Hernando Vanegas Toloza,
Postales de Estocolmo.
Parece que una parte de
la sociedad colombiano ha olvidado que vivimos una situación excepcional de guerra
durante más de 60 años. La guerra no es la normalidad de la vida de una
república. En años recientes quien quiere vivir en guerra –y las provocan- es
el imperialismo por su mismo carácter agresivo. Lo normal para una sociedad es
vivir en paz, con tranquilidad para poder construir sus sueños.
De otra parte, olvidan algunos funcionarios y analistas
burgueses –no sé si consciente o inconscientemente- que el Acuerdo de Paz es un Acuerdo de carácter excepcional que busca
resolver el problema de la existencia de unas guerrillas durante 53 años
–producto de una agresión estatal reiterada cada 4 años por el presidente de
turno-.
Si fue excepcional el Ataque a Marquetalia -16.000 soldados,
utilización de la aviación (bombardeos) y uso de armas biológicas (peste
negra)- su solución debía ser un Acuerdo de carácter excepcional. Como siempre insistió el Comadante Alfonso en ”buscarle
una salida política al conflicto interno”.
De allí que es
importantísimo resaltar que lo que los colombianos debemos agradecer,
especialmente a las FARC-EP, y al presidente JM Santos, claro está, es haber
logrado construir el Acuerdo de Paz que cesó la confrontación fratricida entre
los colombianos. Y sentó las bases para resarcir –en el papel con la firma del
Acuerdo de Paz del Teatro Colón- a los colombianos por todos los vacíos que el
estado no ha previsto, o nunca quiso resolver, especialmente en lo relativo a Reforma
Rural Integral, reforma política, etc, etc.
Ese Acuerdo excepcional
preveé, entre otras, la participación política de la FARC. Una participación
excepcional. El hecho de que los miembros de la FARC puedan acceder a cargos de
representación -ya tienen asegurados 5 en senado y 5 en cámara producto del
Acuerdo- es quizás la muestra más contundente que se pensó en la
reincorporación a la sociedad de los guerrileros y se reconoce el carácter
emientemente político del Nuevo partido FARC.
Como muchos funcionarios
estatales están por torpedear el Acuerdo de Paz –producto de la legalidad de
guerra imperante y del odio que experimentan algunos- ahora salen que necesitan
“certificado de buena conducta” como si alguien que hubiera estado involucrado
en una guerra durante 53 pudiera mostrar un certificado de tal tipo.
No, señores. No pueden a
la FARC aplicarle la “normal” Constitución ya que ella no preveé éstas
situaciones excepcionales. Por y para ello fue posible y necesario el Acuerdo
de Paz, un Acuerdo de naturaleza política con efectos económicos y políticos.
Por ello, tiene el gobierno de JM Santos que garantizar la excepcional
participación de la FARC en el debate electoral.
Es de resaltar que la
FARC tiene en estos momentos suspendidas las órdenes de captura que pesan sobre
su dirección política, a la espera de la JEP a la cual se someterán algunos de
sus comandantes, entonces no se entiende que un “inteligente” registrador
esgrima la necesidad de un certificado de buena conducta y lo esgrima para
impedir la participación de FARC en la campaña electoral.
Al estar suspendidas las
órdenes de captura significa y se entiende que no hay ningún impedimento por el
cual se puede negar la participación política de la FARC. Ninguno. Además, esa
participación está contemplada en el Acuerdo de Paz.
Sabemos que muchos
funcionarios estatales transpiran copiosamente odio hacia la FARC, mas ello no
debe ser óbice para no cumplir con su deber. Ese deber es expedir los
certificados de buena conducta a fin de que por fin los colombianos, todos,
podamos vivir en paz.
Ahora bien, entenderíamos
mucho menos que en el estado colombiano haya una conducta diferenciada hacia
ciertos ciudadanos. Los miembros de FARC pueden movilizarse “libremente” por
todo el país, protegidos por los escoltas estatales encargados de su seguridad,
participando en eventos de todo tipo, y ahora ante la participación en política
se les restringe ese derecho “normal” de todos los colombianos.
Es como si para unas
cosas no se exige certificado de “buena conducta” para, por ejemplo, asistir a
una conferencia en una Universidad, y para otras, participación política, se
exigiera esa certificado. Ante ello estaríamos ante una conducta fascistoide de
ciertos funcionarios estatales.
Nunca se debería olvidar
que estamos inmersos en una situación excepcional, de construcción de la paz,
de implementación del Acuerdo de Paz, y siempre deberíamos privilegiar el bien
supremo de la sociedad, la Paz. No hacerlo sería ir en
contravía de los deseos de los colombianos.
Y por ahí no es la cosa.
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