Las víctimas del Terrorismo de Estado y la responsabilidad del estado colombiano

Allende La Paz, Cambio Total.

Pretenden que los colombianos y la comundiad internacional condenemos por igual las violaciones cometidas por el Estado –causante directo- y las guerrillas –consecuencia indirecta- en el drama humanitario. Somos de la convicción que el Estado es el principal violador de los derechos humanos y ello está a la vista de todos. 

Es violador por acción y por omisión. El Terrorismo de Estado es una política adelantada por todos los presidentes de la república y a todos ellos les cabe la culpa, la responsabilidad y la participación en una ceremonia de pedir perdón. 

Hemos mostrado a lo largo de los años que es el Estado colombiano el violador de los derechos humanos y hemos ido compilando las estadísticas, mas la realidad cada vez nos muestra que nos hemos quedado cortos en esa denuncia. Hemos insistido que el Estado es el principal violador al ser responsable –según cifras del Informe Basta Ya!, oficial- del 83,2 % de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, 83% de las masacres, del 97,7% de las desapariciones, y del 100% de las desapariciones y del 100% de las torturas, osea, el eStado es responsable por acción y/u omisión de las 917.078 víctimas mortales y de más de 5,7 millones de víctimas desplazadas. Según éstas cifras a las guerrillas –FARC y ELN- le correspondería el 17% de esas violaciones, con la salvedad que en este caso la cifras son supuestas, más que certificadas.

Las atrocidades cometidas erizan la piel. Asesinatos de niños a los que les pican con machete sus órganos genitales dejando el mensaje de “exterminio de hasta la semilla”, o mochar la cabeza y jugar al fútbol con ella, o violar a las mujeres para acercarla al lado oficial al ser objeto de tan terrorífico y sociopático proceder, o la sevicia con que ejecutan familiares de personas que supuestamente son cercanos a la guerrilla (a algunos les disparan hasta 20, 30, 40, 50 disparos). Esas atrocidades, ejecutadas por el Estado con su aparato de represión, las fuerzas militares-narcoparamilitares, deben ser reconocidas públicamente, en mentís de los ataques de que hemos sido víctimas por nuestras denuncias, o el reconocimiento de las víctimas que ellos han causado y que siguen en la oscuridad.

El MOVICE  nos dice que: “El movimiento de victimas, social y de derechos humanos, ha documentado en los últimos 50 años más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas, cerca de 6 millones de personas desplazadas y según el registro nacional de desaparecidos como desaparecidas o en paradero desconocido, 75.000 desaparecidos, de los cuales se estima que 18.527 casos se ajustan a la definición nacional de desaparición forzada. El gobierno indicó que durante 2012 fueron dadas por desaparecidas o consideradas en paradero desconocido 5.965 personas y se presume que 113 de estos casos son desapariciones forzadas. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y a política de guerra sucia adelantada por los gobiernos de turno; por eso reiteramos que el actual proceso de paz debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de estado.

... Los escasos avances en la investigación de los crímenes cometidos por agentes estatales han permitido que un 2% de los casos fueran sancionados judicialmente, las investigaciones de la fiscalía y demás organismos para determinar la responsabilidad de la persecución al movimiento social no avanza , no se contempla el tema de justicia y se sigue tramitando marcos legales de impunidad como el marco jurídico para la paz que establece la no persecución de los crímenes de agentes estatales. El asesinato impune demás de 70 reclamantes de tierras, en el Meta las amenazas a los familiares en desplazamiento de las víctimas de la masacre de Mapiripan y Puerto Elvira y otros y otras reclamantes de tierras, las limitaciones legales y burocráticas que obstaculizan la participación efectiva de las víctimas”.

Cada Informe de derechos humanos de organismos como la ONU y las organizaciones de derechos humanos es un paso a condenar el cinismo oficial estatal sobre el Terrorismo de Estado que se aplica consuetudinariamente en Colombia. El Estado debe reconocer su responsabilidad y manifestar en los hechos su compromiso de no volver a repetir los hechos dolorosos del Terrorismo de Estado, el cual ha anegado en sangre inocente el territorio patrio.