La furgoneta del reparto se detiene en la puerta una vez al mes, procurando no entorpecer el tráfico de la gran ciudad. Las provisiones se han terminado y los dueños del local le han llamado para hacer un nuevo pedido. El conductor baja del vehículo y con la ayuda de un carro carga varios kilos de género para llevarlos hasta el local. Las cajas no contienen ni comida, ni bebida: el hombre del reparto dispensa marihuana. Esta escena se repite cada mes en muchas calles de Barcelona, sin que casi nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. Los clubes cannábicos son tan céntricos como discretos. “Trabajamos en un vacío legal y lo último que queremos es causar y tener problemas”, explica un trabajador de estos clubes. La mayoría están en Ciutat Vella, pero también se pueden encontrar en Gràcia e incluso a cincuenta metros del Hotel Ritz, en la Gran Via. En los últimos dos años han proliferado de una manera exponencial. Y, admiten, “sin demasiado control”.
El Ayuntamiento de Barcelona calcula que hay unas 200 asociaciones en la ciudad. En toda Cataluña la cifra ronda los 400. La Federación de Asociaciones Cannábicas Autoreguladas de Cataluña (Fedcac) estima que entre todas las entidades pueden tener más de 165.000 asociados, 60.000 de las cuales consumen con asiduidad. “El consumo medio de los socios más activos está entre los 50 y 100 euros al mes, mientras que el resto compra con menos frecuencia”, afirma Martí Cánaves, abogado penalista y experto en este tipo de asociaciones. Fuentes del sector estiman que estas entidades sin ánimo de lucro y sin apenas regulación facturan cada mes unos cinco millones de euros. A esta suma hay que restarle los gastos del alquiler del local, las nóminas de los trabajadores y los abogados, pero nada más, porque no pagan impuestos por el género que venden o “dispensan”, según la jerga del sector.
Desde hace años, el Parlamento vasco está entrevistando a expertos para encontrar una ley que permita regular estos clubes y, desde hace poco, el Parlament también se ha puesto manos a la obra. Pero la regulación avanza muy lentamente y las cifras son llamativas. “Se nos está yendo de las manos”, reconocen desde la Fedcac y añaden: “Esto será imparable”. Las asociaciones hace tiempo que reclaman una regulación y, en Cataluña, se han organizado en dos federaciones para intentar hacer presión. “Nos hemos reunido 27 veces con los distintos partidos en el Parlament”, explica Alberto Tió, portavoz de la federación.
La Fedcac ha publicado un Manual de Buenas Prácticas, que incluye algunas recomendaciones como, por ejemplo, contar con la presencia de un médico en cada club para atender a los socios terapéuticos pero también a los lúdicos.
Mientras las administraciones debaten cómo abordar el problema, el mercado que gira entorno del cannabis sigue acelerando. “Tenemos por delante un mercado enorme y ya hay mucha gente que se está forrando”, aseguró un trabajador de una de estas asociaciones que prefiere no dar su nombre. “Hay camellos de drogas más duras que se han reciclado y que se están sumando al sector del cannabis”, añadió. Desde su punto de vista, estos clubes corren el riesgo de acabar como la prostitución: “Condenada a las mafias por culpa de la desregulación”.
La falta de regulación del sector y la primacía del derecho de asociación, recogido en la Constitución, han creado el vacío legal en el que se mueven las entidades. Cuando hace tres años empezó el auge de los clubes cannábicos, el Departamento de Justicia pidió informes a los Mossos d‘Esquadra y a la Fiscalía para que aclararan si debía registrarlas como asociaciones. Pese a los recelos de la policía, la Fiscalía concluyó que estaban amparadas por el derecho de asociación. Varias sentencias han ratificado luego que las entidades pueden dispensar marihuana entre sus socios, según el principio del “consumo compartido” —por el que los socios se juntan para cultivar y compartir la cosecha—, pero no pueden cultivarla, comprarla ni venderla porque sería un delito.
La controversia ha surgido con el crecimiento de las asociaciones —algunas tienen miles de socios— y el hecho de que aunque funcionen como clubes cerrados donde solo los socios tienen acceso, el cultivo y la distribución ya ha dejado de ser algo compartido. “Se contratan naves industriales llenas de focos, donde normalmente se pincha la luz para que nadie detecte un consumo desobritado y se levanten sospechas”, explica una persona del sector.
Las lagunas legales quedaron de manifiesto a principios del año 2012 cuando el municipio de Rasquera (Ribera d'Ebre) intentó cultivar marihuana de manera legal tras llegar a un acuerdo con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo. Desde el Departamento de Interior advirtieron que estos clubes se podían convertir en puntos de venta, aunque hasta la fecha los jueces no lo han visto así y en sus sentencias han absuelto a varias asociaciones.
Fuente: El País
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