- La lucha de un grupo de mujeres de Soacha, una ciudad cercana a Bogotá, terminó con el asesinato de civiles inocentes por parte del Ejército colombiano.
- Uno de los ejemplos más brutales de la política del expresidente colombiano Uribe y que afecta directamente al actual, Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa.
"Lo sacaron de la fosa. Dios quiera que nunca le suceda una cosa tan horrible en la vida”
En 2008, el Ejército secuestró al hijo de Luz Marina Bernal, lo
asesinó y lo disfrazó de guerrillero, todo para inflar las cifras de
combatientes abatidos. / Foto: M. C. Y E. G.
El 16 de septiembre de 2008, Luz Marina Bernal
recibió una llamada. Una voz le decía que ya podía ir a identificar
unas fotos de un cadáver, posiblemente su hijo, en Ocaña.
—¿En Ocaña? —Luz Marina necesitaba confirmar la información.
Ocaña está a casi 700 kilómetros de Soacha, una población de
700.000 habitantes en la periferia de Bogota. Se tarda 12 horas en
llegar. ¿Cómo podía ser que hubiera acabado tan lejos? Fair Leonardo
Porras Bernal tenía una discapacidad y, aunque su apariencia era la de
un apuesto chico de 27 años, “por dentro era un niño de nueve”,
recuerda su madre. No había aprendido a leer ni a escribir, no conocía
el valor del dinero.
Meses atrás, cuando su hijo
desapareció, la Fiscalía no aceptó la denuncia, así que Bernal
inició un peregrinaje por cárceles, hospitales, albergues y morgues.
Su hijo trabajaba en la construcción y hacía recados a los vecinos. En
el barrio todo el mundo lo echó de menos. Era “amable e ingenuo”,
describe su madre. Cuando fue a recoger su cadáver a Ocaña, la
conversación con el fiscal no podía ser más inverosímil.
—Su hijo era el jefe de una organización narcoterrorista. Portaba un arma en la mano derecha.
—¿Cómo un muchacho con una discapacidad del 53% va a mandar a un grupo
de hombres narcoterroristas? Además, ¡mi hijo era zurdo! —le espetó
al fiscal.
Un negocio bien lucrativo
Bernal
se dio cuenta de que su caso no era el único. Tenía constancia de que
al menos otros 16 muchachos habían desaparecido en similares
circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Cuando a otra
vecina de Soacha, María Ubilerma Sanabria López, le dijeron que
habían encontrado a su hijo Jaime Estiven Valencia también en Ocaña,
Bernal se ofreció a acompañarla.
“Lo sacaron de la fosa. Dios quiera que nunca le suceda en la vida una
cosa tan horrible”, explica desgarrada Sanabria. Su hijo tenía 16
años, quería ser veterinario y que a su madre no le faltara de nada.
También quería ser músico. El oído le venía de familia. Sanabria
entona las primeras estrofas de un corrido que ha compuesto y que
resume su historia.
Señoras y señores, vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha
que fueran asesinados en el año 2008
en el mandato de Uribe y su ley de democracia
Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo.
Lo que ellos nunca supieron,
que fueron víctimas de Estado,
siendo ministro de Defensa el hoy en día presidente Santos.
El Gobierno los llamó los falsos positivos.
Como los muertos ya no hablan,
fue un negocio bien lucrativo.
Las Madres de Soacha habían destapado uno de los más macabros
escándalos de la historia reciente de Colombia, los llamados “falsos
positivos”. Como advirtió Philip Alston, relator especial sobre
Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, los casos de jóvenes secuestrados
por el Ejército en Soacha eran “simplemente la punta del iceberg”.
¿Cuántas de las 3.084 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002
y 2009 fueron “falsos positivos”? La Fiscalía estudia más de 1.700
casos, pero el total se desconoce. Gracias a los informes de Alston y de
organizaciones de derechos humanos, lo que sí se conoce bien es la
manera en la que se perpetraban los asesinatos.
Los
muchachos eran engañados por personas vestidas de civil, a menudo con
promesas de trabajo. “Con los 200.000 pesos [86 euros] que me dieron por
llevarlo a Ocaña le pagué una deuda a un prestamista –explicaba el
secuestrador de Fair Leonardo–. El único requisito es que no fueran
mujeres ni viejos”. Cuando los jóvenes desaparecían, las familias
acudían a presentar la denuncia, pero la Administración les negaba
asistencia.
En marzo de 2008, Ana Delina Páez
enseñó la foto de su hijo Eduardo Garzón Páez, de 32 años, a los
funcionarios, que contestaron entre risas: “Con esa pinta, ese man está
con alguna vieja”. Eduardo siempre iba muy “pintoso”, recuerda Ana
Delina. Con apoyo de un alto funcionario de Soacha y la ONU, las
familias empezaron a indagar por su cuenta.
