A lo largo de una guerra de más de cincuenta años contra las Farc, casi de setenta si la empatamos con la que sostuvieron contra las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, nunca se oyó decir, manifestar, proclamar públicamente a un general, o a su sindicato de retirados, preocupación alguna por la “seguridad nacional”.
Eso no existía o era algo de lo cual no había porque distraerse, pues bastante tenían con su lustroso arsenal de soles y medallas, condecoraciones y bonificaciones por chusmero o guerrillero “dado de baja en combate”, de los que pronto vino a comprobarse por la justicia ordinaria no eran tales, sino campesinos y jóvenes, algunos con síndrome de Down, reclutados a la fuerza en capitales y centros urbanos de distintas regiones del país y luego ejecutados por militares que hoy, gracias a los acuerdos de paz con las guerrillas, son beneficiarios de la JEP.
Sí. De la Jurisdicción Especial para la Paz, esa a la que se oponen tantos generales atosigados y empalagados y ahítos de honores, bonificaciones pensionales, sinecuras, canonjías y unos cuantos engavetados procesos por “falsos positivos”, como ha catalogado la Justicia colombiana y la internacional estos crímenes de lesa humanidad.
Resulta extraño que antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, del cual son también beneficiarios al por mayor, jamás se haya sabido, percibido o registrado en los anales, alerta de militar alguno sobre el riesgo que para la “seguridad nacional” de Colombia constituían las guerrillas liberales, el Eln, M-19, Crs, Epl, Quintín Lame, entre las más, a las cuales nunca fueron capaces siquiera de espantar.
Más que extraño, cuanto tipifica esa conducta es un acto de felonía por parte de quienes conociendo de tan grave riesgo para la seguridad del país y ostentando el poder las armas de la República, ocultaron durante décadas su ocurrencia y no tuvieron el valor de denunciar y combatir no obstante el deber que les imponía la Constitución Nacional.
Ni siquiera cuando la toma armada de la embajada dominicana por el M-19, el 27 de febrero de 1980, comandada por Rosenberg Pabón, que conllevó el secuestro de diplomáticos e invasión de territorio extranjero, una embajada lo es, se les oyó cacarear de temor y preocupación a los generales por la “seguridad nacional” de Colombia.
Para entonces no existía ni sentían ni los perturbaba el celo patriótico que hoy los arroba y proclaman para generar camorra y oposición al Acuerdo de Paz suscrito por el Estado y Gobierno con las guerrillas de las Farc-EP.
Pasaron décadas y nuestros generales, comandantes, ministros de Defensa fueron o muy olvidadizos o muy incompetentes o en grado sumo desleales a la patria que juraron defender con la fuerza de las armas oficiales.
El que sí no han olvidado nuestros prohombres de los ejércitos regulares en reposo, es el discurso sectario de la falacia histórica de las “repúblicas independientes” proclamado por Álvaro Gómez, según el cual los liberales de entonces, no los réprobos supérstites, habían creado jurisdicciones autónomas con ejércitos de campesinos armados, comandados por Pedro Antonio Marín y otros, para hacer frente a la violencia política armada promovida por la hegemonía en el poder.
Las mismas “repúblicas independientes” que hoy, según el plenipotenciario negociador, y beneficiario del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc-EP, general Mora Rangel, suponen un “interés manifiesto de las Farc por crear a toda costa zonas permanentes para conformar peligrosos asentamientos con grupos desmovilizados y comunidades afectadas”.
Ni más ni menos, el fermento ideológico y político, la misma estrategia y discurso, que dio inicio al medio siglo de violencia y confrontación armada al que el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado con las guerrillas de las Farc-EP, busca poner fin, y al cual los generales en reposo, civiles aliados, señores de la guerra, paramilitares y narcotraficantes, se enfilan para tumbar y volver al carnaval de sangre y corrupción de la guerra.
*Poeta.
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