“Soltaron al diablo", dijo un muchacho que en el Parque Nariño de Tumaco me contó que habían destripado a una niña en Satinga para “amedrentar a la gente”. En el mismo Parque Nariño asesinaron a la hermana Yolanda Cerón, luchadora por la causa territorial de las comunidades negras y que había denunciado los estrechos vínculos de las fuerzas del orden con los paramilitares y de los paramilitares con las empresas de palma, con los comerciantes de oro, con los traficantes de cocaína.
El paramilitarismo estuvo durante unos años como cuando se le baja la candela al arroz para que abra. Y está abriendo al ritmo en que las guerrillas se van cerrando y el Estado no puede —o no quiere, o una parte quiere y la otra no permite— llenar el hueco que deja la insurgencia. Bien paradójico: el Estado reclama el monopolio de las armas, pero no puede ejercerlo. Reclama el monopolio de los tributos, y tampoco puede; reclama el monopolio de la justicia, y menos. La Constitución parece ser un papel firmado que rige una auténtica “república aérea” de las que habló Bolívar en 1812.
Hoy suena cada día más duro en Tumaco un nuevo grupo: “Gente de orden”. ¿De qué orden se trata? Del orden propicio para que la cocaína salga sin tropiezos, los palmeros sigan arrinconando a los Consejos Comunitarios, la minería ilegal continúe sacando el oro que las transnacionales mineras manejan. Y el tubo de petróleo siga siendo ordeñado ante un inexplicable mutismo de Ecopetrol. (Ya lo hubo en Barranca cuando las Auc se fortalecían). Es un asunto de plata. De un fabuloso tesoro que exige ser defendido por unas reglas de juego impuestas por las armas.
Los gobiernos se han hecho los desentendidos porque esas fuerzas eran —y siguen siendo— enemigas de las guerrillas y permitieron dejar sueltas las pezuñas al diablo.
El miércoles de la semana pasada se conoció un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la opinión pública en que anuncian que “después de las nueve de la noche no queremos ver ni un perro ni un gato por las calles”. El jueves en la noche apareció muerto Víctor Castillo en el barrio Panamá, donde había participado en un grupo de guapos que sacaron a palo y machete a los paramilitares hace unos años. Fue también uno de los muchachos que facilitaron, con el apoyo de la Diócesis y de Naciones Unidas, la desmovilización individual de 120 jóvenes que el Gobierno acogió vía reinserción. Les dio un certificado y los soltó de nuevo a los barrios, con lo que los empujó a un riesgo inminente, como lo denunció la Defensoría. A Víctor le habían dado como protección un celular, un chaleco y un manual de instrucciones.
El asesinato no fue un hecho casual. El sábado, haciendo honor a su palabra, volvió al puerto el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, que se posesionó en Tumaco y que prometió regresar a los 45 días para evaluar la situación. Sin duda, la encontró mucho más grave. En este año, según cifras de Medicina Legal, han asesinado 98 personas en el camino del diablo.
No se me haría raro que el toque de queda en la costa de Nariño sea una “medida profiláctica” para impedir que los paros de Chocó y Buenaventura se desborden hacia el sur e incendien también Tumaco.
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