NOTAS DE BUHARDILLA - EL ESPECTADOR
Comprendo y me solidarizo con el director de la Policía, general Nieto, y con su institución, cuando afirma que “matar policías es un acto desesperado de los mafiosos”, pero no puedo decir lo mismo de su subdirector, el general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, quien debería estar ya vestido de civil si este país fuera serio.
El segundo hombre de la Policía ha tenido una extraña relación con Jorge Luis Henao Arango, quien, disfrazado de dirigente cívico en Buga y en el Valle del Cauca, ha logrado no sólo mantener en la penumbra la condena que le fue impuesta en Panamá por tráfico de estupefacientes (http://bit.ly/2loqMph) y otra más por abuso de menores en Colombia (http://bit.ly/2mPnKre), sino además beneficiarse él y su familia de favores otorgados con cargo al erario municipal por el exalcalde John Harold Suárez y el actual burgomaestre Julián Latorre. Tal es el poder de Henao que el camaleón y diletante Angelino Garzón se ha puesto a su servicio para difundirle panfletos y calumnias en mi contra, que los malquerientes uribistas —auxiliados por un senador y tres rábulas del derecho— reproducen irresponsablemente sin ver la viga en el ojo propio, porque obviamente los de esa ralea dios los cría y ellos se juntan. Como era de esperarse, los antecedentes judiciales de Henao tampoco le han impedido convertirse en orientador del Centro Democrático en Buga, como de ello da cuenta un álbum fotográfico en el que obviamente aparece abrazado con Álvaro Uribe (http://bit.ly/2rHRFXJ).
Pues bien, algún ciudadano, de los que viven atemorizados en ese régimen del terror que han montado en la ciudad señora, me advirtió que Henao Arango alardea de su amistad con el subdirector de la Policía. Como eso me parecía improbable, presenté un derecho de petición al general Restrepo, quien me respondió que en efecto conoce a Henao porque “ese ciudadano se desempeñaba como coordinador de la Red de Apoyo para la Policía Nacional, cuando me desempeñé como comandante del Departamento de Policía, Valle del Cauca, para los años 2007 – 2008 y enero 2009, se caracterizaba por ser un líder comunitario y realizaba algunas coordinaciones cívico-policiales en la ciudad de Buga”.
La revelación del subdirector de la Policía es patética, porque los antecedentes penales de Henao Arango datan desde mucho antes de que el general Restrepo conociera al que aún hoy distingue como un “líder comunitario”. Produce no solo desconcierto, sino miedo, que el comandante de la Policía de un departamento ande con personas que han sido condenadas penalmente. ¿Qué esperar de una Policía que, como lo reconoce el actual subdirector, tolera que un excondenado coordine actividades cívico-policiales? Si el actual subdirector de la Policía no supo con quién se relacionaba cuando comandó la institución en el Valle del Cauca, habrá que preguntarse cómo llegó donde está.
Pero el mal ejemplo cunde, porque el actual comandante de la Policía en Buga, el teniente coronel Andrés Fernando Serna Bustamante, también ha hecho partícipe a Henao Arango del trato que seguramente aprendió de sus superiores, y ya son varias las oportunidades en que ambos comparten tribunas en actos públicos.
Un ciudadano desprevenido tiene que quedar perplejo de que la Policía tenga como ángeles de la guarda a personas que estuvieron vinculadas con tráfico de drogas o con abuso de menores. Delinquir sí paga.
A pesar del silencio cómplice de las fuerzas vivas que conviven cómodamente con el Cartel de Buga, que creen que la salvación de la ciudad es problema de otros y no de todos, no me rindo. Ni siquiera ante las amenazas de muerte que vengo recibiendo en las que se me advierte que un comando de sicarios está listo para asesinarme en cuanto ponga un pie en la ciudad de mis mayores, o inclusive en las calles de Bogotá, para lo cual ya cuentan con el respaldo de otros matones.
Son las cosas que pasan en un país donde el segundo hombre de la Policía Nacional, y el primero en Buga, gradúan de prohombre a quien antes narcotraficaba y abusaba de menores.
Adenda. Tiene razón Roy Barreras. La Corte Constitucional no prohibió al Congreso tomar la decisión de votar en bloque.
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