La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras —conocida también Ley 1448 de 2011— abrió el boquete de las negociaciones de paz al darle reconocimiento político al conflicto armado.
Por: Alfredo Molano Bravo
Uribe se había negado —y se niega— a dar ese paso. Para él y para la extrema derecha, la insurgencia era —y sigue siendo— mero terrorismo y, por tanto, cualquier negociación implicaba de entrada y sin más ni más el sometimiento a la justicia. Lo hizo con los paramilitares —tan cerca de su corazón— y por eso no dejó de equipararlos con las guerrillas. Logró que buena parte de la ingenua y fácil opinión pública hablara de unos y de otros como la misma cosa. Sin duda un éxito publicitario. Hoy vemos que esa semilla, nacida de la guerra fría, germinó como nunca antes durante sus mandatos y sigue viva como la culebra que tanto nombra.
La restitución de tierras ha sido un fracaso absoluto: 233 sentencias y 15.000 hectáreas devueltas a sus legítimos dueños. Una gota en un océano de seis millones de hectáreas robadas a motosierrazo limpio. Los jueces se paralizan ante los alegatos de buena fe de los testaferros o de quienes han servido de testaferros a los testaferros. Los enredos jurídicos de un lado y la falta de fondos para financiar los trámites han puesto de rodillas esa ley que el presidente Santos llamó la llave de la negociación con las guerrillas y que dados sus resultados objetivos, continúa siendo un aliciente del paramilitarismo. El paro de los paras que paralizó buena parte del noroccidente no sólo demostró que siguen vivos, sino que de paso les dio toda la razón a las Farc en el sentido de que esa fuerza anda al acecho y que la concentración de tropas insurgentes en fincas abandonadas sería de hecho un haraquiri al que las guerrillas no son propensas.
Dejar las armas frente a un enemigo armado y envalentonado que el mismo Estado no ha podido reducir no es, como dice el ministro de Defensa, una mera disculpa para prolongar las negociaciones de La Habana, sino una realidad simple y tangible. Los paras han logrado poner contra la pared al Gobierno con una jugada a tres bandas que busca someter al Estado a su ley: o se les reconoce o impiden que las negociaciones con las Farc se rematen. La movilización del 2 de abril les cayó, para decir lo menos, como anillo al dedo de los gatillos, porque para el ciudadano común y corriente, la cosa no fue una simple coincidencia, sino el uso político de todas las formas de lucha. Y para ajustar, ahora el señor procurador sale a interesarse con los reclamos de los terratenientes enriquecidos por Jorge 40 en las Sabanas de San Ángel, sur de Magdalena. Es una región que fue clave en la expansión del poder paramilitar desde El Copey hasta Plato y desde Plato hasta la serranía de San Lucas, un corredor de muerte y despojo donde encalló la Ley 1448.
El domingo, cuando esta columna se lea, estará el doctor Ordóñez en San Alberto, Cesar, donde el dominio paramilitar ha convertido las tierras campesinas en enclaves de palma. Es difícil no ver en el conjunto de hechos un proyecto político para dinamitar las negociaciones de paz. El presidente Santos tiene pocas posibilidades de salir solo del embrollo. Necesitará del compromiso de Obama con el fin de la guerra fría para salir del enroque y sacar del juego la ficha que han jugado los paramilitares con el paro armado.
Aquí, como se dice, las cosas se deshacen como se hacen. Es nuestra esperanza. En este nuevo capítulo seguimos dependiendo del Imperio.
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