Es indudable que el hecho de que el Gobierno y las Farc hayan acordado quiénes y cómo vigilarán y verificarán el cumplimiento del acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y sobre dejación de armas, es un paso gigantesco que nos acerca al comienzo de la paz el cual, como dijo el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, es “una inequívoca muestra del deseo de finalizar la confrontación”.
Por: Patricia Lara Salive
Y también es indudable que el hecho de que las Naciones Unidas avalen el mecanismo de verificación crea confianza entre las partes, facilita que se logre el acuerdo final y permite dirimir las controversias que se presenten en el futuro.
Pero también es innegable que mientras más cerca estamos del acuerdo final, más se incrementan los desafíos y los retos que debe enfrentar el Gobierno, y que tienen que ver con su capacidad para cumplir en la práctica los compromisos que adquiere en el papel.
En el caso del acuerdo agrario, por ejemplo: ¿ya están listos el Ministerio de Agricultura y las demás entidades del sector para poner a funcionar el banco de tierras pactado, de modo que se incorporen y se registren las tierras para que todas paguen impuestos, se formalicen los títulos de los terrenos de los campesinos y se realicen los ambiciosos programas de infraestructura y de desarrollo rural, de manera que ellos tengan salud, educación y disfruten de niveles de vida similares a los de los citadinos?
Y en lo político, ¿el Gobierno ya está listo para garantizar que los excombatientes de las Farc, una vez incorporados a la vida civil, puedan hacer proselitismo sin que los maten, como ocurrió con los 3.000 militantes de la Unión Patriótica muertos en los 80 y 90, con sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo y con el recién reincorporado líder del M-19 Carlos Pizarro?
A propósito de ese punto, el dirigente de las Farc, Pablo Catatumbo, dijo esta semana en una entrevista a este diario que “el paramilitarismo está vivo y es la principal amenaza para la paz y la democracia”. Y agregó: “hoy tenemos un paramilitarismo que tiene la parapolítica, la paraeconomía y las empresas de seguridad privada, donde están los peores criminales y violadores de derechos humanos, los que les quitaron la tierra a los campesinos y propiciaron desplazamientos y masacres”.
Catatumbo le pide al Gobierno que tome “medidas creíbles que manden una señal que apunte hacia el combate frontal”, como “depurar las Fuerzas Militares”, eliminar leyes y decretos que soportan al paramilitarismo, desarrollar acciones contra la parapolítica, “como reglamentar formas de participación política, acabar con la alcahuetería de los avales o imponer sanciones drásticas”, evitar que controlen la salud, el mercado del oro, la minería ilegal, etc. Y añade: “las bacrim son el componente armado, pero hay cosas que son invisibles y el paramilitarismo tiene otros componentes. Lo que necesitamos saber es si el Gobierno tiene la disposición real de acabar con el paramilitarismo”.
Es una pregunta pertinente, entre otras razones porque la conclusión deCatatumbo es demoledora: “el mayor fracaso que puede ocurrir en la política colombiana es que no se pueda garantizar que la paz sea posible”, dice. “Si el establecimiento no es capaz de garantizar la vida de los comandantes guerrilleros una vez se firmen los acuerdos, si vuelve a ocurrir lo que ocurrió con Carlos Pizarro, ese sería el fracaso de la paz. Es el reto que tienen Santos y las Fuerzas Militares”.
¡Nada menos! ¿Están listos?
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