restitución porque se ha dejado enredar en el santanderismo y en el chantaje de los terratenientes que tratan de mostrar que las tierras restituidas a sus legítimos dueños son una estrategia de Santos para ir asentando la guerrilla en áreas “geoestratégicas”. El argumento, coreado por los grandes propietarios, busca señalar a los campesinos reclamantes como fichas de la guerrilla y así “generar situaciones de violencia” para que desistan de recuperar sus parcelas.
La ONU ha recogido las denuncias del valiente director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal: señalar a los reclamantes como guerrilleros es ponerlos en la mira de los paramilitares. Una reapropiación violenta de las tierras que la Ley 1448, con todas sus carencias, ha logrado devolver en pequeña escala a sus dueños originales. La estrategia de los beneficiados de la guerra que está por terminar consiste en volver a las andadas y encender el Sí a la guerra.
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