Los escádalos por corrupción que están saliendo a flote en Colombia son la señal tangible de que hay una crisis profunda en el sistema político basado en los partidos.
Lo acaba de confirmar Vargas Lleras con su decisión de recoger firmas para ir a las presidenciales sin el aval de Cambio Radical. Él, un producto del sistema de partidos, hoy quiere distanciarse y aparecer como alguien libre de lógicas clientelistas.
La Constitución del 91 define los partidos como organizaciones que tienen como principios rectores la transparencia, objetividad y moralidad. Contrario a esto, han promovido intereses particulares y a veces hasta criminales.
En otras palabras, el principio rector de los partidos no ha sido la transparencia, sino la pertenencia. O sea, a través del clientelismo y de la corrupción se han beneficiado más fácilmente aquellos individuos que pertenecen a una u otra corriente del partido que esté en el poder. Por eso, cuando la política está empapada de corrupción, lo que vale no es quién eres, sino a quién perteneces. Porque la corrupción no es otra cosa que la expresión de un vínculo de pertenencia; una especie de cuota de afiliación.
Por eso, la corrupción es la negación de la libertad y asfixia a la democracia. Así que, si uno es una persona realmente libre, no es tenido en cuenta. Porque, si alguien tiene vínculos de pertenencia fuertes (por el apellido o por sus lazos con el poder), así sea un individuo trivial, va a tener un futuro brillante. En cambio, si la pertenencia de alguien es débil, uno puede ser un genio como Einstein, pero va a quedar sin empleo. Esta es la lógica que promueve la pertenencia, porque no valora el mérito de uno.
De hecho, dado que la corrupción es la expresión de una lógica de la pertenencia, hay que deducir que la corrupción coincide con la lógica mafiosa. Efectivamente, el principio rector de la mafia es la pertenencia, y por eso la negación de la libertad y de la democracia son su prioridad y su objetivo final. Entonces, cuando los partidos políticos, y sus representantes, promueven la corrupción y hacen de la lógica de la pertenencia la base de sus actuaciones, decisiones y relaciones, terminan siendo los aliados privilegiados de las mafias.
Debido a que la corrupción no es solo un acto criminal, sino también la expresión de una cultura política, la lucha contra la corrupción y la mafia no puede ser responsabilidad exclusiva de la fuerza pública y de los fiscales.
La lucha contra la corrupción tiene que privilegiar una estrategia cultural porque tiene que generar la transformación de los valores y de las prácticas culturales. Es una lucha que tiene que salir desde la ciudadanía y verterse en la política. Porque se trata de liberar la esfera pública de la corrupción y de los intereses mafiosos para poder afirmar la democracia y la libertad.
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