Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.
Dicen que cuando Bolívar
iba en retirada por el Río Magdalena le preguntaron por Mompox. Mompox? Mompox
no existe!, respondió el Libertador. Pocos meses después murió por una
tuberculosis exacerbada por el veneno de la época, el cianuro, usada para
asesinar silenciosamente a los “incómodos” como el preclaro hombre de “culo de
hierro” que había liberado 6 naciones, casi toda Suramérica.
Iba el Libertador buscando embarcarse para Europa. Quiso la
Providencia que sus huesos reposaran en Santa Marta y convirtió a “la perla del
Caribe” en su inmortal morada postrera. Las peripecias del Libertador son
magistralmente narradas en ”El general en su laberinto” del genial Gabriel
García Márquez, el creador del realismo mágico.
Cual si fuera creación de Gabito, vemos en los momentos
presentes a los generales retirados -y en retirada- preocupados que sus excesos
en la forma de llevar la guerra los condene a vivir un retiro que ”degrade” su
honor militar. No quieren entender
que los excesos cometidos contra los derechos humanos no son producto de la
Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) –que tiene parte de culpa-, sino de sus
decisiones sanguinarias contra su propio pueblo.
Ya se están midiendo la
horca y a todos los calza bien. Es entendible que les preocupen sus situaciones
porque la verdad es que no ha habido cúpula de las fuerzas militares –el generalato
como le llaman- que no haya estado inmersa en la aplicación del nefasto
principio del “enemigo interno”, inmerso en la DSN, para lo cual aplicaban la
retorcida teoría de “secarle el agua al pez”, lo cual significaba atacar a la
población civil que, según ellos, era la que les daba vida a la existencia de
la guerrilla.
Al amparo de la DSN el
generalato cometió toda clase de desafueros y esos desafueros hoy día los tienen
con la soga al cuello. Violaciones de Derechos Humanos consistentes en
desapariciones forzadas (97,7% responsabilidad del estado), ejecuciones
extrajudiciales (83,3% responsabilidad estatal), masacres (83,3%
responsabilidad estatal), torturas (100% responsabilidad estatal),
desplazamiento forzado (100% responsabilidad estatal), etc, que eran aplicadas
a lo largo del espacio y el tiempo en toda Colombia. Crímenes ejecutados por
las propias fuerzas militares o por el contubernio impúdico con su brazo armado
ilegal, los narco-paramilitares, los cuales les han servido para lavar sus
sucias caras de la sangre inocente derramada.
Son de ingrata recordación
algunos planes militares emblemáticos como el Plan LASO (Latin American
Securite Operation), génesis de la 2a Violencia que trata de ser parada hoy con
el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP –empujado con toda su fuerza guerrillera
para su concreción- y el gobierno nacional; del Estatuto de Seguridad de Turbay
Ayala; de la Guerra integral de César Gaviria Trujillo; del Plan Colombia de
Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y JM Santos; planes que desarrollaba la guerra
contra-insurgente recomendada por los estrategas de Washington.
Resultado de esos planes
militaristas y anti-patrióticos fue haber anegado en sangre inocente el
territorio nacional y desencadenado la respuesta popular con la creación de las
diferentes guerrillas que han existido y existen en Colombia.
La cadena de mando para
llevar a cabo éstos planes parte desde el presidente de la República, pasando
por el generalato de los militares y la policía, siguiendo con los oficiales y
suboficiales y recae en los pobres soldados, hijos del pueblo que iban
obligados la gran mayoría de ellos a pelear una guerra que no era de ellos
contra un “enemigo” que en muchos casos era de su misma clase.
El generalato ha hecho
uso de lo que se llama el “sprit du corp” ante las violaciones de derechos
humanos y ante cualquier señalamiento de su errado proceder. Surgieron así el
ajusticiamiento de líderes populares, de personalidades democráticas como
humoristas, periodistas, políticos de centro y de izquierda legal, sindicalistas,
etc, incluso hasta el asesinato de candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal,
Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro
León-Gómez).
La falta de valor del generalato es ostensible. No quieren
enfrentar la justicia, así sea la justicia restaurativa de la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) del Acuerdo de Paz, y apelan al espíritu de cuerpo. Así
como antes le hacían ”sonar los sables” al gobierno de turno ante cualquier
medida que cercenara los corruptos privilegios del generalato, hoy hacen sonar
esos sables mediante cartas en que amenazan con la ”seguridad nacional”.
Cabe señalar que las
fuerzas militares, como todas las instituciones del estado colombiano, están
permeadas por la aberrante corrupción que galopa rauda en el país. Desde
la corrupción de las violaciones de derechos humanos hasta la corruptela en la
compra de menaje militar es evidente y comprobada en la vida nacional.
Sería saludable para la vida del país que el generalato -en
uso de buen retiro- se preocuparan más por convertirse en catalizadores de la
situación relativa de paz que vive nuestro país por cuenta del Acuerdo Final de
Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y se pusieran a disposición de la
JEP para construir la verdad histórica –ya escrita por las aberraciones
cometidas con sus anómalo proceder- y ampliar así las amplias alamedas de la
Paz.
Los colombianos
tendríamos a buen recibo manifestaciones de éste tamaño. La Paz es asunto de
todos, de víctimas y victimarios, y aquel que esté “libre de pecado que tire la
primera piedra”.
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