Estaban cantados los siete muertos y 20 heridos del pasado 5 de octubre en Pueblo Negro, Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco, que el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de la región y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje denunciaron como resultado del enfrentamiento violento entre fuerzas del orden y cultivadores de coca. Desde hace meses diferentes organizaciones sociales le han notificado al Gobierno, a la ONU y a la opinión pública la violencia que la fuerza pública ejerce contra los campesinos, colonos, negros e indígenas que protestan por el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de erradicación voluntaria surgidos del Punto IV del Acuerdo de La Habana. En septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) denunció la intensificación de operaciones violentas de erradicación forzosa por parte del Ejército y del Esmad en El Retorno (Guaviare), Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander). La Defensoría del Pueblo ha encendido alertas rojas sobre las amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y comunidades involucradas en la implementación de programas de erradicación.
El 21 de septiembre campesinos del corregimiento de San Juan, en Corinto (Cauca), protestaron por el incumplimiento del Gobierno cuando fueron agredidos por el Ejército Nacional. Resultado: heridos tres campesinos y muerto el guardia campesino José Alberto Turijano. En San Isidro de Morales (Cauca) se presentó un hecho similar: cuatro heridos, un muerto. En Piamonte, Bota Caucana, la dirigente de Coccam Maydany Salcedo sufrió un atentado contra su vida. En Tibú, luego de firmar un acuerdo entre campesinos y el Programa Nacional de Sustitución Integral de cultivos de uso ilícito, las tropas del Ejército desembarcaron para erradicar a la fuerza las matas de coca.
No se trata de un accidente, ni de dos o tres “intervenciones desafortunadas”. Se trata de una política de represión contra la protesta social por el incumplimiento de los acuerdos de erradicación voluntaria. La historia es simple: el Gobierno firmó el pacto pero no inició programas de sustitución de cultivos; la gente sale a la carretera, llega la fuerza pública, choca contra los campesinos y en medio del alboroto y los gritos “se dispara y resultan muertos y heridos”. Fue lo que sucedió el jueves en Llorente, Nariño: después de denuncias, solicitudes, respetuosos requerimientos, llegaron las tropas del Gobierno, maltrataron al primero que gritó; se generalizó la protesta, alguien tiró una piedra. Las fuerzas del orden atacaron... Entonces, “el Ejército y la Policía se permiten informar que la disidencia de las Farc usó cilindros contra la fuerza pública y dispararon indiscriminadamente”. Los campesinos denuncian lo contrario: ellos fueron las víctimas; no hay un militar herido ni de bala ni con esquirlas, y preguntan: ¿Dónde están los huecos de los cilindros bomba? La investigación por los hechos se demorará años en establecer las responsabilidades, y en el mejor de los casos terminarán juzgados —no necesariamente condenados— un soldadito y un cabo.
Salta a la vista que la represión brutal se recrudece con los miedos del Gobierno colombiano a la descertificación anunciada por Trump y orquestada por el Centro Democrático y la Fiscalía. Es evidente que los campesinos hoy están saliendo a defender el Acuerdo de La Habana en lo que tiene que ver con cultivos ilícitos. En el futuro, podrán también exigir el cumplimiento de todo el Punto I sobre tierras.
Esos muertos son los primeros tiros para hacer trizas el Acuerdo de La Habana, como lo busca el Centro Democrático; o para botar al hoyo a las Farc, como lo pretende Cambio Radical.
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