Las denuncias y evidencias sobre la reorganización de los paramilitares son cada vez más sonoras y tangibles.
Por: Alfredo Molano Bravo
En el norte de Urabá, en el sur de Tolima y el sur de Cauca, en Putumayo, en Nariño se mueven uniformados y armados, como lo hacían antes, quizá sin tanta protección de la fuerza pública. Han desempolvado y engrasado las armas largas y han vuelto a coser los brazaletes sobre el uniforme.
El Gobierno no lo ignora y no puede desentenderse de la amenaza que pesa sobre los acuerdos de La Habana. Uno podría pensar que se trata de una treta meramente publicitaria para que se les tenga en cuenta y entren por la puerta falsa a la negociación, no a las que tienen lugar con las Farc, sino a otras distintas que complementen las que Uribe dejó inconclusas. Sus jefes se sienten burlados y descabezados. No han sido suficientemente considerados. Se dice que la llamada Oficina de Envigado anda en esas y seguramente también las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Blancas.
Miradas las cosas más al fondo, su avance puede ser cada día más rentable en la medida en que se acerquen a las zonas donde el Gobierno quiere internar a las Farc. Valorizarían su peso militar puesto que las guerrillas se volverían más esquivas en momentos en que a Santos se le reduce el tiempo para llegar al anhelado acuerdo final. La fuerza pública podría decidirse, por fin, a combatirlas para defender lo que se ha logrado con las Farc, pero tendría que aceptar que son un movimiento político, lo que de suyo descuadraría la negociación. Pero, además, para hacerlo bien hecho, tendría que contar con una unidad interna de la fuerza que siempre les ha sido esquiva. Las manzanas podridas siguen enquistadas y cobran sus servicios tanto para la guerra como para la paz.
La negociación con las Farc parece haber llegado al mismo sitio donde naufragó en Caracas cuando Gaviria exigía la concentración de la guerrilla para sacar adelante el proceso. Las Farc se negaron considerando que perderían su herramienta más poderosa, la movilidad. Marulanda habló de las corralejas donde querían encerrarlos y en este punto, la negociación se desplomó: 20 años más de muertos.
El Gobierno alega que sin armas, la seguridad de los guerrilleros correría por cuenta del Ejército, y por tanto, para hacerla efectiva, sería necesaria la concentración. Se habla de territorios de paz en fincas de 500 hectáreas. Un poco más grandes, es cierto, que las concentraciones donde el Mono Jojoy tenía a los soldados. La vulnerabilidad a un ataque paramilitar es inversamente proporcional al tamaño del territorio de paz. Y mientras más pequeños sean, menor influencia política podría ejercer el movimiento que saldría de la dejación de armas. La concentración en corralejas implicaría que las Farc abandonen los territorios de donde los gobiernos no han podido sacarlas en 50 años, como, por ejemplo, el sur de Tolima, el norte de Cauca, el piedemonte oriental. Es en esos territorios donde las guerrillas han echado raíces y tienen sus bases sociales; con ellas cuentan para hacer política, que es lo que realmente se teme. Es la tesis de Uribe: concentraciones en campamentos alejados de la población civil, susceptibles de ser copados rápidamente por Fuerzas Militares o paramilitares.
Las guerrillas podrán dejar de serlo, pero no parece fácil que les regalen a los partidos políticos sus bases sociales. El fortalecimiento del paramilitarismo está dándole argumentos al Gobierno para encorralar a las Farc, que al parecer piensan lo contrario: no dejar sus armas a cambio de perder sus bases políticas.
Publicar un comentario