¡Ayer, otra vez, el procurador logró aplazar la discusión sobre la nulidad de su reelección en el Consejo de Estado!
Por: Cecilia Orozco Tascón, El Espectador
No es un triunfo: es una vergüenza para su hoja de vida aunque llegue a diciembre —cuando concluye su periodo— dirigiendo esa entidad que antes era garante de derechos y hoy es centro del clientelismo. Pero, ante todo, es una vergüenza para la justicia colombiana que, como cualquiera de las mujeres víctimas de la guerra, ha sido violada por bandidos, en este caso abogados, que han conseguido penetrarla, infiltrarla, corromperla, poniéndola al servicio de intereses nada públicos. Alejandro Ordóñez no es un gran jurista. Ni siquiera es un jurista. Es un politiquero abusador de los recursos estatales, bien para sacar del camino a quienes no comparten sus conductas, bien para beneficiar a sus aliados, amigos y parientes de él y de ellos, bien para favorecer sus causas mezquinas, por ejemplo, la de evitar la anulación de su segundo periodo en la Procuraduría.
Parodiando al exconsejero de Estado Marco Antonio Velilla, agresivo defensor de Ordóñez pese a que fungía como juez de esa corporación, digo que “es paradójico que la persona que, según la Constitución, tiene que proteger, en todos los procesos, las garantías fundamentales…” las manipule para paralizar la discusión, en Sala Plena, sobre la ponencia que les daría la razón a los demandantes. Velilla es todo lo que un togado no puede ser: activista furibundo y grosero —un patán hasta con sus colegas mujeres— a favor o en contra de ciertas demandas, según su procedencia, los personajes involucrados y los asuntos que resultaren afectados. No obstante su conflicto de interés manifiesto en actas oficiales, no tuvo empacho en recusar a varios colegas suyos: Lucy Jeannette Bermúdez, Alberto Yepes, Stella Conto y Danilo Rojas: los que no se le agachaban. Después denunció a tres de ellos en la Comisión de Acusación de la Cámara. Con esta maniobra, ¿buscaba neutralidad en quienes iban a votar a favor o en contra del procurador? Claro que no. Pretendía sacarlos del camino porque sin esos consejeros Ordóñez se salvaría. Roy Barreras, José Obdulio Gaviria o los “ñoños” envidiarían a este par.
Revisemos la historia: varias ONG que dedican su trabajo a devolverle al sistema judicial la majestad y el respeto perdidos demandaron la reelección del procurador un mes después de posesionado, es decir, en febrero de 2013, hace casi tres años y medio, entre otros motivos, porque Ordoñez nombró en puestos bien remunerados a familiares de miembros de la Corte Suprema —que lo postuló —, del Consejo de Estado —que lo postularía en caso de que la Corte no lo hiciera—, y del Senado —que lo eligió—. La abierta violación a la Constitución que prohíbe usar para fines personales la entidad que se dirige, no trascendió. Cortes y Congreso se alzaron de hombros y lo dejaron al frente de ese Ministerio. A partir de ese momento, el dúo Ordóñez-Velilla entrabó el proceso de nulidad, a los ponentes y a los togados que fallarían en derecho.
Ahora, cuando una nueva consejera, a la que no le han podido encontrar ni un pero, estudió juiciosamente el caso y dictó su ponencia, el procurador volvió a la carga: fue ayer al Consejo de Estado a revivir las recusaciones contra los dos magistrados que Velilla tenía en la mira y simultáneamente consiguió que el representante Germán Blanco, de la Comisión de Acusación y de su partido, el Conservador, les abriera conveniente investigación a los recusados. Así lograron la suspensión, por N ocasión, de la votación que se haría ayer mismo.
Las maniobras a favor de quien dice representar la Justicia, incluyen: bloqueos al trámite, presentación de recursos, recusaciones, impedimentos, cambio de apoderados y rotación del expediente entre sus amigos de sala. El objetivo es el de hace tres años: reequilibrar los votos para que Ordóñez termine su periodo y salga, como héroe, a lanzar su candidatura presidencial… por el partido Conservador-uribista.
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