Ana Delina Páez fue la primera de las madres en conseguir una
condena, en julio de 2011. En su casa de Bogotá, enseña una fotografía
de su hijo Eduardo, secuestrado y asesinado por el Ejército. / Foto: M.
C. Y E. G.
Las investigaciones acabaron confirmando que muchos de
los asesinatos fueron llevados a cabo por la Brigada Móvil nº 15 y el
Batallón de Infantería nº 41 del Ejército.
Para
escenificar que se había producido un combate y que los muertos eran
guerrilleros o paramilitares, a los cadáveres se les quitaba cualquier
identificación y se les vestía con ropa de camuflaje. A veces la
puesta en escena era tan burda que, misteriosamente, las balas no
habían agujereado la tela o el uniforme estaba puesto encima de la ropa
de calle. Junto a los cuerpos, armas ya inservibles. En las manos de
los supuestos combatientes, ni rastro de pólvora, porque sencillamente
no habían disparado.
Según denuncia un informe de
la organización pro derechos Fedes, “para dar visos de legalidad”, se
falsificaron multitud de documentos, informes de inteligencia y actas de
operaciones, “todo un aparato en función del encubrimiento de estos
crímenes en contra de la población civil”. Pero ¿para qué?
"La guerra se mide en litros de sangre"
Uno de los militares implicados en las desapariciones contaba cómo la
presión por conseguir “positivos” en combate se elevó a partir de
2002, cuando Uribe llegó a la presidencia: «Nos dijo mi coronel
Ramírez: '[...] la guerra se mide en litros de sangre, el comandante
que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción
correspondiente'”.
Unos años más tarde, dos leyes
impulsadas por el que fuera ministro de Defensa Camilo Ospina y puestas
en práctica por su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos,
recogían ascensos, pagos en metálico y vacaciones como premio por las
bajas obtenidas. Según la Federación Internacional de Derechos
Humanos, el fenómeno de los falsos positivos estuvo tan extendido que
se puede concluir que estaba apoyado por los más altos mandos del
Ejército.
Ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos
recibieron a las Madres de Soacha. Las tacharon de “mamás chillonas”
que no admitían que sus hijos pudieran ser delincuentes: “No hay muerto
malo ni hijo feo”, les decían. Los juicios que habían interpuesto las
familias se postergaban una y otra vez. En enero de 2010, 46 militares
quedaban libres por vencimiento de términos. Para festejarlo, el
Ejército organizó una fiesta para los encausados y sus familias.
"No hay hijo feo, pero tampoco crimen perfecto"
Desde el principio, las familias de los desaparecidos sufrieron
amenazas. Y no sólo amenazas. John Nilson Gómez fue arrojado por un
puente cuando intentaba esclarecer la muerte de su hermano. Sobrevivió
de milagro, pero fue asesinado poco después.
Pero no
contaban con su “berraquera” –su valentía, su tozudez–, mantiene María
Ubilerma Sanabria. “No hay muerto malo, ni hijo feo; pero tampoco
crimen perfecto”, replicaban las Madres en uno de los encuentros que
organizaron para recordar a sus hijos. Con apoyo de colectivos
colombianos, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, e internacionales,
como Mujeres de Negro o las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de
Soacha siguieron adelante con los juicios.
La primera
condena llegó en julio de 2011. Fue en el caso de Ana Delina Páez,
por su hijo Eduardo, y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés
Pesca. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de
entre 28 y 55 años de prisión. “Dios bendiga a ese fiscal y a esa
juez, porque se dio justicia –dice Páez mirando por la ventana–. Falta
conseguir a los grandes. ¿Cómo comenzó esto y por qué? Si hubieran
sido uno, dos, tres, pero ¡es que son miles!”.
Dos
años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a seis
militares involucrados en el asesinato de Fair Leonardo a penas de entre
53 y 54 años de prisión. También, en un gran avance para la lucha de
las Madres de Soacha, lo calificó de crimen de lesa humanidad.
La sentencia reconocía la naturaleza sistemática y generalizada de
las ejecuciones, así como su carácter discriminatorio, ya que todas
las víctimas eran jóvenes humildes. Para la abogada Gloria Silva,
representante de Bernal, se trata de un fallo “histórico” porque abre
la posibilidad de que el resto de los casos sean considerados de igual
manera.
Como consecuencia del escándalo de los
falsos positivos, 27 altos mandos fueron destituidos. Según explica la
abogada, se trata sólo del principio: este fallo permite “llegar hasta
quienes promovieron esa estrategia”. Con una sonrisa llena de
berraquera, María Ubilerma Sanabria llega a las últimas estrofas de la
canción:
Y que quede comprobado que a todos estos desgraciados ¡este corrido se les ha terminado!
Grabación sobre el terreno: María Ubilerma canta el corrido que narra el escándalo de los 'falsos positivos'.
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