En la condena del Tribunal de Justicia y Paz al Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso menciona la colaboración de miembros de la Fiscalía con los paramilitares. El camino de los testimonios conduce al ex fiscal general Luis Camilo Osorio.
Por: Santiago Villa
Los caminos de los testimonios de procesados por paramilitarismo siguen conduciendo a Luis Camilo Osorio. La sentencia de ocho años de prisión a Salvatore Mancuso y a otros cinco cabecillas del Bloque Catatumbo pone nuevamente de relieve la ineficiencia de las investigaciones adelantadas contra el ex fiscal general Osorio (2001 - 2005).
La reciente sentencia contra el Bloque Catatumbo recoge más de cinco años de barbarie en el departamento de Norte de Santander, que tuvieron su auge entre 1999 y 2004. En plata blanca, la conclusión del Tribunal de Justicia y Paz es que la violencia que causó más de 13.000 muertos, 2.000 desapariciones y 70.000 desplazamientos fue una política de Estado. Quien conoce la historia del Catatumbo sabe que en esta región fronteriza con Venezuela las instituciones estatales trabajaban en llave con el Bloque Catatumbo. Hasta el momento se ha hecho justicia en algunos casos. La mayor impunidad existe, sin embargo, entre quienes colaboraron desde el Estado para imponer este régimen de terror.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia y Paz cuestiona que Luis Camilo Osorio hubiera mantenido en su cargo a Ana María Flórez, ex directora seccional de Fiscalías de Norte de Santander, que se encuentra prófuga de la justicia, a pesar de que ya había indicios de su colaboración con los paramilitares. Magali Moreno, ex asistente de la fiscal Flórez, afirmó que Osorio era amigo personal de Flórez. Este no es el único testimonio que compromete a Osorio. Varios ex empleados de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico Investigativo afirman que cuando Luis Camilo Osorio fue fiscal general los paramilitares eran protegidos por esa institución.
Uno de los proceso más grandes que se han abierto contra la estructura financiera de los paramilitares fue anulado por Luis Camilo Osorio, según me confirmó el doctor Alfonso Gómez Méndez, el antecesor de Osorio en la Fiscalía General. El proceso tenía alrededor de 1.200 cuadernos y 3.000 anexos. El año pasado hablé con uno de sus investigadores, quien me dijo que "iba a ser más grande que el proceso 8.000".
Hace dos años, en esta misma columna, también me referí a la investigación que entre los años 2001 y 2002 realizó Richard Maok Riaño, ex investigador del CTI, sobre los vínculos que había dentro de la Fiscalía General con los paramilitares.
Maok Riaño, quien está asilado en Canadá y fue despedido a los pocos días que el ex fiscal Osorio supiera que se hacía esta investigación, dice estar reconstruyéndola. Hablé ayer con Maok Riaño. Explicó que durante el último año y medio ha logrado recuperar los cruces de información de 36.000 registros que se archivaron en la Fiscalía General hace más de diez años.
Dijo que está a punto de concluir un informe de 400 páginas en el que evidencia relaciones de ex funcionarios de la Fiscalía General con paramilitares. Solicita que la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía envíen a un perito en Documentología y Grafología Forense, y otro en Análisis Criminal, con el software IBM i2 Analyst's Notebook, con el fin de entregar la información. Los investigadores de la Comisión de Acusaciones ya han incumplido tres citas para recoger el testimonio y las pruebas de Richard Maok Riaño.
Hacia el final de nuestra conversación, Maok Riaño dijo: "No entiendo por qué han dejado en el olvido a tres fiscales que en su momento también denunciaron a Osorio. Son Elcida Molina, Luis Augusto Sepúlveda y Marcela Roldán".
Maok Riaño tiene pocas esperanzas en el sistema colombiano, y más confianza en los procesos que pueda iniciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Lamentablemente, yo también. Ojalá que las instituciones de este país no nos den la razón.
Twitter: @santiagovillach
Santiago Villa | Elespectador.com
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