Por Aura Patricia Bolivar Jaime Revista Semana
OPINIÓN. El modelo de desarrollo rural propuesto por el Gobierno Nacional lejos de facilitar la “democratización” de la tierra promueve la concentración de su uso en favor de grandes inversionistas.
Después
de tres años de gestión, el Gobierno Nacional ha hecho varios intentos
para lograr la aprobación de un modelo de desarrollo rural que facilita
el acaparamiento de tierras con el fin de promover el desarrollo de
proyectos agroindustriales a gran escala. Este proyecto parece ir en
contrav
ía de sus propósitos de buscar la paz y alcanzar una sociedad más democrática, capaz de brindarle al campesinado un lugar digno.
Así,
desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobaron tres
artículos que eliminaban las medidas restrictivas de venta de baldíos
adjudicados a campesinos y modificaban la disposición de esos terrenos
de forma que pudiesen ser adjudicados a empresas agropecuarias sin
ninguna limitación. La Corte Constitucional
tumbó estas disposiciones por considerarlas regresivas frente al deber
del Estado de eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la
propiedad rural.
Aun cuando a la fecha no se ha
garantizado la “democratización” y desconcentración de la tierra, el
Gobierno de Santos ha reiterado como uno de los lineamientos de la
locomotora del agro “garantizar la inversión en el campo”. Así quedó
claro en el proyecto de ley
presentado por el Ministro de Agricultura en el mes pasado, el cual
creaba nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y
modificaba el régimen de baldíos.
Si bien este
proyecto fue retirado por orden del presidente, es importante recordar
su contenido a fin de continuar el debate nacional respecto del modelo
que se pretende implementar. Al menos tres puntos merecen una particular
atención.
En primer lugar, el artículo 21
establecía que las limitaciones y restricciones para la acumulación de
Unidades Agrícolas Familiares (UAF) sólo serían aplicables para bienes
adjudicados después del 5 de agosto de 1994. Con este artículo se
intentaba legalizar la compra masiva de baldíos por parte de empresas
como Riopaila Castilla S.A., Poligrow, Indupalma, Cementos Argos, Mónica
Semillas, entre otras, que mediante “estrategias sofisticadas” lograron
acumular tierras que estaban destinadas a campesinos de escasos
recursos y sin tierra.
En segundo lugar, el
proyecto reproducía el modelo de alianzas productivas, donde los
campesinos podrían transferir los baldíos adjudicados a terceros o
gestores. En esta ocasión la novedad se encontraba en que los terceros
debían dejar al menos un 20% de la tierra al campesino para que este
desarrollara actividades productivas, claro está “articuladas” con las
del gestor. Estas normas constituían claramente un retroceso respecto de
la ley 160, que impedía la acumulación de baldíos adjudicados en cabeza
de grandes propietarios. Si bien con estas alianzas el campesino
conserva la propiedad sobre la tierra, en la práctica no sería más que
un trabajador o aparcero del tercero.
En tercer
lugar, el proyecto promovía la expansión de zonas de interés para el
desarrollo económico y social, las cuales podían ser entregadas
directamente en arrendamiento y otras modalidades a empresas para la
explotación de cultivos agrícolas, actividades forestales o ganadería.
El proyecto no establecía restricciones claras respecto de plazos,
extensiones máximas y condiciones para la explotación de estos baldíos,
circunstancia que abría paso al aprovechamiento sin límites de estas
tierras.
Como se observa hasta aquí, el modelo
de desarrollo rural propuesto por el gobierno nacional promueve la
entrega y concentración de baldíos para desarrollar proyectos
agroindustriales a gran escala, impidiendo el acceso y explotación de
las tierras por parte de los trabajadores agrarios.
Aún
cuando estas políticas resultan problemáticas pues parecen contrarias a
algunos puntos del Pacto Agrario y los acuerdos de La Habana, su
contenido se ajusta perfectamente a la dinámica del mercado de tierras
internacional que busca resolver los problemas de tenencia de la tierra
para dar garantías y seguridad a grandes inversionistas que están
interesados en adquirirlas.
No se trata de
hacer lobby mamerto para impedir el “desarrollo del país”. En el fondo
lo que se busca es abrir ampliamente la discusión sobre un modelo de
desarrollo rural que promueve la acumulación de la tierra para darle un
uso en actividades destinadas a la producción de alimentos y
agrocombustibles para la exportación. Todo ello facilitando la
acumulación y especulación con la tierra y los productos que se obtienen
de esta el mercado financiero internacional.
* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia -
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